Esta columna fue escrita junto a Bruce Katz, Centennial Scholar, de la Brookings Institution and co-autor del libro The Metropolitan Revolution.

Tal como lo está haciendo el Reino Unido, Chile está inmerso en el procesos de transferir poder desde el gobierno central a las ciudades y regiones en Chile. Esta tendencia internacional que  busca generar un control más local, refleja un reconocimiento de que las regiones y sus ciudades no son sólo los motores de las economías nacionales, sino que son cada vez más los centros de resolución de problemas en todo el mundo.

El proceso formal de devolución en Chile comenzó en diciembre de 2016 cuando la presidenta Michelle Bachelet firmó la Ley de Elección de Gobernadores. Un cambio constitucional que por primera vez permite la elección democrática de gobernadores en cada una de las 15 regiones del país. El gobierno espera celebrar elecciones de gobernadores en noviembre de 2017, pero hay una condición: la Ley de Elección de Gobernadores solo entrará en efecto cuando el Congreso apruebe la Ley de Traspaso Competencias, que especifica los poderes que se podrán transferir a las regiones. Las competencias abarcan aspectos como la organización territorial, la promoción de actividades productivas y el desarrollo social y cultural.

La aprobación de la Ley de Traspaso de Competencias no será tarea fácil. Está en discusión en el Congreso desde el 2005 y actualmente depende de que se logren acuerdos sobre las áreas generales de competencias que los gobiernos regionales deben poseer y el nivel de independencia que tendrán las regiones respecto a las políticas y programas nacionales.

La discusión frecuentemente se torna teórica y abstracta, enredada en la búsqueda de todos los posibles escenarios en los que la devolución del poder a las regiones puede llegar a ser inconveniente no sólo administrativamente, sino también políticamente. Discutir las competencias antes de que se hayan definido las tareas concretas que se espera que los gobiernos regionales realicen pone la carreta delante de los bueyes.

Para avanzar en la discusión en el Congreso se debiera invertir el proceso: primero determinar los desafíos o problemas más urgentes donde las ciudades y las regiones tienen ventajas comparativas para abordarlos, segundo definir claramente los resultados esperados y sólo entonces, determinar las competencias necesarias para habilitar a los gobernadores para que puedan resolver los problemas inicialmente identificados, y hacerlo en forma lo más específica posible para evitar suspicacias respecto a qué cabe y qué no cabe dentro de las áreas generales de competencias que serán definidas en la Ley (usualmente muy general y con poco margen para interpretación). Este enfoque no sólo simplificaría el proceso de descentralización, sino que también ayudaría a todos a comprender y apreciar lo que significa la devolución de poder a las regiones y los logros concretos que se pueden esperar con ello.

Algunos buenos ejemplos de problemas concretos donde los gobiernos regionales y sus áreas metropolitanas están mejor preparados para responder son el transporte, la contaminación y la segregación urbana. Estos problemas no pueden abordarse ni a nivel local, dada la pequeña escala de estos lugares, ni a nivel nacional, dada la falta de flexibilidad del gobierno central para adaptarse a los desafíos específicos de territorios separados y su falta de capacidad para asegurar la coordinación entre los gobiernos locales.

En el caso del transporte, la falta de una visión metropolitana genera ineficiencias significativas y conduce a decisiones irracionales, ilustradas por casos en los que los municipios diseñan ciclovías que no conectan con otros municipios de la misma área metropolitana (caso emblemático es la comuna de Las Condes). En el caso de la contaminación, específicamente la recolección de basura, una política que pretende promover la reducción de basura o el reciclaje debe trabajar a nivel regional para tener un impacto real. Iniciativas puntuales como las de la ONG Triciclo, o de municipios como La Pintana (primer municipio en recolectar separadamente la basura) son valiosas pero insuficientes.

En el caso de la segregación urbana, la visión y la planificación a escala metropolitana son claves para asegurar que la ubicación de la vivienda social esté equilibrada dentro del territorio. La falta de esa planificación ha generado una extrema segregación urbana. La política nacional de vivienda de Chile asigna subsidios por región sin prestar atención especial al lugar donde se distribuyen estos subsidios. Así, en algunos municipios, como Padre Las Casas en Temuco y Alto Hospicio en Iquique, el 80 por ciento o más de las unidades residenciales son viviendas sociales, un nivel completamente desproporcionado con otros municipios de la misma área metropolitana.

Identificar un conjunto de problemas específicos para los cuales la escala metropolitana tiene una verdadera ventaja para generar soluciones ayudaría a desbloquear la discusión en el Congreso sobre la transferencia de competencias a las regiones. De esta manera, no sólo un debate de 12 años avanzará hacia una resolución, sino que problemas reales como el transporte, la contaminación y la segregación podrían encontrar una verdadera salida a manos de líderes locales capaces e imaginativos que han estado esperando durante décadas listos para entrar en acción.