LA SEMANA PASADA , el gobierno presentó una indicación sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el proyecto de Educación Superior que se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si bien el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio algunas luces de lo que contendría el nuevo sistema de financiamiento educacional, aún no hay claridad sobre la herramienta concreta que lo reemplazará si se llega a eliminar a partir de enero de 2019. A ello se agrega, la necesidad de conocer el monto total asignado como subsidio fiscal, y cuál será el nuevo mecanismo que permitirá financiar las carreras universitarias de aquellos estudiantes, sobre todo de los deciles 8 y 9.

Sin duda, el replantear y mejorar las políticas públicas es básico para lograr el cometido de un país mejor y con más oportunidades.

Sin embargo, no se puede avanzar en base a presiones, pues cada decisión significa el futuro de la educación en Chile. Así, para poder transitar hacia otra vía, es necesario conocer cuál es el impacto que ha tenido el CAE en estos años. Según los datos entregados por la Comisión Ingresa hace unas semanas, 808.366 estudiantes han cursado estudios con este tipo de financiamiento. Casi 300 mil de ellos ya terminaron sus carreras técnicas o profesionales y del total de egresados en 2016, el 58,8% proviene de familias de los quintiles I y II.

Es más, muchos jóvenes de clase media que no pueden acceder a financiamiento por no ser "elegibles", utilizan este mecanismo para poder estudiar.

En ese contexto, quienes plantean la eliminación del CAE no reconocen que esa política pública sería extremadamente negativa, pues significaría dejar sin posibilidades a muchos estudiantes - transversales a nivel socioeconómico- que no tendrían otro método para poder matricularse en una Institución de Educación Superior.

Debe considerarse que, desde el punto de vista de los recursos públicos, el CAE permite financiar a muchos más estudiantes de lo que ese mismo monto lograría asignándose a la gratuidad. Debemos considerar también, que vivimos en un país en donde las necesidades son muchas y los recursos escasos.

Con lo anterior, quiero poner sobre la mesa la evidencia de que las modificaciones en una política pública son muy importantes, siempre que contengan cambios y mejoras que apunten a tener educación superior con mayor calidad y equidad.

Un instrumento para eso es centrarnos en dar oportunidades al acceso y continuidad de los estudiantes con problemas para financiar su Educación Superior.

Tomemos el peso de lo que significa tomar acciones en base a un diagnóstico ideologizado, pues las consecuencias pueden ser irreversibles para el desarrollo futuro de la educación en nuestro país.