Hace casi 20 años, se abolió en Chile la figura de los hijos legítimos e ilegítimos. Dicha eliminación tuvo por objeto terminar con toda forma de discriminación contra los niños, independiente de su nacimiento, sexo, aspecto, raza, etc. El principal argumento que se ocupaba contra dicha figura era la inocencia del niño respecto de la situación en que se encontraban los padres, y las condiciones en las que se gestó. Sin embargo, de forma inexplicable, esos mismos argumentos se invierten ahora  contra su inocencia para señalar que precisamente por la situación en que se pueden encontrar los padres (no quererlos por "inviables"), o el origen de su gestación (embarazo por violación), ese niño no tiene derecho a nacer. Es decir, volvemos a la misma figura de la ilegitimidad  de algunos, pero esta vez contra algo más grave, como es el derecho a la vida.

Dicha ilegitimidad es sinónimo de discriminación, y se agudiza cuando la discusión se concentra en la cantidad de semanas que el poder del Estado se arrogaría arbitrariamente para quitarle la vida. En ese sentido, debemos advertir que en la medida que ha avanzado el debate, el soporte de la idea de legislar a favor del aborto ha ido mutando hasta develar las raíces verdaderas que motivan su aprobación. Así, de haber intentado en principio restarle el estatuto humano al embrión o al feto, hoy el eje discursivo de quienes buscan aprobar el aborto se concentra en la sola autonomía que tendría la mujer bajo ciertas condiciones para decidir si su hijo nace o no.

De este modo, el niño que antes peleaba por sus derechos patrimoniales, hoy debe pelear por su vida contra los mismos que decían antes defenderlo de toda discriminación. Esos niños han sido traicionados por quienes decían defender las banderas de la dignidad, pero que hoy  pretenden arrebatarle el más importante de todos los derechos. El punto es que, si el derecho a nacer queda sujeto a la autonomía de la voluntad de algunos, entonces a partir de ahora se genera un cambio en la forma de entender los derechos fundamentales. Estos ya no se considerarán reconocidos, sino que otorgados. Los criterios para otorgarlos se someterán a la arbitrariedad de los estados en que se encuentren dichas voluntades, por tanto serán relativos. Esa es la peor señal que entrega este proyecto, porque con ese giro, cualquier pretensión de mantener siquiera una ética mínima se dificulta, y por ende, la universalidad de los derechos humanos se hará también cada vez más difícil.

Ante un escenario así, ¿bajo qué fundamentos morales se podría detener la eugenesia, o la intención de eliminar un niño recién nacido, como ya se ha propuesto en otras partes? El pretender fijar en el nacimiento la defensa de un derecho o protección denota la arbitrariedad sobre la cual se discute, porque el nacimiento no define ontológicamente la personalidad humana sino que marca nada más el hecho de que ese niño se encuentra en el mundo. Las características del feto son las mismas que las del recién nacido, de modo que el quitarle el derecho a nacer a un ser humano no se funda en que sea o no persona, -pues lo somos desde que existimos, no desde que nacemos-  sino en que para algunos "no sería legítimo otorgar"  a todos ese derecho.