EN ESTA semana, el gobierno entregó las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que reforma la Educación Superior (ES). Dentro de los aspectos a modificar, es crucial que exista un común denominador y un eje conductor de la reforma, el que debe ser priorizar la calidad. Este concepto aparece inseparable de la definición de universidad. El énfasis en la calidad incluye la necesidad de apoyar el proceso de transformación integral de una persona para dar un salto en su formación personal e intelectual. Junto a éste, la creación de nuevo conocimiento y su transferencia a la sociedad, son pilares que sustentan la labor universitaria.

Las universidades son un espacio único y privilegiado de reflexión cultural, investigación científica y debate de ideas. En ellas se cultiva la creación, el nuevo conocimiento, la verdad, el desarrollo del bien y de la belleza, para aportar al mejor crecimiento del país y de sus habitantes. La diversidad de nuestro sistema de ES requiere de una amplia libertad institucional, con el fin de que cada universidad aporte desde su propia misión e identidad. Esto agrega mayor calidad, amplitud de miradas y enfoques en las diferentes temáticas, lo que favorece la consolidación de un país más democrático e integrado.

El actual proyecto de reforma de la ES, si bien presenta algunas innovaciones positivas en el aseguramiento de la calidad, tiende a establecer una normativa excesivamente orientada al control, que posterga la promoción de la calidad y amenaza con restringir la autonomía de las instituciones. Esto afecta de manera negativa la identidad de las universidades, sus planes de desarrollo y el futuro crecimiento de sus proyectos académicos. Dentro de los aspectos a cuidar en la calidad, está la formación de una planta académica de excelencia, atraer a alumnos destacados, un buen gobierno universitario y recursos disponibles y utilizados de manera eficiente para desarrollar el proyecto universitario. Esto se debe traducir en evaluaciones y acreditaciones de calidad externas y objetivas.

La incertidumbre en el financiamiento institucional puede afectar la calidad de las instituciones. En las últimas semanas ha estado presente la discusión del financiamiento y costos de la política pública de gratuidad, focalizada en los estudiantes más vulnerables. La introducción progresiva de la gratuidad, tiene por objetivo avanzar en inclusión e igualdad de oportunidades, lo que se aplaude y apoya desde la UC. Sin embargo, esta política produce un déficit financiero importante a las universidades de mayor calidad.

La gratuidad debe planificarse en base a costos reales de manera de no poner en riesgo la calidad de sus proyectos educativos e impactar de manera negativa en la formación de los estudiantes, en la investigación, generación de nuevo conocimiento y en su entrega a la sociedad. Priorizar la calidad, ampliando la inclusión y nuevas oportunidades para los estudiantes debe ser un desafío del país. Esto es lo que soñamos y por lo que debemos trabajar.