El 15 de noviembre pasado el Consejo Nacional de Educación, máxima autoridad en temas curriculares en el país, rechazó la propuesta del Ministerio de Educación de nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio. Las bases curriculares definen, de forma obligatoria para todos los colegios con reconocimiento oficial, los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que todos los estudiantes logren. El rechazo a esta nueva propuesta pone en graves problemas al sistema escolar dado que se corta la trayectoria de aprendizaje que las reformas de 2012, 2013 (1° a 6° básico) y 2015 (7° básico a 2° medio) establecieron, y que lo estudiantes han ido siguiendo progresivamente.
Viendo sus aspectos positivos, la propuesta rechazada estaba bien inspirada. Sus principios fueron celebrados por varias instituciones académicas especializadas, fundamentalmente la búsqueda de una mayor conexión entre las asignaturas del currículum y la diversificación de las asignaturas electivas, lo que pretendía hacer la formación de tercero y cuarto medio más actualizada y pertinente. También a nivel de principios, la idea de mayor equidad en la formación general para estudiantes de establecimientos técnico profesionales (TP) y humanístico científicos (HC) es positiva. Hoy ambas modalidades reciben una formación muy diferente en términos de horario, lo que afecta negativamente a los estudiantes TP a la hora de competir, por ejemplo, por vacantes universitarias a través de la PSU.
Lamentablemente, las soluciones prácticas para alcanzar esos principios no fueron consistentes o simplemente fueron incorrectas. La idea de una mayor interdisciplinariedad contrasta con el amplio número de asignaturas obligatorias (11), la gran mayoría con apenas dos horas de clase. En lugar de entregar una formación más integral, se refuerza el aspecto disperso e incoherente del actual plan común de los últimos años de enseñanza media. Se entiende que esto se explica más por presiones gremiales (lideradas por los profesores de filosofía) que por argumentos técnicos, pero el resultado es el mismo. Asimismo, se redujo fuertemente el horario disponible para la especialización de los técnicos, lo que a ojos de los propios actores del mundo técnico profesional, implicaba el fin definitivo de esta formación. Sin bien hay varios más, un problema de la mayor gravedad que no se enfrentó correctamente es la evaluación: mientras la PSU sea el currículum de facto de tercero y cuarto medio, los cambios que se hagan serán virtuales y no cambiarán las prácticas de los colegios.
En realidad, el problema central que causó el rechazo fue que el Ministerio de Educación no interpretó correctamente la Ley General de Educación. La naturaleza de los dos últimos años de escolaridad, según la ley, es la especialización y la electividad, dado que en los 10 años anteriores se ha priorizado una formación común e integral para todos los alumnos. Esto implica que en los dos últimos años el currículum debe apuntar a diversificar las opciones de asignaturas para que los estudiantes elijan, y se deben dar espacios (y tiempos) para que los estudiantes logren especializarse hasta cierto punto en una o dos áreas del conocimiento. Pero bajo una comprensión algo estrecha de equidad y ante múltiples demandas, el Ministerio priorizó la ampliación de la formación general, contrariando directamente la letra y espíritu de la ley.
Debido a la importancia de resguardar la continuidad en la formación de nuestros estudiantes, el Ministerio debiera persistir en la reforma, pero debe enfocarse en lo importante, dejando atrás la ambición de un cambio radical, abandonar ciertas entelequias académicas y no pretender dejar contento a todo el mundo. Se debe proponer una formación general común para todas las modalidades (TP y HC), pero centrada en lo esencial: Lenguaje, Matemática, Inglés, Educación Física. La posibilidad de elegir el resto de la formación debiera ampliarse lo más posible dentro de las restricciones económicas y prácticas de cada establecimiento. La redacción del currículo debe seguir la tradición de nuestro sistema: los objetivos deben ser claros, precisos y acotados. La integración de asignaturas y la interdisciplinariedad, en lugar de basarla en un constructo teórico, puede lograrse posteriormente en los programas de estudio con los que trabajan directamente los docentes, mediante actividades concretas y prácticas.
