La reforma a la educación superior, tanto la glosa presupuestaria de la gratuidad y el proyecto de ley, pronto será objeto de indicaciones. Según se prevé, los cambios propuestos no alterarán el corazón de la transversalmente criticada iniciativa. El protocolo que acordó el Ministerio de Educación con el CRUCH tiene un solo tema y un solo resultado: asegurar y aumentar el histórico botín del CRUCH. Las instituciones beneficiadas incluirán ahora cuatro universidades con tres o menos años de acreditación, una más que el año anterior. Por otro lado, la Ministra de Educación comunicó ayer que el déficit agregado de las universidades adscritas a la gratuidad superará los 18.000 millones de pesos.
Es curioso que frente a este panorama, los académicos no hayan reaccionado de forma organizada. Según datos del Consejo Nacional de Educación, el 2015 el sistema universitario contrató 18.900 académicos de jornada completa, 7.100 de jornada media, y casi 40.000 docentes contratados por hora. No se trata de un grupo reducido.
Llama la atención que este grupo, al menos los que se dedican tiempo completo, no haya manifestado públicamente una legítima preocupación por la sustentabilidad financiera de las instituciones donde se desempeñan, considerando que en promedio, sus remuneraciones constituyen el 32% de los gastos totales de las universidades acreditadas. Quizás los académicos de las universidades estatales pueden estar tranquilos que sus instituciones serán, como siempre, tratadas preferentemente por el Estado y mantendrán sus privilegios. Pero los que pertenecen a las privadas del CRUCH no cuentan con esta garantía, y repetir con optimismo y fe el mantra de "universidad pública no estatal" no cambiará este escenario. De todas formas, cualquier académico que haya estado pensando en pedir un merecido aumento de sueldo, armar un nuevo equipo de investigación, realizar trabajo de campo u organizar una conferencia internacional, probablemente tenga una respuesta negativa y permanente.
Los académicos de las universidades privadas fuera del CRUCH enfrentan un escenario diferente. Las señales por parte del Ministerio de Educación no son muy prometedoras: sus planteles han sido calificados de "chantas" y "colados", han sido permanentemente hostigados con investigaciones por lucro a pesar de que las sucesivas instancias nunca han arrojado nada, han sido excluidas deliberadamente de las reuniones con el Ministerio, y despojadas unilateralmente del único aporte basal por el cual competían año a año, el AFI. Partidos políticos de gobierno han declarado que es necesario que las universidades del Estado alcancen el 50% de la matrícula nacional a costa de las universidades privadas. Sin embargo, mientras no adscriban a la gratuidad de la glosa presupuestaria y no se apruebe la reforma, estas universidades podrán mantener su calidad y por lo tanto, los ambientes de trabajo de sus académicos.
Con este panorama, es legítimo preguntarse por qué los académicos no han reaccionado ante la reforma. Es posible suponer que algunos de ellos comulgarán con las ideologías detrás de esta, pero es dudoso que apoyen la forma en que se ha llevado a cabo, en particular el daño que hace a sus instituciones. El proyecto de ley hace prever que el daño se profundizará en el futuro, reduciendo también la diversidad de los proyectos y la autonomía de las universidades.
