El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Eso es lo medular que señala la actual Constitución sobre el tema ambiental. No existen conceptos como biodiversidad, acción climática o justicia ambiental. Tampoco hay una sola línea sobre protección de territorios u océanos. De lo que sí se habla, en cambio, es del derecho a propiedad sobre los recursos naturales, como el agua.

La posibilidad de contar con una nueva hoja de ruta con un énfasis medioambiental más acorde a los tiempos ha provocado interés y reflexión tanto en la ciudadanía como en el mundo académico y los expertos en el tema. Los conversatorios, talleres -webinar es el concepto de moda- o lives de Instagram están a la orden del día y suelen incluir un par de preguntas que se repiten: ¿Basta el artículo 19 número 8 de la actual Constitución? ¿Se ajusta a la necesidad actual?

Los especialistas comentan que la Constitución del 80 fue innovadora para la época en términos ambientales y realizó un aporte relevante con ese artículo, pero también precisan que desde la perspectiva actual no es suficiente.

Según Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP), una razón es que el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación está planteado desde una perspectiva individual y el tema ambiental es, por naturaleza, colectivo. Por otro lado, el abogado Ezio Costa señala que ese derecho debería abordar no sólo la relación entre las personas y el medioambiente, sino también la protección hacia el medioambiente por su valor intrínseco. “Por ejemplo, con una frase como ‘un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado’”, señala el director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA).

Otro punto es la contingencia. Hoy existe una serie de términos y conceptos presentes en tratados internacionales, en las cartas fundamentales de otros países y en la propia legislación que podrían aparecer como principios, derechos o deberes en una nueva Constitución: desarrollo sustentable, justicia ambiental, participación ciudadana, acceso a información y justicia intergeneracional, entre otros. “La Constitución no es sólo un cuerpo jurídico”, dice Hervé. “También es el reflejo de una sociedad, de una cultura, y en la medida que incorporas esos elementos a la Constitución estás mostrando una sociedad distinta y que le da valor a esos temas”.

Hervé agrega que esos conceptos son considerados relevantes por la sociedad “independientemente de la mirada y de la ideología política” y que hoy son muy pocas las personas que no están de acuerdo con eso. “No tengo el temor de que no vaya a haber consenso y de que los 2/3 vayan a impedirlo. Lo difícil será entrar en cosas más específicas”, explica, pensando en la instancia constituyente. Además, Chile tiene actualmente la presidencia de la COP, es parte del Acuerdo de París para reducir las emisiones, y el actual gobierno promueve la carbononeutralidad al 2050, por lo tanto -agregan los expertos-, es realista pensar que en una nueva hoja de ruta se alineen esos objetivos.

Existe una tendencia mundial que seguramente también será parte de la discusión constituyente: los derechos de la naturaleza, que se refiere a consagrarla como sujeto de derechos en vez de considerarla un bien. Un ejemplo: desde marzo de 2017, el río Whanganui -el tercero más grande de Nueva Zelanda- tiene los mismos derechos y deberes que una persona, y sus intereses son representados por un miembro de la tribu maorí Whanganui y un delegado del Estado. Otros países, como Ecuador y Bolivia, tienen consagrado este derecho en la Constitución. “Creo que es un tema complejo, pero es una discusión necesaria igual”, dice la académica de la UDP. Por su parte, Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para Defensa del Medio Ambiente (AIDA), dice que lo relevante es “quitarle a la naturaleza el rasgo de algo apropiable, como dice la actual Constitución. El lenguaje crea realidad”, señala.

El desarrollo sustentable puede ser interpretado en términos económicos como un camino en el que la maximización de los recursos del bienestar de las generaciones presentes no lleve a un declive en el bienestar futuro.

Definición OCDE.

Otro tema que puede encender el debate constituyente es el balance entre el derecho a un medioambiente sano y el derecho de propiedad. ¿Cuál debería pesar más? “Una nueva Constitución es una posibilidad de reordenar nuestras prioridades: la naturaleza tiene que ir primero”, dice Ortúzar. “Por demasiado tiempo la naturaleza ha estado subsidiando a la actividad económica. Considerar que eso debe cambiar, más allá de ser una posición ética, es simplemente creer en la ciencia”.

