Esta columna fue escrita junto a Alejandro Bernales, Profesor Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, e investigador MIPP
Diversos actores políticos y sociales han cuestionado severamente el sistema de pensiones chileno por las bajas jubilaciones que sus cotizantes obtienen. Esto se explica por varios factores: baja y decreciente rentabilidad de los fondos, periodos extensos sin cotización previsional y bajos sueldos, especialmente entre jóvenes y mujeres.
En un estudio reciente, Bernales (2017) presenta evidencia de que las AFPs podrían obtener mayor rentabilidad para el nivel de riesgo que tienen. Esto se debería a que la actual regulación no genera los incentivos correctos para que éstas inviertan de manera óptima. La evaluación actual de las rentabilidades de los fondos establece que ningún fondo puede rendir por debajo de una banda, la cual se calcula en relación a la rentabilidad promedio de todas las AFPs en los últimos 36 meses. Además, dado que las inversiones de las aseguradoras se conocen públicamente, se incentiva a que éstas copien mutuamente sus estrategias de inversión. Al ser comparado el desempeño de cada AFP en relación al promedio, es posible ocultar un desempeño ineficiente en general de la industria. Adicionalmente, la principal fuente de ingresos de las AFP, las comisiones por administración pagadas por los afiliados, no es afectada por la rentabilidad de los fondos de pensiones. Así, hay mayores incentivos para conseguir afiliados que para administrar bien los fondos de inversión.
En este contexto, ¿sería una solución que las inversiones de los fondos de pensiones las haga el Estado en vez de las AFPs? En principio, el Estado no tiene ventajas ni desventajas claras, pero sí tendría que partir de cero. En realidad, lo importante es que quien administre los fondos tenga incentivos para hacerlo bien.
La propuesta de ahorrar o aportar un 5% más de nuestros salarios a un fondo previsional tiene efectos poco discutidos, independientemente de quién lo administre. Esta alza generaría mayor informalidad del empleo y evasión previsional. Por este motivo, la medida elevaría el ahorro total en una magnitud inferior al 5% y, al inducir mayor informalidad, reduciría los recursos fiscales disponibles para el pilar solidario. La evidencia disponible indica que este efecto puede ser sustancial: Joubert (2015) estima un aumento de la tasa de informalidad cercano al 10% en Chile frente a este 5% extra en las cotizaciones.
Por otro lado, el efecto redistributivo de un fondo solidario, quizá su única justificación, sería escaso. La reforma propuesta no afecta al 1% de mayores ingresos en Chile ya que éstos no reciben salarios, sino utilidades de empresas. Se le exige solidaridad sólo a la clase media alta, mucho más pobre que el 1% de mayor ingreso, grupo que concentra 20% del total (Fairfield y Jorrat, 2015). Una redistribución más efectiva se lograría financiando el pilar solidario con impuestos progresivos a la renta.
Finalmente, para la sustentabilidad política y social del sistema a largo plazo, es crucial educar y generar incentivos para que las personas adquieran información y tomen buenas decisiones sobre sus fondos. Lamentablemente, muchos cotizantes no tienen claro que los fondos previsionales les pertenecen y poseen escasos conocimientos financieros básicos. En este ambiente, no es sorprendente el apoyo concitado por grupos contrarios a las AFPs. Políticas como auto-préstamos para la compra de viviendas pueden, además de mejorar el acceso al crédito, fomentar a los cotizantes a informarse y hacer un mejor uso del sistema.
Pocas decisiones de políticas públicas como ésta pueden tener implicancias tan grandes y complejas. Solamente la racionalidad en este debate puede conducirnos a una solución eficiente y sustentable en el tiempo.
