El contexto de la campaña presidencial tiende a sobre simplificar ideas, caricaturizar posturas e identificar relaciones de causalidad donde no las hay, algo que afecta a ambos bandos en disputa. La aprobación en general del proyecto de ley de educación superior es un buen ejemplo de lo anterior. Algunas distinciones son importantes.
En primer lugar, la aprobación en general del proyecto por la oposición no implica una coincidencia total con el mismo, ni se contrapone a un rechazo explícito de su contenido específico. De hecho, en estricto rigor solo implica acuerdo con la idea de que es necesario legislar sobre educación superior, algo ampliamente compartido hace mucho tiempo, incluso antes del actual periodo presidencial. Además, en el momento de la votación ambos senadores hicieron ver sus profundos reparos con el detalle del proyecto, relacionados con la vulneración a la autonomía universitaria, las atribuciones desproporcionadas de la subsecretaría que se crea, entre otras. Si estas observaciones no se consideran, difícilmente el proyecto podría aprobarse para convertirse en ley con votos de la oposición.
En segundo lugar, es importante distinguir entre la gratuidad para el 90% de los estudiantes más vulnerables matriculados centros de formación técnica e institutos profesionales que el ex Presidente Piñera ha planteado y la gratuidad universal del proyecto de ley en discusión. La primera es una promesa de campaña cuyo detalle técnico es desconocido, y cuya fisonomía en términos de política pública debiese ser muy diferente a la gratuidad universal. Podría, por ejemplo, no generar déficits en las instituciones que adscriben, o mejor aún, podría ser no discriminatoria entre estudiantes matriculados en instituciones técnicas con y sin fines de lucro (recordando que el retiro de excedentes es permitido por la ley para estas instituciones). También podrían buscarse formas de incentivar a las instituciones a captar más alumnos vulnerables, en lugar de castigarlas con un apoyo fiscal menor al arancel real. Si bien puede sonar poco, la diferencia entre financiar o no a los estudiantes pertenecientes al 10% de mayores ingresos es relevante en términos financieros y conceptuales. En relación a la responsabilidad fiscal, también es posible que esa promesa se concrete en un proyecto de ley efectivamente financiado al momento de promulgarse, en lugar de amarrar el presupuesto de educación por un siglo, como propone el proyecto de ley recién aprobado.
La gratuidad es una política regresiva e injusta, que debiera ser rechazada desde una perspectiva liberal. Pero de esto no se sigue que los mecanismos que se propongan para implementarla sean indistinguibles entre sí. En el ámbito de la educación técnica, es posible proponer esquemas muy superiores al definido en el proyecto de ley, que permiten cumplir mejor los objetivos propuestos. En el ámbito político, asumir que declaraciones de campaña son equivalentes a un respaldo a un proyecto de ley en trámite, no es más que una interpretación, que refleja más los deseos del intérprete que los del emisor de la declaración.
