Tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado lunes 21 de abril, ya se desencadenó una de las primeras polémicas relacionadas al cónclave, proceso que permitirá elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica.

El cardenal italiano Angelo Becciu exige participar de la instancia, a pesar de que en 2020 recibió una orden en la que se informaba que debía renunciar a los “derechos y privilegios” de cardenal.

Esto último incluiría la posibilidad de asistir a un cónclave.

El Papa Francisco le entregó la orden después de que se viera envuelto en una controversia financiera que involucró al Vaticano.

Becciu había ocupado el cargo de sostituto en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, cargo que es equivalente al de jefe de gabinete del Papa, mientras que posteriormente dirigió el departamento encargado de la canonización de santos.

El italiano recibió una condena por malversación de fondos y fraude en 2023, lo que le significó una sentencia de cinco años y medio de prisión.

La situación llevó a que se convirtiera en el primer cardenal condenado por el tribunal penal del Vaticano.

Sin embargo, desde que se reportó el caso ha manifestado ser inocente y, tras el fallo, presentó una apelación que todavía está en trámite.

Mientras se desarrolla el proceso, se le ha permitido seguir viviendo en un departamento del Vaticano, según rescata CNN.

Por qué Angelo Becciu asegura que puede participar en el cónclave a pesar de la prohibición del Papa Francisco

Becciu sugirió en una entrevista con un diario italiano que aunque la oficina de prensa de la Santa Sede lo ha catalogado como “no elector”, en la notificación que se hizo en el pasado “no hubo una voluntad explícita” de excluirlo del cónclave “ni una solicitud de renuncia explícita por escrito”.

Según rescata El País, también ha manifestado que “la lista (de electores del cónclave) publicada por la Santa Sede no tiene ningún valor y hay que tomarla por lo que es”.

Se espera que la decisión sobre si podrá participar o no en el cónclave sea tomada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y el cardenal Pietro Parolin.

Dichas autoridades estarán a cargo de supervisar los procedimientos para elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica.

Pese a que Becciu perdió sus derechos y privilegios como cardenal, no fue expulsado en la práctica del Colegio Cardenalicio, por lo que podría participar en las conversaciones previas a dicho proceso.

El escándalo financiero que ha protagonizado desde 2020 —y por el que recibió una condena tres años después— se centró en la compra, por parte del Vaticano, de una propiedad en Londres, Inglaterra.

La idea era que esta fuese reformada y convertida en departamentos.

Para ello, la Santa Sede invirtió alrededor de 400 millones de dólares a lo largo de años, según rescata CNN.

No obstante, se registraron pérdidas de alrededor de 150 millones de dólares después de que esta finalmente fuese vendida.

Los fiscales del Vaticano acusaron que se había pagado una cantidad excesiva por la propiedad y que distintos intermediarios habían obtenido ganancias a raíz de la negligencia de los responsables.

El tribunal a cargo del caso afirmó en el fallo que, entre 2013 y 2014, se utilizó de manera ilícita un total de 200,5 millones de dólares “a instancias” de Becciu.

Se precisó que dicha cifra “asciende aproximadamente a un tercio de los activos en el momento de la Secretaría de Estado”.

Además de ser declarado culpable de malversación de fondos, fue condenado por otros dos movimientos de carácter financiero.

Según se asegura, le entregó alrededor de unos 620.000 dólares a Cecilia Marogna —quien fue presentada como asesora de seguridad— “con el argumento, no correspondiente con la verdad” de que se iban a utilizar para la liberación de una monja secuestrada en Mali.

Ella fue condenada a tres años y nueve meses de cárcel, por apropiación indebida de fondos que autorizó el cardenal italiano.

Becciu también fue sentenciado por la transferencia de aproximadamente 130.000 dólares a una organización llamada Cáritas de Ozieri.

El argumento fue que aunque el destino del dinero era lícito, “el desembolso de los fondos por parte de la Secretaría de Estado constituía, en este caso, un uso ilícito de los mismos, constitutivo de delito de malversación”.