Dado que no es viable expulsar a decenas de miles de personas, el plan del gobierno para una regularización parece inevitable. Pero para ello debe dar plenas garantías de un control efectivo de la frontera, algo en lo que aún hay dudas.
Las cortapisas que distintos sectores están colocando, a lo que se suma la ausencia del gobierno, abren dudas sobre la voluntad de sacar adelante cuanto antes una reforma que aborde sobre todo la extrema fragmentación de nuestro sistema político.
