Un periodo de luces y sombras en materia de derechos humanos. Ese es el balance que una serie de organizaciones ad hoc, agrupadas en el Observatorio Parlamentario, hicieron a partir de la revisión de los avances y desafíos pendientes que dejó el gobierno de Michelle Bachelet.
Así lo refleja una minuta con los principales resultados del informe "Balance al Poder Legislativo", a la que tuvo acceso La Tercera, y que será presentado hoy por los presidentes de ambas cámaras del Congreso.
En el texto redactado por el organismo -que es coordinado por Corporación Humanas y agrupa a organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, entre otras- se destaca la aprobación de "importantes proyectos de ley" durante el periodo, aunque se advierten una serie de "falencias" a la luz del cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene Chile en materia de DD.HH.
Si bien la despenalización del aborto en tres causales se destaca como un avance significativo, las organizaciones sostienen que "preocupa la definición de plazos acotados para la causal violación", puesto que -a su juicio- estos "no se condicen con la complejidad de la violencia sexual y la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a ella". Asimismo, "lamentan la amplitud" con que la legislación admite la objeción de conciencia, además de la posibilidad de que -tras el fallo del TC- ese derecho pueda también ser invocado por instituciones.
De la misma forma, en el texto se abordan los desafíos en materia de igualdad y no discriminación y se concluye que la creación del Acuerdo de Unión Civil (AUC) no implicó "la consagración plena de la igualdad ante la ley" al mantenerse "el impedimento de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo". En ese sentido, se advierte que la ley no abordó los derechos de filiación de sus hijos y tampoco se les incorporó a "las parejas legalmente habilitadas para adoptar".
En el informe también se aborda la creación de la Subsecretaría de DD.HH., ley que fue impulsada en el primer gobierno de Sebastián Piñera y promulgada por Bachelet en enero de 2016. El informe dice que es una "importante falencia" el que esa institucionalidad no haya contemplado un mecanismo permanente de calificación para las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante la dictadura.
Por otro lado, sobre la participación de la mujer en el mundo político, se destaca la entrada en vigencia de la ley de cuotas, aunque se advierte que "se mantiene pendiente" el debate de reformas que aseguren una representación equilibrada.
En el análisis también se recogen los principales debates que marcaron el periodo legislativo 2014-2017. Se destaca el retraso con el que se presentó el proyecto que crea un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y se subraya la "insuficiente autonomía" que tendría dicho mecanismo al estar supeditado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
De la misma forma, las organizaciones abordan la discusión de la Ley de Identidad de Género -actualmente en comisión mixta- en la que se excluyó a los menores de edad y hacen un balance crítico del tardío envío del proyecto de matrimonio igualitario.
