Karinna Fernández, abogada de DD.HH.: “Al incautar el celular de un abogado, el Ministerio Público está eludiendo su responsabilidad justo en la semana en que se descubrió que un fiscal filtraba información a la Armada”

La noticia se expandió con la velocidad de aquellos acontecimientos inusuales que impactan la agenda de los medios de comunicación. La Fiscalía Occidente había conseguido una orden judicial para incautar el celular del abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, y allanar su oficina, luego de que la abogada de su estudio María Cristina Barrientos lo denunciara en el denominado “caso filtraciones”. La mujer, egresada de la Universidad Adolfo Ibáñez y exintegrante del grupo Ideas Republicanas, había acudido al Ministerio Público para acusar a su jefe de que quería entregar el expediente del “caso Audio” -que involucra al abogado Luis Hermosilla- a una periodista de un medio de comunicación. En menos de 24 horas, la diligencia intrusiva del caso filtraciones... se filtró.

La situación generó inmediata reacción en el mundo judicial y el político. Y es que Aldunate representaba en esa investigación a los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini. La primera medida adoptada por la colectividad fue remover al abogado de su labor en el Congreso.

Al interior del Ministerio Público no pocos investigadores relevaban lo “desmedido” de la acción. Sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un abogado que no es funcionario público y que -según la orden de incautación que fue publicada por el equipo de investigación de Radio Biobío- la presunta “entrega” del expediente del caso nunca se concretó. Aun así la autorización judicial, además, le permitió a la fiscal Paulina Díaz realizar una entrada y registro al estudio Zúñiga, Campos Abogados, donde trabajaban hasta hace poco Aldunate y la propia denunciante.

En medio de voces que hablan de una operación política (descartada por la timonel del PS Paulina Vodanovic), la experta en Derechos Humanos, abogada Karinna Fernández, salió a defender a Aldunate y a cuestionar en duros términos la performance del Ministerio Público en este caso en particular.

Fernández, quien ha llevado juicios internacionales en la defensa de derechos fundamentales, asegura que “el Ministerio Público está dando una muy mala señal”.

“La criminalización de actores no estatales, como es el caso del abogado Enrique Aldunate, respecto al tema de filtraciones de antecedentes cuya reserva solo compete a actores estatales, como son los fiscales del Ministerio Público y las policías, puede dañar seriamente la libertad de expresión”.

¿Por qué cree que puede suceder eso?

Llama la atención la premura con la que se realizan diligencias de carácter, además, intrusivo, cuando se trata de actores no estatales, mientras durante años no hemos visto ninguna actividad realmente relevante respecto al rol del Ministerio Público en estas filtraciones y una autocrítica respecto de su propia responsabilidad como actor estatal, llamado a responder frente a situaciones de esta naturaleza. O sea, el primer responsable no puede ser, en el contexto de estas investigaciones, los actores que nosotros denominamos en el derecho internacional como “no estatales”.

¿Cree que esto generará un efecto?

Acá hay una estrategia detrás donde claramente se genera un efecto intimidador para el ejercicio de la libertad de expresión y de quienes participamos, además, de los distintos procesos judiciales en un país, además, donde la transparencia, en realidad, es lo que debe guiar en estos procesos penales.

A su juicio, ¿comete delito aquel abogado que entrega información de un caso?

Creo que no, ya que el delito de revelación de secreto recae en aquellos actores estatales. Es ahí donde tiene que estar la primera responsabilidad y las primeras líneas de investigación respecto de filtraciones que además vienen hace mucho tiempo y que han caracterizado no solamente esta época sino que la reforma procesal en su conjunto. ¿Pero hemos visto este nivel de diligencia o rapidez o, incluso, medidas intrusivas para despejar si quien está detrás de una filtración es un fiscal o un policía? Más bien parece que esta es una jugada del Ministerio Público para sacar de encima aquellas críticas, que ya estaban viniendo de otras autoridades, por la poca protección de sus investigaciones.

¿Ve una estrategia detrás?

Sí, y me parece una forma riesgosa de la fiscalía de eludir responsabilidades. Al incautar el celular de un abogado privado, el Ministerio Público está eludiendo su propia responsabilidad, y ojo que esto ocurre justo en la semana en que se descubrió que un fiscal filtraba información a la Armada, que le facilitaba sus claves para que personal de Inteligencia de esa rama de las Fuerzas Armadas pudiera revisar el sistema interno. La gravedad de eso queda opacada por esta situación insólita que hemos conocido esta semana.

¿Usted pone a un abogado querellante en una categoría distinta al funcionario público?

No lo hago yo, está en la ley. Acá la primera responsabilidad, y la primera respuesta y la garantía además de protección frente a las investigaciones, la tiene que tener el ente investigador, en este caso el Ministerio Público. Querellantes institucionales, como el CDE o el INDH, también tienen un carácter distinto, y es innegable que un actor privado, como es el caso del abogado que está siendo investigado, claramente, está en otra categoría.

¿Cuál?

Pienso que si el abogado tiene acceso, por ser parte del proceso, es parte de la libertad de expresión difundir lo que entiende que es de interés público y que no tenga una reserva adicional, como son aquellas leyes especiales, que tampoco es el caso. Y puede hacer eso, sin importar el motivo, por ejemplo el interés de su cliente. Lo clave en todo esto es si accedió en forma legal o no a esos antecedentes, y en el caso de Aldunate accedió de la forma en que acceden todos los intervinientes: pidiendo copias al Ministerio Público.

Él de inmediato fue marginado de su trabajo en el PS. ¿Qué le parece eso?

Es un poco lo que te decía, la criminalización que está haciendo la Fiscalía para la libertad de expresión es peligrosa, y también para nosotros que somos actores del sistema. Ahora todos creeremos que por compartir información en el ejercicio legítimo de los medios para informar podemos ser perjudicados. El efecto es intimidatorio y va en contra de la transparencia y publicidad de los procesos penales. O sea, en las primeras líneas de investigación se descarta la participación del Ministerio Público. Recordemos que en esa causa las filtraciones vienen de antes de que este abogado o cualquier otro accediera, pero ahí los fiscales trabajan con más tiempo, sin celeridad. Por eso es que es tan patente la estrategia de elusión de sus propias responsabilidades en una semana donde el tema debería ser por qué un fiscal del Ministerio Público le entrega claves a Inteligencia de la Armada.

¿Por qué cree que es importante entregar este foco?

Porque a este abogado nadie, al parecer, lo ha salido a defender y me parece que lo que está en juego acá es un derecho fundamental a la libertad de expresión, que nos protege a todos y que no puede homologarse a la responsabilidad de agentes del Estado. Hay investigaciones, como el caso Topógrafo, incluso el propio caso Hermosilla, que sin filtraciones quizás nunca habrían avanzado a como lo hemos visto ahora. Al final, la Fiscalía nos termina intimidando a todos los que tenemos rol de intervinientes en muchas causas de interés público. Se están lavando las manos y hay un silencio inquietante alrededor.