Tras la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile de demandar al Estado por haberla privado de los recursos que le correspondían por concepto de Aporte Fiscal Indirecto (AFI), se ha manifestado de manera más explícita el conflicto interno del Cruch, entre las universidades estatales y las privadas miembros de este consejo, denominadas "G9". Se han acusado de poco amistosos, de incumplir acuerdos, generar quiebres, dobles discursos, lo que ha terminado con el G9 en "estado de reflexión" y las estatales llamando a la paz tras salir de una reunión a puertas cerradas con la Presidenta de la República. Las declaraciones cruzadas entre universidades del Cruch ocupan hoy el centro de la discusión pública respecto a la reforma.
¿Qué consecuencias tiene este conflicto para la educación superior chilena? Intentaré argumentar que muy pocos.
En primer lugar, los conflictos internos del Cruch (al menos los que se publican en la prensa) tienen una sola causa: acceso a recursos públicos en beneficio exclusivo de sus propias instituciones. Mientras que las universidades estatales piden más recursos, el G9 pide al menos lo mismo que las estatales. Mientras que las privadas del Cruch piden ser tratadas como iguales, las estatales piden un trato preferente. Mientras que las estatales argumentan ser las únicas verdaderamente públicas, las privadas del Cruchinsisten en llamarse "públicas no estatales". Pero todos estos conflictos (que no son nuevos) se han solucionado siempre de la misma manera: manteniendo el estatus quo y mejorando la condición de todas por igual. Y no les ha ido mal, si se considera que estas universidades representan el 27% de la matrícula total del sistema, y se quedan con 44% de los recursos fiscales para becas y créditos del sistema y 95% de los fondos fiscales directos, lo que no parece un mal trato. Lo que desestabiliza este escenario es que las universidades estatales no quieren perder la oportunidad que les ofrece esta reforma para "dar el salto" y obtener un claro trato preferente que las separe del G9. ¿Cómo afecta este conflicto a los 522.000 estudiantes de pregrado que estudian en IP y CFT? En nada.
En segundo lugar, este conflicto parece ser la proyección de una poco emocionante lucha de gladiadores entre los rectores de las dos mejores universidades del país. Ambos se enfrentan por el liderazgo del sistema universitario del país, mostrando todas las charreteras, chapitas, rankings, premios nacionales e inmemoriales fechas de fundación que sean necesarias. Pero la verdad es que estas instituciones no son representativas ni del resto del Cruch, ni del resto del sistema universitario. Son, con todo su mérito, excepcionales. Y por lo tanto, su acuerdo o desacuerdo con la reforma es en gran medida irrelevante para el resto del sistema, que tiene problemas de otro orden. Los estudiantes que más necesitan la ayuda del Estado no están matriculados ahí. Nuestro problema generalizado de calidad tampoco las afecta (de hecho, el sistema de acreditación vigente les da amplio espacio para la autocomplacencia). Vale también recordar que se ubican en Santiago, cuando sabemos que hay amplias necesidades en las regiones.
El verdadero problema es que el Ministerio de Educación parece estar demasiado preocupado de este conflicto entre particulares. Las indicaciones que buscan solucionar el rechazo transversal del proyecto de educación superior se basan, justamente, en un protocolo de acuerdo con las universidades del Cruch. Se ha escuchado poco al resto de las instituciones, como si sus puntos de vista e intereses fueran irrelevantes para la política pública. Se trata de instituciones valiosas, cuyos proyectos educativos, reflejos de la diversidad de la sociedad civil chilena, generan bienes públicos, hacen investigación, impactan en sus comunidades locales y enriquecen el acervo cultural del país. Lo más riesgoso es que el gobierno, literalmente, sustituya la discusión sobre la educación superior con una discusión respecto al futuro del Cruch, lo que no es ni justo ni conveniente para los 865.000 estudiantes que no asisten a estas universidades, que equivalen a nada menos que al 73% del sistema.
