Durante esta semana, el Ejecutivo anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley que busca concretar una promesa de campaña de la presidenta Bachelet: el "trato preferente" a las universidades de propiedad del Estado. Originalmente, esto buscaba cumplirse a través del proyecto de Ley de Educación Superior actualmente en la Cámara de Diputados, pero con el objetivo de acelerar su tramitación, se presentó como un proyecto aparte.
El concepto de "trato preferente" es de larga data y ha tenido diferentes significados en la discusión pública. La agrupación de rectores de las universidades estatales (CUECH) se ha referido a la necesidad de reparar el "abandono" de estos planteles por parte del Estado, responsabilizando al Estado de asegurar su calidad. En la mayoría de los casos, esta discusión se ha materializado en la transferencia de más recursos fiscales para estos planteles.
Lo cierto es que el trato fiscal preferente para un grupo de instituciones ya existe, con la diferencia de que no es exclusivo para las universidades estatales, sino para las universidades que existían antes de 1981, usualmente denominadas "tradicionales". Este trato se materializa en instrumentos de financiamiento basal (Aporte Fiscal Directo) y mejores becas y créditos para sus estudiantes (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Becas Bicentenario), entre otros, que el resto del sistema de educación superior no tiene. Las universidades pertenecientes al Consejo de Recortes de las Universidades Chilenas (CRUCH), entre las que se cuentan todos los planteles estatales incluyendo los creados el año pasado y nueve universidades privadas, gozan hoy de un trato especial que las universidades privadas creadas después de 1981, aunque algunas sean de mayor calidad y prestigio, no reciben.
El problema es, entonces, más complejo. Si ya existe un trato preferente para un grupo de universidades estatales y privadas en base a un criterio histórico y arbitrario, ¿qué hacer con las estatales? ¿Dejar el trato preferente solo para las universidades estatales y excluir a todas las universidades privadas? Considerando que en este grupo de universidades privadas "tradicionales" y "preferenciales" se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, ésta se vuelve una opción improbable. ¿Darles un trato aún mejor y crear tres "tipos" de universidad? Esto es lo que pretende hacer el proyecto de ley, pero no ha encontrado la recepción esperada. La reacción de las universidades estatales fue tibia hasta ayer, cuando el rector de la Universidad de Chile rechazó vehementemente el proyecto.
¿Por qué? Como ha sido el patrón de las políticas de educación superior de este gobierno, la gratuidad es un ejemplo, se propone a las universidades un intercambio forzoso: recursos fiscales a cambio de control gubernamental. El proyecto de ley de universidades estatales establece mecanismos de control directo, a través del nombramiento de un tercio de la junta directiva de todas las instituciones, e indirecto, a través de una participación en las instancias de financiamiento y de coordinación que se crean. El resultado para la Universidad de Chile es grave: hoy en su máximo órgano colegiado ejecutivo hay dos representantes de la Presidenta de la República de un total de 21 miembros (7%). Con el proyecto de ley, estos representantes serían 3 de 9 (33%). Como si fuera poco, también se excluiría la participación de estudiantes y no académicos en esta instancia, algo que hoy existe. SI esto no fuera evidencia suficiente de la intención controladora del gobierno, la bullada y finalmente "ilegal y arbitraria" destitución de la rectora Roxana Pey debiera ser una clara muestra, para la opinión pública, de que el gobierno está más que dispuesto a tomar el control de las universidades estatales, sin importar el costo.
Como el pacto de Fausto, la ambición de un trato preferente para las universidades estatales no será gratis, sino a cambio de su autonomía.
