Las señales políticas, que vienen desde el Congreso Nacional, llevan a anticipar que en el año 2018 237 colegios serán los que ingresen a la primera oleada de implementación de la llamada "desmunicipalización", que se enmarcada en la Nueva Educación Pública (NEP). De acuerdo a informaciones de La Tercera, en dicho año se crearán los Servicios Locales de Huasco, Coquimbo-Andacollo y Barrancas, que en conjunto hoy albergan a cerca de 50 mil estudiantes.
Si bien existen altas expectativas de lo que pueda lograr esta reforma, que está ad portas de aprobarse, en el sistema educativo, es indispensable mantener un sentido de realidad respecto de los tiempos de maduración de esta o de cualquier otro cambio de esta envergadura. La investigación disponible en el mundo indica que cualquier evaluación de impacto de un cambio educativo de esta magnitud debe llevarse a cabo entre 6 a 8 años después del inicio de la implementación, para así dar tiempo a la maduración necesaria para que las transformaciones funcionen adecuadamente.
En la propuesta de la ley se establece que una Comisión de Expertos, en el año 2021, en el próximo gobierno de turno, tendrá la misión de monitorear el proceso. Una disposición que, si bien logró acuerdos al interior del Congreso, podría generar cierta incertidumbre de la política porque es de suma relevancia que este comité deje reposar los avances de la nueva ley que necesitará tiempo para dar cuenta de sus frutos.
Se puede vislumbrar que durante los primeros dos años la implementación de la NEP será ajetreada: la creación de los Servicios Locales de Educación y las oficinas territoriales. Asimismo, se deberá dotar a esta nueva estructura de personal, hacerse de infraestructura, generar la institucionalidad para el funcionamiento de los Servicios Locales, establecer planes y aprobarlos para, posteriormente, implementarlos y evaluarlos.
Así, el 2020 será el primer año de funcionamiento en régimen de la NEP. A partir de ese momento, con las estructuras creadas, se inicia el proceso de maduración del funcionamiento, no antes. En este periodo será indispensable monitorear la gestión para detectar posibles desajustes por situaciones no anticipadas.
La evidencia internacional respecto de las reformas educativas y su impacto muestran que cualquier intento serio de evaluación de la NEP debería hacerse a partir del 2025. Esto con el propósito de darle tiempo para marchar, ajustarse y, posteriormente, generar los cambios en los procesos que se espera produzca esta iniciativa.
Por tal motivo, será importante establecer claramente - en la ley - que la Comisión de Expertos, que se plantea valorará la NEP al año 2021, limite sus juicios a elementos relativos a la gestión, pues sería un despropósito hacer una evaluación de impacto en ese año. Lo ideal sería atender a la evidencia internacional y esperar la medición de impacto en los tres primeros servicios locales en el año 2025, para lo cual se puede tomar en consideración la línea de base que está recogiendo durante este año un equipo de la UC por encargo del PNUD y el Ministerio de Educación.
