El exejecutivo de mayor rango en Larraín Vial involucrado en el caso del fondo Capital Estructurado testificó esta semana nuevamente. Respondió declaraciones de Daniel Sauer en la causa y dijo que Álvaro Jalaff ofreció a Larraín Vial entrar a la propiedad de grupo Patio. Bulnes, quien será formalizado este lunes, insistió en su inocencia y en que Larraín Vial fue utilizada y engañada en la creación del fondo. “Nos ocultaron información muy seria”, aseguró.
Aunque existían otros dos ofrecimientos, la ahora excontroladora aceptó la oferta que hicieron en conjunto el grupo que posee clínicas en Providencia y Maipú y el conglomerado financiero de la familia Davis. Indisa no será controlador ni operará la clínica. El mismo viernes cambió el directorio presidido por el exgerente de Banmédica Carlos Kubick.
El presidente del grupo financiero envió una carta a los 1.000 empleados del grupo, a raíz de la formalización de ocho ejecutivos de Larraín Vial programada para el lunes 13 de enero. "Ser acusado injustamente y con exposición mediática, es un castigo que nadie merece", escribió el empresario. "Los ocho cuentan con el respaldo de Larraín Vial", remarcó.
Luis Flores declaró este martes nuevamente ante la Fiscalía y apuntó al papel de Larraín Vial Activos. A su juicio, la gestora fue "cómplice" de Antonio Jalaff para perjudicar a los aportantes que llevó la corredora al fondo Capital Estructurado I. En respuesta, Larraín Vial acusó a Flores de "mentiras deliberadas"
En octubre de 2023, el grupo de medios estadounidense cerró la venta del 27,5% de Megamedia al grupo local Bethia, participación que le había comprado al mismo conglomerado de la familia Heller Solari en 2016. Su filial chilena sólo se quedará con un capital de US$2,4 millones.
La presidencia del holding es ocupada hoy por Marcelo Castillo Agurto, un chileno que no vive en Chile desde hace años y que es un antiguo ejecutivo del grupo Enel. Su designación en abril de 2024 rompió la tradición de presidentes bien contactados, con redes e influencias locales. Pero esa nominación era entonces considerada como transitoria. Desde Enel dicen que no hay una búsqueda formal. Pero en la industria, donde el ruido es torrentoso, la consideran inevitable.
El organismo dijo que en caso de inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, esta debe ser reemplazada por el subsecretario o su subrogante. Como el primero se inhabilitó, correspondería al jefe jurídico de la cartera. Medio Ambiente dijo estar estudianto el dictamen.
La alianza entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el litio en el salar de Atacama hasta 2060 se firmó el 31 de mayo. Aquí el presidente de la estatal, que controlará la nueva empresa a partir de 2031, explica lo que viene en el negocio del año, responde críticas y se felicita por el acuerdo. “Esto es lo más importante que he hecho en mis 50 años de vida profesional”, señala.
El ingeniero comercial volvió de emergencia a Larraín Vial, donde trabajó tres décadas, tras el golpe reputacional sufrido por el caso Factop. Aquí habla sobre cómo se gestó el fondo por el que formalizarán a ocho ejecutivos del grupo y en el que, acusa, fueron engañados por la corredora STF, Daniel Sauer, los hermanos Jalaff y Cristián Menichetti. “STF era un nido de víboras, un nido de pillos”, dispara. Barros exculpa a los ocho de Larraín Vial, aunque dice que quizá se cometieron errores de criterio: “Yo conozco a las personas involucradas, fui su mentor, su jefe: ninguno participaría en un acto ilegal o ilegítimo”.
Los fiscales Felipe Sepúlveda, de Las Condes, y Juan Pablo Araya, de Alta Complejidad de la Metropolitana Oriente, explican aquí por qué pidieron la formalización de trece personas, entre ellos, ocho ejecutivos de Larraín Vial. En este caso, apuntan al fondo Capital Estructurado I, lanzado en enero de 2023 para canjear deudas de Antonio Jalaff y administrado por Larraín Vial. “Hay un conocimiento mayor al que han declarado las personas que intervinieron tanto en la creación como en la administración del fondo”, explican.
Ambas partes, la china Joyvio y el empresario Isidoro Quiroga, han acompañado informes legales a los juicios arbitrales y penales, pero también estudios económicos. Varios nombres conocidos aparecen en esos informes: exministros, economistas, consultores y un ex presidente de Codelco.
La futura formalización de ocho de sus ejecutivos y los reproches de la CMF llevaron al grupo a introducir grandes cambios. La gestora renovó el directorio completo de su filial Larraín Vial Activos AGF, implicado en el escándalo, y fichó el retorno de José Miguel Barros, ex director de finanzas corporativas del grupo, como presidente. Los cinco directores y el gerente general renunciaron, dijo la firma, para abocarse a su defensa legal. La gerencia general la asumió Juan Pablo Flores.
La gestora anunció una medida que venía estudiando desde hace tiempo: comprar a un grupo de aportantes, principalmente personas naturales, las cuotas que adquirieron de un fondo que administraba Larraín Vial, pero que agrupó las deudas de Antonio Jalaff. Larrain Vial ofrecerá pagar cerca del 70% del valor de inversión inicial de cada inversionista, quienes llegaron a través de la corredora STF. Entre ellos, 23 personas que se querellaron en septiembre.
La empresa, que sostiene que no tuvo participación en las irregularidades asociadas al Fondo Capital Estructurado I, se comprometió a comprar las cuotas serie B "de los aportantes del Fondo que no sean inversionistas institucionales y que se han visto afectados por el actuar de STF y otros terceros". El fondo, que agrupó desde enero de 2023 las deudas de Antonio Jalaff, era administrado por LarrainVial, pero la corredora de bolsa STF incorporó inversionistas no calificados a ese vehículo.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acogió parcialmente la demanda de Interconexión Eléctrica (ISA) contra el Estado de Chile por la negativa de prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico. El tribunal condenó a Chile a pagar unos US$ 16,5 millones, más intereses, aunque la empresa había solicitado US$ 230 millones. La disputa se originó en retrasos atribuidos a actos de violencia en La Dormida y problemas administrativos. Chile argumentó que ISA asumió esos riesgos conforme a las bases del contrato.