Pilar Moraga, abogada e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR(2), expone un ejemplo que clarifica ese dilema. Esto, a propósito de una solicitud de acceso a la información sobre uso de antibióticos en las salmoneras: “El Consejo para la Transparencia negó la información desagregada por empresas y se llegó al Tribunal Constitucional, que tuvo que poner en la balanza el secreto comercial de las compañías y el derecho a acceso a información en materia ambiental -en este caso, uso de antibióticos para que los consumidores sepan lo que comen-. Finalmente, el tribunal privilegió el secreto comercial de la empresa, es decir, frente a ese valor supremo que estableció la Constitución, el derecho a un medioambiente libre de contaminación quedó relegado a un segundo plano”.

Un caso como ese, dice Moraga, debiera incentivar a la sociedad para hacerse algunas preguntas antes de redactar una Constitución verde: ¿Cuál es el valor que le queremos dar al medioambiente? ¿Qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza?

Esa reflexión se está dando con mayor intensidad y profundidad a nivel global, cuenta Isabel Behncke, desde Estados Unidos. La primatóloga y científica dice que existe una creciente preocupación por el cambio global y por las consecuencias de la destrucción de la biodiversidad, cuyos efectos estamos viendo más claramente ahora. “Esta pandemia, al igual que otras pasadas y futuras, ha sido causada por la zoonosis, es decir, por el traspaso de virus de animales no humanos a animales humanos. Las probabilidades de zoonosis aumentan por el mayor contacto que tenemos con animales salvajes y por la destrucción de los ecosistemas”, dice.

En esa línea, Bárbara Saavedra, directora en Chile de Wildlife Conservation Society (WCS), explica que nunca antes la humanidad tuvo a la mano una acumulación de conocimiento científico como el actual. “Al mismo tiempo, nunca antes esta misma humanidad se ha visto enfrentada a tal nivel de degradación de su entorno como la actual, cuyas expresiones más significativas y urgentes -no las únicas- son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, señala. La bióloga agrega que la discusión sobre una nueva Constitución no puede darle la espalda a ese conocimiento y a la degradación ambiental que afecta a los chilenos cada día en todo el territorio nacional.

Ese es un factor relevante: la situación ambiental del país y del planeta no es la misma que en los años 80. Tampoco de los 90 ni 2000. Y Chile tiene urgencias en la agenda.

El deterioro ambiental y la presión sobre los recursos naturales fueron recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la segunda Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile que realizó en 2016, donde ese organismo señala que “el modelo económico nacional basado en los recursos naturales ha empezado a encontrar sus límites” y que el crecimiento económico se ha acompañado de “presiones ambientales crecientes”. Desde la OCDE señalan a Tendencias que en sus estrategias de crecimiento y desarrollo a largo plazo, el país “debería incorporar plenamente el cambio climático y la crisis de la biodiversidad”.

En ese informe, el organismo realiza varias advertencias: dice que más de 4.000 personas mueren prematuramente cada año debido a enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a material particulado fino (PM2,5), que la información ambiental en temas como el agua, los residuos, la biodiversidad y la calidad del aire continúa siendo inaccesible o incompleta, y critica que el costo económico impida el acceso a la justicia ambiental. No es todo: también recomienda mejorar la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y dar prioridad a los usos esenciales del agua.

Según Léo Heller, relator especial de ONU, Chile tiene obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos al agua y saneamiento. “Lo que se espera de un proceso de reforma constitucional es que estos derechos estén explícitamente reconocidos en la nueva Constitución. De no hacerlo, se abriría una brecha en relación con los compromisos internacionales del país”, dice a Tendencias.

El personero de la ONU agrega que existen indicios de que los proyectos dirigidos al crecimiento económico están poniendo en peligro el usufructo de estos derechos humanos. “Los casos de Petorca y Alto Maipo son preocupantes al respecto”, señala.

