En marzo pasado se publicó un estudio que recoge las respuestas de directores de 300 colegios municipales. Dos de cada tres afirma que el principal conflicto que enfrentan a diario es la droga, muy por encima de las movilizaciones o la delincuencia. También reconocen mayoritariamente que no cuentan con estrategias ni protocolos para enfrentar el tema y casi todos optan por derivar los casos particulares a Carabineros, amparándose en la ley 20.000. Otra respuesta inquietante es que el 51% considera la falta de participación de los padres como el problema de mayor frecuencia, antes incluso de la droga que ocupa el segundo lugar.
Esta es la situación en los establecimientos públicos, que ciertamente no difiere de los privados, como lo demuestra dramáticamente el suicidio de Nicolás, el alumno de 17 años de la Alianza Francesa, caso que ha impactado con razón, pero dada la realidad antes descrita resulta, por usar un cliché periodístico, la crónica de una muerte anunciada.
Mientras no exista prevención y estrategias particulares, generadas en conjunto con los tres estamentos involucrados -alumnos, padres y profesores-, para cada comunidad educativa, los resultados de la encuesta mencionada se seguirán repitiendo y profundizando, con resultados dramáticos y lamentables, como la muerte en soledad de Nicolás.
A partir de nuestra experiencia implementando programas preventivos del uso del tabaco, alcohol y otras drogas tanto en colegios privados como medios y también de alta vulnerabilidad social, podemos afirmar que es clave involucrar e impactar efectivamente a toda la comunidad educativa, de manera permanente en el tiempo. No sirve una charla masiva y aislada, por buena que sea. La prevención debe ser sistemática e iniciarse desde los primeros años, reforzando factores protectores y entregando herramientas a los docentes, las familias y los propios estudiantes, de manera participativa.
Los protocolos de acción construidos entre todos -y, por lo mismo, conocidos por todos- evitan las respuestas reactivas y arbitrarias. Estas acciones deben favorecer que los jóvenes puedan pedir apoyo amparados en la confianza, en lugar de ocultar una situación problemática por miedo a recibir exclusivamente sanciones. También es clave salvaguardar la información, para evitar la delicada estigmatización del que tiene el problema y establecer medidas disciplinarias por todos construidas y por todos conocidas, centradas en lo formativo y lo restaurativo, que fomenten el aprendizaje sobre la experiencia, más que la exclusión o lo meramente punitivo.
Reiteramos que esta lamentable muerte no debe prestarse para enjuiciar el actuar de una determinada institución, sino que debe invitarnos a reflexionar constructivamente sobre qué estamos haciendo como sociedad en los distintos contextos en que nuestros niños y adolescentes se desarrollan. Y cuán importante es la prevención, que es lo opuesto a la negación de la realidad.
