Más de dos mil doctorados en Chile están sin trabajo

Este sábado participaron de la "Marcha por la ciencia y el conocimiento", en Santiago, unas 4.500 personas, según sus organizadores. La protesta fue parte de las movilizaciones que se realizaron a nivel mundial (ver nota secundaria) para reivindicar la importancia de la ciencia y los científicos en el desarrollo de los países.

En Chile, la protesta fue organizada por una veintena de instituciones, desde la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado (Anip) hasta federaciones universitarias, para demandar la solución a diversos problemas, entre ellos la precariedad laboral.

Este tema se abordó en la segunda encuesta de "Inserción de investigadores científicos 2018", realizada por la Anip entre el 19 de enero y el 16 de marzo de este año. Los resultados señalan que el 79% de las personas con doctorado tiene empleo; el 5% está inactiva, y el 16%, desempleada, lo que se traduciría en unos 2.278 profesionales cesantes de un universo de 14.237 doctores que Chile tendría este año, según las estimaciones que posee la asociación.

La medición se aplicó a 515 personas y en esta segunda versión se constató un mayor desempleo que en 2016, cuando se realizó la primera vez el sondeo, y en el que la cifra fue 12%. La Anip explica que el desempleo de este año se explica porque una serie de proyectos cierran al finalizar el año, así como algunos contratos en universidades que vencen el 31 de diciembre.

"Esto lanza alertas. Esto dice que mucha gente en ciencia realiza trabajo de 10 meses y durante el verano no reciben sueldo y tienen que mantenerse en enero y febrero con lo que ahorran en los meses laborales", señala Roberto Muñoz, vicepresidente de la Anip.

Los doctorados incluidos en el estudio son de todas áreas del conocimiento, desde ciencias naturales a humanidades, quienes se desempeñan mayoritariamente en universidades (79%) y en menor cantidad en empresas (5,2%).

La encuesta revela, además, la precariedad de la situación contractual de los doctorados en las universidades públicas y tradicionales: 25,1% tiene contrato indefinido; 31,8% a plazo fijo; 21,5% tiene un contrato a honorarios; 16,6% a honorarios (boletea sin contrato), y el resto solo tiene acuerdos de palabra o de otro tipo. El grueso de los investigadores que emite boletas corresponde a investigadores jóvenes que trabajan en proyectos Fondecyt e Iniciativa Milenio.

¿Por qué se permite esto? Muñoz explica que el fenómeno se genera porque muchas universidades e instituciones se rigen por el derecho administrativo y no por el derecho laboral que se aplica al resto de los trabajadores. "Eso qué significa. Por ejemplo, el programa Fondecyt de posdoctorado financia cada año a 300 investigadores jóvenes, que se insertan en la academia. Esos 300 que se insertan están boleteando", afirma.

Muñoz explica que en Argentina, donde se discutió este problema hace dos décadas, se resolvió crear la denominada carrera científica, que consiste en el compromiso del Estado de asegurarle trabajo en universidades. Por ello espera que el futuro Ministerio de Ciencia pueda coordinar a los distintos actores para abordar el problema de la inserción.

Por esta razón, en la marcha realizada ayer, los científicos demandaron la creación de la carrera de investigador y así cambiar la situación de quienes trabajan en esta área.

La movilización se realizó en distintos puntos del país. En la Región Metropolitana, la manifestación principal se inició a las 15.30 horas en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes y concluyó en la Plaza de la Constitución, Frente al Palacio de La Moneda.

"Se cumplió el objetivo de congregar y convocar a la gente, llegó mucha más que el año pasado y eso es un avance. Además, agrupamos más organizaciones y generamos un petitorio importante. En ese sentido, fue un éxito", dice Cristián Undurraga, coordinador de la marcha, para quien el próximo paso del movimiento en Chile es empezar a influir en la agenda política en temas de ciencia.

Ahí, lógicamente, su primer objetivo es que se acelere la discusión y aprobación del Ministerio de Ciencias, actualmente en la Cámara de Diputados.