En 2002, la Constitución alemana incorporó la justicia intergeneracional. Ese artículo señala que el Estado, teniendo en cuenta el compromiso con las generaciones futuras, protegerá las bases naturales de la vida.

Sobre este punto, el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena recuerda que el régimen constitucional actual fue diseñado en un tiempo de abundancia hídrica y hoy el escenario es de escasez. “Es racionalidad absoluta querer redistribuir los pocos recursos de agua”, dice Mena. “No es una locura ni Chilezuela pensar algo tan básico como que se deben privilegiar los usos para consumo humano y para sustentar ecosistemas”.

Con miras a la discusión constitucional que viene, Mena anuncia que junto con la Fundación Chile 21 lanzarán en los próximos días el “Decálogo del constituyente”, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que Chile adscribió hace cinco años. “Un candidato constituyente que se reconozca como ‘verde’ deberá adherir a los principios de ese decálogo”, explica el ex asesor del Banco Mundial, y agrega que será como la versión local del Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde), el plan contra el cambio climático frente al cual deben pronunciarse los candidatos de las próximas elecciones de Estados Unidos.

Los temas relacionados con el medioambiente también han ido escalando entre prioridades de la ciudadanía y una muestra es el denominado “Proceso Constituyente” convocado por Michelle Bachelet en 2016. Las temáticas ambientales puntuaron entre los tópicos más mencionados entre los principios, los derechos y los deberes de una Constitución (ver infografía).

“Esta información es valiosa y hay que escuchar la participación social”, dice el sociólogo Rodrigo Márquez, investigador de Flacso y académico de la U. de Valparaíso, quien participó en la sistematización de los resultados, y destaca la importancia que los 200 mil participantes en ese proceso le otorgaron a este tópico.

Márquez explica que hoy existe una conexión muy cercana entre los desafíos medioambientales y el tipo de vida que pretenden las personas. “A la gente le está afectando en su vida cotidiana lo que sucede a nivel medioambiental y por eso pretenden que eso quede mejor regulado y mejor protegido en la Constitución”, sentencia.

La Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018 también aporta en esa línea. El 96% de los consultados está de acuerdo con la afirmación “emprender acciones para cuidar el medioambiente es un deber moral”. Además, el 62% advierte que el estado actual del medioambiente en su región está peor que hace 10 años.

Los conflictos socioambientales por la instalación de proyectos invasivos es una realidad muy presente en este país. Un grupo de científicos chilenos publicó recientemente un estudio en la revista científica Environmental Science and Policy, donde identifican 238 proyectos industriales -tras analizar el periodo entre 2004 y 2018- que amenazan a los ecosistemas naturales y el bienestar humano. “Se debe avanzar en desarrollo económico con un fuerte compromiso ambiental. Al final lo que importa es mejorar la calidad de vida de la población y el bienestar de la naturaleza”, dice Francisco Squeo, investigador del Instituto de Ecología & Biodiversidad (IEB) y coautor de la investigación.

Pilar Moraga dice que estos conflictos entre comunidades y emprendimientos productivos han ido reorientando el tipo de inversión en el país y que los megaproyectos mineros, termoeléctricos o hidroeléctricos que se impulsaban hace algunos años “es muy difícil que se desarrollen hoy”. Para la investigadora, un proyecto de sociedad donde el desarrollo sea más compatible con el medioambiente y con las formas de vida que reclama la ciudadanía puede permitir un nivel de paz social que también se traduce en un beneficio económico, social y ambiental.

Los consultados en este reportaje dudan que la recuperación económica post Covid-19 empañe las ansias de deliberación por lo verde: “Ese es un falso dilema”, dicen a coro. “Una Constitución verde tiene absoluta racionalidad económica y quienes piensan lo contrario están pegados en los años 90”, dice Marcelo Mena. “Quien crea lo contrario simplemente no ha mirado los estudios que muestran que la descarbonización del país va a generar más crecimiento y empleo que seguir como estamos. Y, al contrario, no abordar estas causas urgentes hará a nuestra economía más vulnerable al cambio climático”, agrega. Hay que recordar que, según la ONU, Chile posee siete de las nueve características de vulnerabilidad ante el cambio climático. Sobre reactivación verde, Mena entrega un dato: en julio, el 99% de los proyectos aprobados en materia energética fueron renovables.

