Cortes autorizan libertad condicional en 51% de las solicitudes

Ocurrió en 2016. Solo entre las cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso aprobaron la libertad condicional de casi mil reos. Este año el escenario cambió: entre ambos tribunales de alzada, este año se aprobó la salida de 668 reos para que cumplan su pena fuera de la cárcel. En Valparaíso, sin embargo, de todas maneras hubo críticas de parte de los alcaldes de algunas comunas de la región, quienes consideraron que la libertad de 414 reos en Valparaíso es "excesiva", pues se acogió un 78% de las solicitudes.

El proceso para otorgar la libertad condicional a los internos que lo soliciten, a través de Gendarmería, se inició en abril y hace dos semanas comenzaron a emitirse los resultados por cada corte del país. La Tercera elaboró un catastro nacional, a partir de lo comunicado por cada tribunal de alzada, contabilizando nueve cortes que otorgaron 1.622 libertades condicionales, de las 3.190 solicitadas.

Según estas cifras, comunicadas a la ciudadanía por el Poder Judicial, las nueve cortes de Apelaciones acogieron un 51% de las solicitudes, las que deben emitirse de acuerdo a una serie de requisitos por parte de los internos que quieran acceder a este beneficio.

De acuerdo con la ley que norma la entrega de las libertades condicionales, "todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional". Esto , siempre y cuando haya cumplido la mitad de la condena que se le impuso, tener conducta intachable en el establecimiento penal, haber aprendido bien un oficio, haber asistido con "regularidad y provecho" a la escuela del establecimiento.

Estos elementos deben ser informados por Gendarmería a la comisión de libertades condicionales de cada corte de Apelaciones, la que se integra por jueces. Esta instancia se conforma dos veces al año, en abril y octubre.

En cuanto a los requisitos, estos también varían dependiendo el delito por el cual fue condenado el reo. Por ejemplo, en el caso de condenados por homicidio, violación a menores de 14 años, parricidios, robos con homicidios y ese tipo de crímenes, deberán cumplir dos tercios de la sentencia ejecutada.

En el desglose por tribunales se puede observar que donde más libertades condicionales se pidieron fue en la Corte de Apelaciones de Santiago. Allí se solicitaron 1.223 de estos beneficios, otorgándose solo un 20% de estos requerimientos, lo que representa el porcentaje más bajo del país.

La porción de solicitudes aprobadas por la Corte de Santiago es la única que está por debajo del 50%. En ese sentido, después de la Corte de Concepción (ver nota secundaria), el porcentaje donde más libertades se acogió fue en el tribunal de alzada de Temuco. Allí se entregó un 75% de las 194 solicitudes para el beneficio.

Desde el Poder Judicial de Temuco explicaron, al salir estas libertades condicionales, que "el objetivo es lograr su reinserción social, aplicando la norma legal en base a los informes de conducta entregados por Gendarmería, acogiendo 145 solicitudes en total".

Para el senador Felipe Harboe (PPD), integrante de la Comisión de Constitución del Senado, esta instancia ya votó el proyecto que eleva el estándar para entregar la libertad condicional, sin embargo, aún no ha sido aprobado.

"El proyecto de ley que nosotros elaboramos contempla de manera más clara que la libertad condicional es un beneficio y no un derecho, lo cual cambia radicalmente la actual situación, porque al ser considerado un derecho, como ha hecho la Corte Suprema permanentemente, no se puede negar, salvo casos excepcionales". Añadió que "si usted lo considera un beneficio, ya puede negarlo perfectamente, porque es un beneficio y no un derecho".

El parlamentario también señaló que, entre otras modificaciones, es importante que el condenado pueda tener un programa de acompañamiento permanente: "Una persona que ha estado 10 años presos y que de un día para otro sale en libertad condicional, no sabemos si tiene redes de apoyo afuera, si va a encontrar trabajo o no, si volverá a delinquir o si tiene sed de venganza. Mientras no tengamos esto, soy más bien partidario de tener un sistema más mesurado de libertades condicionales".

El jefe de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, Rubén Romero, entregó una estadística sobre las libertades condicionales: "Su concesión es irregular y ha oscilado año a año. Por ejemplo, en 2010 se otorgaron 795, en 2011 sube 1.204, en 2012 llega a 2.276, en 2013 alcanza las 3.561, en 2014 baja a 3.352, en 2015 baja significativamente a 2.276 y solo en el primer semestre de 2016 alcanzó las 2.258. Lo anterior lleva a concluir que si bien existen requisitos objetivos en la ley para acceder a esta medida, su otorgamiento se realiza conforme a criterios subjetivos".

Agregó que "lo anterior redunda en la inexistencia de una política consistente de libertad condicional, que afecta no solo la necesaria igualdad ante la ley en el acceso a esta medida sino que también las expectativas de la sociedad en la utilización de la misma".

Desde el Ministerio de Justicia declinaron referirse a la posición que tienen sobre los estándares de las libertades condicionales. Por su parte, desde el Poder Judicial tampoco se logró tener una versión sobre las cifras nacionales.

Para el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, este beneficio penitenciario ayuda a la reinserción, aunque advierte que "para que la libertad condicional realmente contribuya a la seguridad pública, según la evidencia comparada, deben hacerse las siguientes modificaciones: clarificar los procedimientos para que no haya disparidad de criterios como las que se han visto con el paso del tiempo, o entre regiones".

Johnson propuso crear un sistema de pronóstico de reinserción social basado en una evaluación de riesgo de reincidencia, que el reo esté bajo el control de un delegado de Gendarmería, y asistir a programas de intervención pertinentes según sus factores de riesgo. También que se establezca el deber de fundamentación en el caso de otorgamiento o rechazo por las comisiones de libertad.