Recientemente el Ministerio de Educación publicó los montos de las transferencias realizadas a las universidades correspondientes a la glosa de gratuidad. Aunque es información interesante, la verdad es que es bastante predecible: el monto depende del número de beneficiados y los aranceles regulados, todos datos públicamente disponibles hace algún tiempo. Por cierto, los rectores de las casas de estudio adscritas debieran haber estado en conocimiento de estos valores. Llama la atención, entonces, que varios rectores del Cruch hayan criticado públicamente el hecho que una universidad que no pertenece a su grupo haya matriculado al mayor número de beneficiados y por lo tanto haya recibido la transferencia más alta.
¿Por qué este dato molesta a los rectores del Cruch? Algunos de ellos argumentaron desde la política: sería inconcebible que una entidad privada reciba más recursos que una estatal aunque tenga más beneficiarios o mayor calidad. Lo extraño es que ese rector parece olvidar que 9 instituciones del Cruch son también privadas, sin adjetivos. Otros argumentaron desde un criterio de justicia: como – supuestamente - las privadas pueden aumentar su matrícula más que las estatales, las primeras logran matricular más beneficiados. La verdad es que la limitación del 2,7% que establece la Ley de Presupuestos es igual para todas, por lo que la crítica no tiene asidero. Notablemente, otro rector argumentó que el hecho que una privada recibiera más que las estatales es "regresivo" y "penoso", pues las privadas tienen menos controles administrativos.
Es bueno que se reconozca que la gratuidad es una política regresiva, pero la verdad es que las palabras del rector denotan cierta confusión: la Universidad Autónoma tiene 2,6 veces más alumnos vulnerables que la institución que él dirige, que lamentablemente no está acreditada en investigación.
Da la impresión, sin embargo, que estas explicaciones no son suficientes. Una tesis posible es que lo que irrite a los rectores no sea que la Universidad Autónoma sea privada o esté menos regulada, sino que los datos de la gratuidad muestren que, teniendo un nivel de calidad comparable y a veces superior, es más inclusiva y más preferida por los estudiantes que varias del Cruch. El Ministerio de Educación, en esto, está en la misma vereda que el Consejo de Rectores: no sólo afirmó que la Universidad Autónoma se había "colado" en la gratuidad, sino que quedó claro, tras el fallo del Tribunal Constitucional en 2015, que la intención del gobierno era excluir deliberadamente a instituciones privadas e inclusivas creadas después de 1981. Esto, porque sabía con certeza que estas instituciones, acostumbradas al rigor de la competencia y orientadas a las necesidades de los estudiantes, desplazarían a ciertas instituciones estatales que hace mucho viven con respiración artificial.
No se debe olvidar que estos datos reflejan las preferencias de los estudiantes, y esto debe resguardarse y promoverse frente a cualquier política que crea saber mejor que ellos lo que les conviene.
El hecho que se haya evitado, mediante el Tribunal Constitucional, que esta discriminación arbitraria ocurriera, permitió que varias decenas de miles de estudiantes vulnerables eligieran libremente y accedieran a un beneficio que de otro modo se les habría negado por razones políticas o para proteger privilegios. Si bien la gratuidad no es la política más conveniente para el sistema de educación superior, se debe valorar que, al menos, el trabajo legislativo haya hecho que sea menos discriminatoria que lo que el gobierno y algunos rectores del Cruch quisieran.
