Oficialismo sube presión para que remuevan a Leonardo Moreno por su rol en la compra de la casa de Allende

A 40 días de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric echara pie atrás en la compra de la casa de Salvador Allende -por $933 millones-, el malestar del oficialismo por la gestión del Ejecutivo está lejos de disiparse.

En La Moneda optaron por retrotraer la transacción, luego de darse cuenta de que era a todas luces inconstitucional, pues la ley impide que la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y la senadora Isabel Allende (PS), ambas propietarias del inmueble, concreten negocios con el Estado. Por el bochorno, quien pagó los costos políticos, hasta ahora, fue la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA).

Sin embargo, en Palacio reconocen que hay otro rostro que ha quedado expuesto tras la crisis: el encargado del seguimiento de compromisos presidenciales del Segundo Piso, Leonardo Moreno (independiente), quien monitoreó la transacción con la familia Allende desde la Casa de Gobierno.

Contra él han empezado a cargar distintas autoridades de la coalición gobernante, ya que pasó por alto la evidente ilegalidad que implicaba el contrato por la casa de Allende, al igual que otros personeros del Ejecutivo que estuvieron presentes en la cadena de errores.

Las críticas en su contra se intensificaron este miércoles, luego de que Ciper diera cuenta de que a Moreno llegaron alertas de Bienes Nacionales y de Cultura, que no solo apuntaron a advertencias sobre el efecto político y comunicacional que significaría concretar la compra de la casa -como dio cuenta este medio-, sino que también se le alarmó por un posible conflicto de interés.

En esa línea, el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo a La Tercera que “la pega que deben hacer quienes están en el equipo ejecutivo de La Moneda es justamente alertar de situaciones que no están cumpliendo con el Estado de Derecho. Si eso no se hace es un incumplimiento grave, una desatención y falta de prolijidad de no cuidar el valor de la Presidencia”.

En la misma línea, el representante de la Región del Biobío agregó que esto “justamente tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos, pero estos deben estar dentro del Estado de Derecho, y si no es así se tiene que decir que no, porque no se puede exponer a la figura del Presidente a un estruendoso fracaso como este y a una falta tan grande. No puede ser un equipo tan light, deben entender que están trabajando en La Moneda. Moreno tiene su jefe y este tendrá que tomar la decisión pertinente, porque creo que así tampoco se puede seguir”.

El jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, aseveró que “tal como he señalado en ocasiones anteriores, me parece que todas las personas que tuvieron que ver con la revisión de antecedentes, con que el proceso siguiera adelante, tienen que asumir la responsabilidad administrativa o política que les corresponda según sea el caso”.

La jefa de bancada de los independiente-PPD, Camila Musante, apuntó en la misma dirección y afirmó sobre el abogado de 65 años -que llegó al equipo de Miguel Crispi en 2022- que “el hecho de que uno de los asesores del Segundo Piso haya pasado por alto observaciones que se realizaron en este proceso es grave. Su rol, justamente, era hacer seguimiento del proceso y evaluar las consecuencias políticas de esta compra, más allá de las jurídicas”.

El diputado del Partido Comunista Boris Barrera dijo que “si se logra esclarecer que hubo advertencias tan claras de que esto no se podía llevar adelante porque había problemas jurídicos -pero que también derivan en problemas políticos-, creo que esos responsables debieran sin dudas dar un paso al costado. Dejar al gobierno expuesto de tal manera es algo sumamente irresponsable”.

Jaime Mulet, diputado y abanderado presidencial de la FRVS, comentó que “creo que el gobierno debe ser muy estricto con los que ‘meten la pata’. Pero llama la atención la subordinación de una ministra de Estado a un asesor del Segundo Piso”.

El diputado Héctor Ulloa (ind. PPD) afirmó que “desde que se dio a conocer la fallida compra de la casa de Allende sabíamos que acá había más responsabilidades políticas que solo la de la exministra Sandoval. Lo que es más grave aun es que expusieron al gobierno completo y al propio Presidente Boric. Espero que se cursen las responsabilidades políticas correspondientes para que el último año de gobierno el Segundo Piso esté enfocado en cumplir con el programa y no en apagar incendios políticos”.

Parte de la misma bancada, el diputado Cristián Tapia sumó sobre el otrora asesor del Mideplan en el gobierno de Ricardo Lagos, que “me parece muy delicada la información que ha salido los últimos días. Si él (Moreno) tomó la decisión de no detener esta compraventa que a todas luces era irregular, debe salir del Segundo Piso”.

Previamente, los diputados Jaime Araya (Ind. PPD) y Marcos Ilabaca (PS) ya habían apuntado a Moreno en conversación con este medio. El socialista, sin embargo, insistió con sus críticas este miércoles y solicitó la renuncia del abogado del Segundo Piso: “No puede ser que asesores de primera línea hagan que el Presidente y que el gobierno en general cometa un error (…). Creo que ellos deben dar un paso al costado”.

El senador Juan Luis Castro (PS) es uno de los dirigentes que matizaron el tono y apuntó a esperar el resultado de las investigaciones. “Me preguntaría en qué quedó el sumario que se instruyó internamente, porque esto debe deslindar responsabilidades, pues no todos tenían jerarquía. Es difícil adjudicar responsabilidades porque esto debe despejarse en un panorama más completo”, dijo el senador.

La misma idea defiende el diputado Tomás de Rementería, quien dijo que “obviamente todas las personas que participaron de esta transacción tienen que ser sujetas a saber qué decisiones tomaron, si ignoraron consejos de cosas que eran evidente. Pero obviamente, más allá de adelantar un juicio creo que debe analizarse bien si él participó o no de las transacciones y si sabía de los vicios de constitucionalidad que tenían”.

Cristóbal Barra, vicepresidente del PPD, apuntó en el mismo sentido: “La justicia deberá hacer su trabajo y determinar todas las responsabilidades legales que existan en este caso. En lo que toca a las responsabilidades políticas, estas ya se hicieron valer al pedir la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales. Si existen asesores que tendrían un rol importante en el error, bueno, eso deberá establecerlo la justicia”.