Carabineros: preinforme de comisión propone salida de Villalobos

Fue el 4 de abril cuando la Cámara de Diputados aprobó la comisión investigadora del fraude al interior de Carabineros. Fueron miembros del alto mando institucional, ex generales directores, fiscales del Ministerio Público, personeros de gobierno, de Contraloría y BancoEstado algunas de las autoridades que debieron prestar testimonio frente a los parlamentarios. Todo con la finalidad de determinar las responsabilidades políticas y administrativas de los estamentos vinculados a la malversación de $ 26 mil millones.

Ahora, las conclusiones finales quedaron plasmadas en un informe que debe ser votado por la instancia compuesta por los diputados Jaime Pilowsky (DC), Leonardo Soto (PS), Gustavo Hasbún (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Gonzalo Fuenzalida (RN), María José Hoffmann (UDI), Felipe Letelier (PPD), Fernando Meza (PR), Claudia Nogueira (UDI), Sergio Espejo (DC), Pedro Browne (Ind.) y Osvaldo Andrade (PS). La Tercera accedió al borrador con las propuestas que serán votadas durante la primera semana de noviembre, donde se establece una serie de medidas para evitar que ocurra este tipo de fraude.

Una de estas, que fue incluida por Leonardo Soto, estipula que el actual general director habría fallado en detectar la malversación. "Particular responsabilidad tiene el general Villalobos, quien además fue director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, repartición de la cual dependía el Departamento de 'Asuntos Internos' que debía detectar y combatir actos de corrupción funcionaria (...) Por todas las consideraciones anteriores, a juicio de esta Comisión se debiese hacer efectiva la responsabilidad política y administrativa que asiste al general Villalobos renunciando o siendo separado de su cargo en Carabineros", señala el documento. Agregan que también son responsables de no haber detectado este fraude los ex directores generales anteriores que ocuparon el cargo desde 2006: Eduardo Gordon y Gustavo González.

Lo mismo con los ex altos oficiales que se desempeñaron en la Dirección de Finanzas. "Son responsables de una negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no establecer sistemas de control efectivos para las operaciones, particularmente del sistema de pago de remuneraciones y desahucios, entre otros. La información disponible a la fecha identifica como responsables de esta negligencia a los generales que ejercieron dicho cargo Julio Pizarro e Iván Whipple, quienes se excusaron de asistir a la comisión". También mencionan a Flavio Echeverría, quien está detenido actualmente.

En la misma línea apuntan a la Subdirección General de la institución. "Les asiste a quienes ejercieron dicho cargo una responsabilidad jerárquica en cuanto no realizaron un control adecuado de esta Dirección (de Finanzas). Como superiores directos omitieron supervisar adecuadamente la ejecución de las tareas que a dicha repartición le competen, permitiendo con su falta de acción que este fraude se extendiera a lo largo del tiempo", estipulan.

Respecto de este borrador, que está siendo manejado con reserva, el presidente de la comisión, Jaime Pilowski, solo dijo que "hasta el martes los diputados tienen plazo para hacer propuestas. No hay decisiones sobre la materia".

Pero el punto sobre la petición de la salida de Villalobos será uno de los temas de discusión entre los parlamentarios. El diputado Browne indicó que "hay una responsabilidad política de Carabineros y del alto mando de la institución. De alguna manera cambiaban las personas que estaban a cargo de esos fondos, pero todo seguía ocurriendo. Prácticamente se transformó en un procedimiento dentro de la institución, una mala práctica". Sobre la renuncia de Villalobos, "tenemos hasta el lunes para analizar el texto y las observaciones que se harán, y una vez que esté el documento vamos a tomar la decisión el 6 de noviembre cuando votemos. Pero evidentemente que hay una responsabilidad política importante", señaló.

El diputado Gonzalo Fuenzalida manifestó que "no considero que el general Villalobos tenga responsabilidad en el fraude; al contrario, creo que ha colaborado y que lo que hizo fue transparentar todo lo que estaba sucediendo. Por eso no voy a respaldar que se apunte a él como uno de los culpables y que se le solicite que deje el cargo".

Una postura distinta tiene Leonardo Soto, quien indicó que "es ineludible establecer la responsabilidad política y administrativa de los que debían controlar a los oficiales de Intendencia, particularmente los generales directores, porque a ellos les corresponde la supervisión total de la institución, incluyendo los sistemas de control interno". Agregó que "en el caso del general Villalobos, a él le correspondió estar a cargo de los servicios de Inteligencia por más de un año, de lo cual depende el Departamento de Asuntos Internos que tenía la función de monitorear el comportamiento de funcionarios y que la institución no fuera infiltrada por organizaciones criminales, como pasó con esta red".

Finalmente, Marcela Sabat manifestó que "creo que el borrador tiene un nivel de acuerdo importante, y que en general se identifican los responsables y su participación. Sin embargo, deberíamos desarrollar una crítica a la forma como se reaccionó una vez desatada la crisis y a la implementación de las medidas comprometidas".

"Para los integrantes de la Comisión Investigadora, el Banco Estado actuó sin la diligencia debida al no ejecutar los controles necesarios y analizar la información de transferencias de remuneraciones de Carabineros, algunas de las cuales, de manera reiterada, resultaban absolutamente anormales, lo que debió ser detectado por los sistemas de control".

"No es posible determinar el adecuado uso o no de los gastos reservados. De esta forma y sin perjuicio de que la ley encarga a la Contraloría efectuar el examen de cuentas de ellos, queda claro para esta Comisión que aquello no es posible. Con todo, existía una laxitud en el número de reparticiones de Carabineros a las que se entregaba estos fondos".

"Se debe establecer un plazo de prescripción de cinco años para que la Unidad de Análisis Financiero pueda iniciar procesos sancionatorios, particularmente en lo que se refiere al 'deber de informar' de los sujetos obligados (...) Crear un sistema efectivo para que la UAF pueda acceder a la base de datos del personal que integra o integró las FF.AA. y Carabineros".

"Se debe estudiar la creación de una Comisión de integridad Autónoma, con integrantes de la sociedad civil y expertos, que reporta al Alto Mando y cuyas funciones están relacionadas con la gestión de datos para la rendición de cuentas y, por otra parte, investigar los sistemas de denuncia anónimos".

"Si el ministerio hubiera cumplido sólo con la tarea de dar seguimiento a esta documentación (fiscalizaciones de Contraloría), habría podido detectar a tiempo la precariedad de mecanismos de control, lo que a su vez podría haber contribuido a tomar parte de las medidas (...) e impedir la ocurrencia del fraude".

"A los generales directores, desde el año 2006 a la fecha, les asiste responsabilidad política y administrativa por no haber adoptado las medidas tendientes a superar la falta de control y por faltar a su deber de control jerárquico al no detectarse el fraude durante el período en que ejercieron sus cargos".

"La Inspectoría General -y quienes ejercieron su mando desde 2006- no cumplieron su misión institucional al no fiscalizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de control y establecer procedimientos para supervisar el proceso de pago de remuneraciones".

"Según las exposiciones, los ilícitos fueron organizados y ejecutados precisamente al interior de la Dirección de Finanzas. Durante un extenso período de tiempo, al menos 12 años, los generales de Intendencia no realizaron un plan efectivo de acciones para supervisar el trabajo de sus subordinados".