Esta idea también está instalada en la ciudadanía: según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, el 90% de los consultados dice que cuidar el medioambiente puede hacer crecer la economía.

Cambiar el rumbo hacia la sostenibilidad es un camino sin retorno para el mundo de la empresa y la crisis climática constituye un factor de riesgo, tal como lo señaló en enero Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, al anunciar que esa gestora de fondos castigará a las empresas que no luchen contra esta crisis.

“El mundo va hacia allá”, dice Pilar Moraga. “Si no te subes a este carro, te quedas abajo”.

Chile tiene obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Por tanto, lo que se espera de un proceso de reforma constitucional es que estos derechos estén explícitamente reconocidos en la nueva Constitución.

Léo Heller, relator de ONU.

Esta Constitución debe ubicar al medioambiente y al cambio climático como una preocupación transversal. Esto significa la concepción de un Estado de derecho ambiental o de orden público ambiental: principios, derechos, deberes y una organización política y territorial compatible con lo anterior.

Pilar Moraga, investigadora CR(2).

Hoy tenemos alrededor de un 20% del territorio nacional protegido. ¿Qué pasaría si pensáramos en proteger un tercio del territorio nacional? Ambicioso, claro, pero sería una gran apuesta como imagen país en el presente, y una gran inversión para el bienestar de todos los chilenos en el futuro. Un tercio estratégico, bien pensado. Privilegiar más protección en la zona central, en el bosque esclerófilo -el más afectado por la actividad antropocéntrica- y en la cordillera de la Costa, donde tenemos mayor biodiversidad y menor protección. Un tercio de Chile con naturaleza sana. ¿Es aspirar demasiado?

Isabel Behncke, científica.

Una nueva Constitución debe normar la interacción entre el derecho a un ambiente sano y la actividad económica, enmarcando la segunda dentro del primero. Es la única posibilidad que tenemos de ofrecer un futuro feliz para las nuevas generaciones.

Florencia Ortúzar, abogada de AIDA.

Me parece importante el principio de no regresión: que la acción del Estado tenga que ser progresiva y creciente en su ambición con el medioambiente y no retroceder. Por ejemplo, si se revisan los valores de una norma, después estos valores deben ser más ambiciosos y no desproteger el medioambiente.

Valentina Durán, directora Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile.

La nueva Carta Magna debe reconocer la relación básica, indisoluble y vital que existe entre los humanos y la naturaleza, pues esta relación es la piedra angular de cualquier sistema socioecológico.

Bárbara Saavedra, directora WCS Chile.

La justicia intergeneracional. Es la idea de que los beneficios que nos entrega el medioambiente deben repartirse equitativamente entre nosotros y las personas futuras y, por lo tanto, debemos proteger los ecosistemas y los recursos naturales para que las generaciones futuras se beneficien de ellos, así como lo hicimos nosotros.

Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de FIMA.

Debe estar la justicia ambiental: garantizar que las personas que van a ver afectado su medioambiente o su relación con éste puedan participar siempre en esa decisión y, por otro lado, que las cargas y los beneficios ambientales se distribuyan equitativamente.

Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental UDP.

El tema del agua, los derechos de la naturaleza, valorizar la conservación ecológica, la justicia intergeneracional, los derechos de participación que están en el Acuerdo de Escazú y también el Acuerdo de París, porque no se puede implementar simplemente con medidas voluntarias.

Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente.

Derechos para la naturaleza. Hay varios países que han tomado este camino, ya sea en la Constitución o en el sistema jurídico. Por otro lado, Chile es un maritorio y se deben incorporar los océanos como un bien común, como un patrimonio de los chilenos.

Max Bello, consultor de la ONG Mission Blue.