LA SEMANA pasada el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), presentó un proyecto de ley que pretende regular las diversas aplicaciones que permiten coordinar y acordar servicios de transporte entre privados. Muchos identifican este tipo de servicios con la aplicación Uber, la cual hace un par de meses se masificó gracias a la notoriedad que le dieron las polémicas declaraciones del ministro y protestas del gremio de los taxistas, atizada además por la creciente tasa de desempleo en las clases medias. Pero más allá de Uber, también existen otras aplicaciones como Cabify, otras de uso exclusivo para taxis de techo amarillo como SaferTaxi, e incluso varias plataformas de estudiantes universitarios para compartir viajes.

Como era de esperarse, nuestra legislación no estaba preparada para estas tecnologías disruptivas que cambiaron el paradigma de una industria regulada y fueron rápidamente adaptadas por miles de usuarios antes que el regulador siquiera lo previera. En este sentido, se entiende la urgencia de legalizar y regular su funcionamiento, de manera de garantizar un mínimo de seguridad y control, al tiempo de recaudar los impuestos que cualquier transacción así lo justifique. El problema radica en que un ministerio que debiera estar atento a los rápidos avances de las tecnologías, ha optado por limitar con criterios de siglo XX una industria que ya cambió para siempre.

Para explicar en corto el problema, el MTT en lugar de "Uberizar" a los taxis, tal como lo han hecho exitosamente en Nueva York y otras grandes ciudades, ha optado por solidarizar con el gremio monopólico de los techos amarillos y "taxear" a los Uber. Por taxear no sólo me refiero a exigir que los choferes de Uber cuenten con licencias adecuadas para transporte de pasajeros, vehículos de cierta cilindrada o prestaciones, sino además incluir nuevos impuestos como tarifas por km recorrido, cuotas de km e impuestos que irían directamente a los taxistas tradicionales, algo que bordea lo inconstitucional.

Las contradicciones del MTT son mayores cuando eliminan la posibilidad que dos o más usuarios compartan el mismo viaje, conocido internacionalmente como car-sharing, opción vigente en servicios como Uber-pool y que el regulador ahora limitaría solo al uso exclusivo de taxis colectivos. En otras palabras, un ministerio que debería desincentivar el uso del automóvil regula en contra de un sistema que opera en base a la demanda y que permitiría que varios usuarios vecinos compartan el viaje en un mismo vehículo.

El proyecto de ley exige que todas las aplicaciones que consideren servicios de transporte de pasajeros entre privados estén debidamente inscritas en un registro, y pongan a disposición del regulador la data de viajes y usuarios. Aquellos que no lo hagan serán penalizados e incluso se amenaza con bloquear el acceso a estas aplicaciones en la web. ¿Estamos en Chile o China? Esto ya no es intervenir o regular un mercado imperfecto, sino la amenaza de restringir libertades constitucionales y terminar censurando aplicaciones que han probado generar grandes beneficios sociales y ambientales.

Nuevamente un Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que debería adelantar tendencias y preparar a nuestro país para los desafíos del futuro termina regulando en contra de sus propias convicciones y en favor de los gremios del pasado. ¿Falta de agallas o negligencia? Eso está por verse, pero de lo que estoy seguro es que estas fuerzas de cambio son inevitables, y es mejor conducirlas con creatividad y sumando a todos los actores, taxistas y uberistas, antes que pretender oponerse a un futuro que ya es presente.