En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó este viernes la crisis en el Poder Judicial por presunto tráfico de influencias en nombramientos.
En el diálogo matinal, el secretario de Estado apuntó que “la gran interrogante en el caso de los funcionarios judiciales, pero también de otros funcionarios públicos, son los vínculos que puedan tener con otros sectores”.
Sin embargo, planteó que “hay que tener cuidado de que muchos de estos casos son comunicaciones impropias, que pueden afectar potencialmente la independencia, pero una cosa muy distinta es si son delitos o no” y distinguió que “no todo se reduce al binomio delito no-delito”, ya que “si se lo reduce a ese binomio, o extiende las categorías de delito, o excluiría de la discusión una cantidad de cuestiones que son impropias en un sistema democrático”.
Y luego agregó: “Uno de los aspectos que pone en riesgo la independencia judicial es cuando puedan existir conductas impropias o comunicaciones impropias entre miembros del Poder Judicial y la política o miembros del Poder Judicial y los sectores económicos, porque hay zonas de intersección”.
De acuerdo al titular de Justicia, “en el caso del Poder Judicial es muy relevante, no solo ser independiente, sino que hay que parecer independiente”.
“Esto, que parece ser un juego de palabras, se traduce en la vida social de las personas que ejercen la judicatura (...) y eso es lo que nos hace pensar que la justicia es una función jurisdiccional que desempeñan. Porque de hecho las amistades o enemistades lo que transforman es que afectan la imparcialidad”, recalcó.
Uno de los casos que desataron la controversia fue la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema, ya que a propósito de una información publicada por Ciper, el candidato de Chile Vamos a la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, habría estado involucrado en las supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de Letelier. En este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias.
