La jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional dice que todos los intentos por destituir parlamentarios han sido rechazados. Ese precedente se pondrá a prueba este año. Estos son los magistrados que resolverán la controversia y así se distribuyen las fuerzas en el pleno.
El partido acusa la vulneración del artículo 60 de la Constitución y pedirá que la hija de Salvador Allende pierda su escaño. También planean ir tras la responsabilidad constitucional de la ministra Fernández. En paralelo, la UDI redacta otro requerimiento, que ingresaría en los próximos días.
El Presidente Gabriel Boric quiso honrar al exmandatario Salvador Allende, pero una cadena de errores, protagonizada por al menos una docena de abogados, terminó sepultando de la peor forma posible la intención del gobierno de preservar el legado de la histórica figura del PS. Así fue la cronología de la fallida adquisición de la residencia de Guardia Vieja que tiene a una de sus hijas, la senadora Isabel Allende, en la cornisa.
La operación no implicaba un solo acto administrativo, sino que dos, y en dos tiempos distintos. El primero requería de un decreto supremo para dar luz verde a la celebración del contrato entre la familia y el Fisco. El segundo -que no alcanzó a ocurrir- exigía un nuevo acto administrativo, también afecto a la revisión del ente contralor, para aprobar la compra después de suscribir el contrato ante notario e inscribir la propiedad a nombre del Estado. La primera parte de este polémico proceso marcó el debut de Víctor Merino, el nuevo subcontralor.
El exministro del Tribunal Constitucional hasta 2022 cree que el caso de la compraventa parte cuesta arriba para una de las figuras más emblemáticas del PS. A su juicio, al haber firmado el contrato se configura la causal del artículo 60 de la Constitución. Además, hace un llamado al pleno que deberá resolver este requerimiento: "Espero que este TC por primera vez haga carne el ejercicio de ingratitud con quienes los nombraron".
En el oficialismo y sectores del gobierno apuntan a la abogada como una de las responsables del "bochorno", quien es especialista en derecho público. Ella es quien debe cuidar la legalidad y constitucionalidad de los decretos que firma el Presidente. Pese a las recriminaciones internas, desde ese ministerio insisten en que la responsabilidad es de Bienes Nacionales.
El máximo tribunal quiere dejar atrás la tormenta, recuperar la normalidad y sepultar el que -dicen en sus pasillos- fue su peor año en sus más de dos siglos de historia. Para eso se propuso pasar a segunda línea, evitar los escándalos y bajar la tensión con el Congreso. Aún con cuatro cupos vacíos, tras el fin de la poderosa era de Sergio Muñoz, los supremos han ido reconfigurando los grupos de poder.
Bárbara Figueroa llamó a no generar una "expectativa irreal" respecto del proyecto de pensiones, y admitió que terminar con las administradoras de fondos está fuera de la mesa. En el Frente Amplio, eso sí, insisten en empujar la separación de la industria, algo resistido por senadores del PS.
La exalcaldesa dejó atrás su silencio estratégico y anunció que comenzará a reunirse con economistas y expertos para incidir en las negociaciones por la reforma previsional. Su paso al frente eleva la presión a los senadores de Chile Vamos que están negociando el acuerdo con el gobierno, en medio de una fuerte disputa al interior de la derecha luego de una arremetida del Partido Republicano.
El último comité central de la colectividad estuvo marcado por la preocupación de sus militantes por una reforma previsional que, tal como está la negociación en el Senado, no toca la industria ni la propiedad de las AFP. La preocupación es el reflejo de algo más profundo y que, en realidad, ha atravesado varios temas de lo que se supone era la ambiciosa agenda con la cual conquistaron La Moneda en 2021.
En una resolución dividida, la mayoría del tribunal estimó que pese a que La Moneda no adjuntó toda la documentación requerida en esta parte del proceso e incurrió en un error de forma, el vicio no era suficiente para dejar caer el intento del gobierno para impugnar 14 glosas. La decisión fue parcial ya que hubo algunas normas, como una que estaba vinculada a la Ley Aula Segura, que quedaron fuera.
La Moneda hizo un cambio en su equipo judicial, que estaba previsto de antes, para revertir la decisión y fichó al exministro del TC Gonzalo García. El asunto será tratado sin alegatos en el pleno citado para este jueves. De fondo resuena el precedente de 2021, cuando el mismo organismo encargado de velar por la Constitución le dio un portazo al requerimiento del expresidente Sebastián Piñera en contra del tercer retiro de las AFP.
Por primera vez en mucho tiempo, la centroizquierda no cuenta con figuras competitivas que estén dispuestas a enfrentar una elección presidencial cuesta arriba, y en forma privada los partidos han empezado a explorar salidas. "Al igual que la selección chilena, hoy están todos con la calculadora en la mano y antes de marzo nadie se va a tirar a la piscina”, señala Camilo Escalona.
El acceso total a los dispositivos electrónicos de abogados -como el de Luis Hermosilla, Manuel Guerra o el del exasesor de los diputados PS Enrique Aldunate- revivió un duro dilema jurídico: ¿Hasta dónde puede hurgar un fiscal cuando quiere investigar un delito a través de evidencia que goza de una reserva especial? El asunto preocupa al gremio y, con los avances tecnológicos, las clásicas interrogantes que rodean al mundo judicial se han hecho más complejas, al punto de que el Ministerio Público ha ido sumando fuertes cuestionamientos a su labor.
Cuando a fines del año pasado el gobierno quiso estudiar los factores que determinan el respaldo o la desafección con el Presidente, la Secom dio con un hallazgo que se ha encargado de transmitir en La Moneda, pero también en los partidos. Dicho análisis detectó que la fiel base de apoyo del Mandatario, luego de un cambio biográfico en sus vidas, se termina alejando de la figura presidencial.
