Aunque las diferencias internas tienen a la Nueva Mayoría con dos candidatos, ello no le impide intentar una campaña del terror para el caso de que la derecha retorne a La Moneda. La propia Presidenta Bachelet hizo suya la idea de una restauración conservadora a propósito de la defensa de su legado donde, de paso, intentó irradiar optimismo: la gratuidad permitirá "empujar la transformación que Chile necesita para su desarrollo".

Como se sabe, la Ocde ha señalado que nuestro principal desafío educativo es la equidad, entendida como una mejora de los niveles de desempeño de los estudiantes más desaventajados en distintos indicadores, proveyéndoles de mayor financiamiento y oportunidades. A partir de ahí, se decidió poner fin al lucro con fondos públicos, así como terminar con la segregación a través de la eliminación del financiamiento compartido y con la selección en los colegios.

Aunque la ley recién comienza a implementarse, ya le llueven las críticas. Difícilmente se logrará la integración social de los alumnos dado que se renunció a incluir a las escuelas privadas pagadas y terminar con el financiamiento a las escuelas vía subsidio individual o voucher. Se mantuvo, además, una excepción para los llamados liceos de excelencia, otorgándoles un plazo diferenciado en la eliminación de las barreras de selección de estudiantes. Con relación a la calidad, el discurso oficial la coloca como un implícito a su condición de gratuidad. Cuando ya se sabe que, a futuro, miles de empleos desaparecerán, resulta legítimo preguntarse si la educación que reciben nuestros niños será la que se está necesitando.

Diversos estudios confirman que el logro de la equidad supera largamente los movimientos de clavijas al interior del sistema educativo. "Desiguales", el más reciente informe del PNUD constató que, si bien se ha acortado la brecha, el apellido y la cuna se mantienen como un techo para las aspiraciones de movilidad social. Aunque el ahorro que supondrá estudiar gratis podrá ser un alivio, no eliminará las desigualdades de partida. Para ello, medidas que reduzcan el peso de la procedencia y las conexiones, por encima de la educación y de los logros, resultan claves.

La elaboración programática en momentos de campaña, basada en ejes y generalidades, se aviene mal con asuntos complejos como las segregaciones superpuestas y sus intersectorialidades. Para un sector, hay que perseverar en lo iniciado. Las dificultades de las reformas no serían de orientación sino por algún que otro ripio en materia de gestión. Para otro, el país necesita reponer lo perdido, recurriendo al expediente de la recuperación de un crecimiento que encierra riesgos si no se asocia a una discusión sobre cómo compartir sus beneficios. Mientras tanto, en el horizonte de Chile, sigue clavada una pregunta de fondo: ¿Cuánta desigualdad tolera una democracia?