EN CHILE existen 92.601 niños y adolescentes bajo la protección del Estado, 8.326 de los cuales viven en residencias, 7.307 de ellos en centros administrados por las llamadas OCAS (Organismos Colaboradores de Sename) y el resto en 10 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) en todo el país. En un Cread, el tristemente célebre Galvarino, murió la niña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril 2016, sumándose a la luctuosa cifra de 1.313 muertos del Sename en los últimos 10 años.
Lissette está muerta. Las señales de alerta que, en 2013 levantó el Poder Judicial, a través del informe de la jueza de familia Mónica Jeldres y la Unicef ese año, no lograron salvarla. Tampoco el que elaboró la Comisión de la Cámara de Diputados, llamado Sename I, que se dio a conocer cuando ella aún vivía, y menos el conocido como Sename II, que fue rechazado por el Parlamento.
¿Cómo el Estado chileno y la sociedad en su conjunto hemos permitido que nuestra infancia más vulnerable viva en esta indefensión? ¿Quién es el responsable? Aunque suene poco popular decirlo, la respuesta no es únicamente el Sename. Sostener eso, sería simplista. El Sename, como ha dicho nuestro director social Paulo Egenau, es el síntoma, no la enfermedad. Estas situaciones dramáticas, penosas, injustas, son consecuencia de una institucionalidad precaria, de un organismo anticuado, de la inexistencia de una ley que garantice los derechos de la infancia y de un presupuesto miserable que está lejos de cubrir las necesidades de protección y reparación de niños y adolescentes.
Es urgente la aprobación de la ley de garantía de derechos de los niños, que cree un sistema de protección integral. Si tuviéramos ese marco jurídico, este tipo de situaciones no sucedería, porque el Estado estaría obligado a responder por los derechos humanos vulnerados, no solo de los niños declarados en protección por los Tribunales de Familia, sino de aquellos que están desescolarizados o institucionalizados de manera injustificada.
Es indispensable que las residencias de protección y los programas preventivos cuenten con servicios profesionales, serios, multisectoriales, inteligentemente coordinados, basados en evidencia internacional probada. Y para esos estándares y exigencias se necesita financiamiento, el que hoy está lejos de cubrir lo mínimo. El informe Sename II dice: "En promedio, la subvención (para los Organismos Colaboradores de Sename) adolece de un déficit de 40 por ciento en relación con lo que gastan los hogares.
Todos los hogares de las instituciones colaboradoras operan en forma deficitaria en relación con los recursos económicos que entrega el Sename". En efecto, una subvención promedio de 260 mil por niño para una residencia, es absolutamente insuficiente para un costo promedio real por niño de 660 mil pesos.
En el Hogar de Cristo hemos estado trabajando desde hace más de un año con 46 especialistas en una propuesta técnica de residencias para niños profundamente vulnerados en sus derechos. Es un trabajo que daremos a conocer en detalle en octubre y que esperamos poner en práctica en 2018 en dos proyectos de residencias piloto. Son 90 las recomendaciones concretas, precisas, en base a la evidencia internacional, coincidentes con algunas de las que detallaba el Informe Sename II, ese que fue rechazado por nuestros diputados.
