En general, toda política pública tiene efectos inesperados. Uno de los esfuerzos principales de quienes las elaboran es prever dichos efectos, en particular cuando son negativos. Gran parte de la discusión de las reformas educaciones que ha promovido el gobierno se ha centrado justamente en esto: mientras algunos se esfuerzan en mostrar que éstas producirán efectos negativos graves y fáciles de predecir sobre el sistema educacional, otros, se han dedicado a minimizarlos o acusar una campaña del terror. La misma Presidenta bautizó a los opositores a sus reformas como "profetas del caos".
Esta semana la prensa ha informado de varios efectos de la reforma educacional que eran previsibles. Un estudio elaborado por el CRUCH prevé que las nuevas exigencias a las carreras de pedagogía, algo que en principio es positivo, provocarán que existan más cupos que postulantes, afectando la disponibilidad de profesores en el futuro, en particular para algunas regiones. También se ha informado que las nuevas exigencias de la Ley de Inclusión han llevado casi a cero la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados, a pesar de que la matrícula ha aumentado, disminuyendo la diversidad de proyectos elegibles para las familias. Estos son ejemplos que surgieron solo la semana pasada.
¿Qué impidió que el Ministerio de Educación se diera cuenta de esto? Seguro que los equipos técnicos ministeriales tienen una preparación más que suficiente, además de que ambos puntos fueron mencionados ampliamente en la discusión legislativa. Una alternativa, en el ámbito de la especulación, es que estos sean consecuencias esperadas, pero no declaradas de las políticas que el gobierno ha diseñado. Esto calza respecto de la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados, dado que uno de los objetivos declarados de este gobierno es aumentar la matrícula estatal y favorecer explícitamente a estos establecimientos. Respecto de las nuevas exigencias de pedagogía, la explicación más probable es el voluntarismo: el ministerio y los parlamentarios de oficialismo y oposición no quisieron ver que un aumento de las exigencias implicaría necesariamente una disminución de los postulantes elegibles. No es de extrañar que el aumento en las remuneraciones no sea suficientemente atractivo: ¿Qué joven de buen puntaje va a querer entrar a una carrera cuya remuneración está tan regulada que incluso es posible saber, con treinta años de anticipación, lo máximo que podrá ganar en su vida profesional? Lo relevante, es que va a pasar cuando escaseen los docentes, algo que ya ocurre en países desarrollados (lo muestra el estudio PISA) con legislaciones docentes parecidas a las nuestras.
Estos antecedentes, si bien puntuales, permiten extender la duda al resto de las reformas del gobierno. ¿Permitirá la prohibición de lucro mejorar la inclusión? ¿Logrará la prohibición del copago reducir la segregación, en lugar de aumentarla? ¿Mejorará la calidad de la educación pública el hecho de que el sostenedor sea el ministerio de educación en lugar de la municipalidad? ¿Aumentará la gratuidad universitaria el acceso de los jóvenes más vulnerables? En lugar de mirar las promesas incumplidas del programa de la Nueva Mayoría, la oposición que pretende ser gobierno debiera empezar a estudiar la "letra chica" de las reformas en implementación, que no son otra cosa que las consecuencias negativas que siempre fue posible prever.
