COMO SI el deterioro de las instituciones no fuera ya lo suficientemente profundo y los políticos no cargaran con un merecido descrédito, el diputado Hugo Gutiérrez decidió que la mejor manera de enfrentar el desafío electoral que hoy representa Sebastián Piñera, es una interminable espiral de querellas judiciales. Mientras Ricardo Lagos, Carolina Goic y Alejandro Guillier plantean la necesidad de discutir "ideas" y "proyectos", el parlamentario comunista parece tener la convicción de que ese debate es innecesario, o está derechamente perdido, hasta el punto que la única opción posible para enfrentar al principal líder de la oposición, es arrastrarlo como sea a un laberinto judicial.

El PC, que alguna vez confió en la superioridad moral de sus principios y en la fuerza intelectual de sus convicciones, hoy no tiene nada que mostrar salvo esta compulsión crónica a presentar querellas infundadas, que no buscan esclarecer presuntos delitos, sino solo reforzar presunciones y alimentar desconfianzas, sin otro objetivo que horadar de cualquier forma la imagen del candidato que hoy amenaza su continuidad en el gobierno.

En rigor, Hugo Gutiérrez está usando y abusando del procedimiento penal sin importar las consecuencias, utilizando a la justicia para compensar debilidades políticas propias, que, no obstante, quedan todavía más en evidencia con esta obvia instrumentalización. Pero es a todas luces claro que a su autor los efectos de su ofensiva sobre el sistema político y en la calidad de la administración de justicia lo tienen sin cuidado: lo importante para él es el fin; los medios y los costos, es decir, su extraordinario aporte al cuadro general de desprestigio de la actividad política y de las instituciones públicas, le son sin duda indiferentes.

Respecto al tema de fondo, se podrá estar o no de acuerdo con las ideas y las convicciones de Sebastián Piñera; sentir o no simpatía hacia su personalidad y su manera de ser; cuestionar o no su forma de participar en la actividad política y de administrar simultáneamente su patrimonio: todo ello es perfectamente legítimo y propio de una sociedad democrática, donde los actores públicos están y deben estar siempre sometidos al escrutinio ciudadano. Pero utilizar a la justicia como lo está haciendo el diputado Gutiérrez, con el silencio cómplice de buena parte del oficialismo, no es sino la fría perversión de la competencia legítima entre adversarios políticos; algo que seguramente el diputado comunista no valora, por la sencilla razón de que en los países admirados por él -Cuba, Corea del Norte, etc.-, esa competencia democrática simplemente no existe.

Es tan claro que el objetivo de esta burda puesta en escena es meramente político, que su protagonista no ha necesitado reparar en un precedente que juega más bien en contra de sus posibilidades de vencer en sede judicial: en las más de tres décadas que Sebastián Piñera lleva dedicado a la política y a los negocios, ha sido sujeto de una enorme cantidad de querellas. Y hasta ahora los tribunales de justicia no lo han condenado por un solo delito.