Fiscalía solicitará 10 años de cárcel para fundadores de Penta

Acusaciones contra 35 personas y cuatro empresas posee el escrito de más de 400 páginas que hoy presentará ante el Octavo Juzgado de Garantía el equipo de fiscales a cargo del caso Penta.

En el listado, los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, junto al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, encabezan la lista con las penas más altas que la fiscalía pedirá al tribunal.

Según fuentes ligadas a la investigación, 10 años de prisión efectiva solicitarán los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para cada uno de estos tres imputados en la causa, la que se cerró el sábado 4 de marzo, tras dos años de indagatoria.

En el caso de los fundadores de Penta, las penas solicitadas apuntan a la presunta comisión de delitos tributarios reiterados, por lo que se pedirán siete años de presidio. Los tres años restantes que solicitará la fiscalía tienen relación con el delito de cohecho que, según la fiscalía, fue cometido tras el pago de $ 42 millones a Wagner mientras era subsecretario.

En el caso del ex subsecretario de Piñera, en tanto, las mismas fuentes apuntan a que la pena solicitada se compone de cinco años y un día por delitos tributarios, tres años por cohecho y dos años por lavado de activos.

La misma acusación incluiría cinco años y un día para Manuel Antonio Tocornal, ex ejecutivo formalizado por delitos tributarios.

Entre los acusados, se incluye también a las cónyuges de los controladores de Penta, María Luz Chadwick y Verónica Méndez, cuyas penas solicitadas por la fiscalía por delitos tributarios serían de cuatro años para cada una.

La lista también incluye al ex gerente de Bancard Santiago Valdés. Según explican conocedores de la acusación, para su caso se pediría una pena de cuatro años, mientras que para el empresario Tomás Carrasco -quien facilitó facturas a Laurence Golborne y ayudó a realización de forwards a los controladores de Penta- se solicitarían cinco años y un día.

Durante la mañana de ayer, la fiscalía solicitó, además, el cese de los privilegios parlamentarios o desafuero del senador UDI Iván Moreira y del diputado del mismo partido Felipe de Mussy, ambos por haber facilitado boletas a Penta.

Según se explicó, el Ministerio Público contemplaría pedir tres años de presidio remitido para el senador gremialista, mientras que 800 días (también sin cárcel) para el diputado.

En la solicitud de desafuero ingresado ayer a la Corte de Apelaciones, se argumenta que, aparte de la necesidad de acusación por parte de la fiscalía contra estos dos parlamentarios (y que obliga la solicitud de su desafuero), se solicitará también medidas cautelares en contra de De Mussy y Moreira, las que, según fuentes informadas, consistirían en arraigo nacional.

Para el caso del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, la fiscalía contempla solicitar cuatro años, mientras que para el ex diputado RN Alberto Cardemil, sólo 300 días.

A estas penas se suma la solicitud de pagos de multas, que en otros casos ha llegado a un monto cercano al 300% más del perjuicio fiscal provocado.

En el caso de Laurence Golborne, por ahora no habrá acusación en su contra, hasta que no se resuelva un recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, se señala que la jornada de hoy resulta crucial para el devenir del caso, puesto que a las 15 horas habría una resolución de parte del TC, que debe pronunciarse respecto de la admisibilidad del recurso interpuesto -donde apela a la inconstitucionalidad del delito tributario formalizado en su contra versus la comisión de delito por Ley de Donaciones que admite haber infringido- y sobre si debiese o no interrumpirse el proceso en su contra.

En ese sentido, de haber interrupción para su caso, se abre la posibilidad de que el resto de los formalizados en la causa por los mismos delitos -Moreira, De Mussy, Cardemil y Zalaquett, entre otros- puedan también acudir al TC.

En tanto, la defensa de Délano y Lavín, a cargo de Julián López, ha señalado que podría solicitar la reapertura del caso, argumentando que existen diligencias pendientes. De ser aceptada dicha solicitud, la acusación quedaría también interrumpida hasta que las diligencias se concreten.