Las otras víctimas del grupo que se adjudicó el ataque a Landerretche
Cuatro profesores y una alumna de la U. de Chile fueron amenazados en mayo de 2016. El artefacto explosivo estuvo 24 horas en las oficinas de Chilexpress antes de estallar.
El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, fue víctima de la detonación de un artefacto explosivo enviado a su casa, en La Reina, el viernes pasado. Sin embargo, él no ha sido el único blanco de los "Ecoterroristas Individualistas Tendiendo a lo Salvaje" (ITS), grupo que se adjudicó el ataque contra el militante PS.
Casi un año antes, el 11 de mayo de 2016, la Universidad de Chile se querelló ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por presuntas amenazas de carácter terrorista recibidas por académicos de la Facultad de Ciencias, Física y Matemáticas de la casa de estudios.
Según el escrito, la Unidad de Inteligencia de Carabineros envió a la U. de Chile la copia de un documento publicado en internet el 9 de mayo, donde estos "ecoterroristas" se adjudicaron la instalación de una bomba en el campus de Beauchef y amenazaron a los profesores.
"Tanto sus reconocidos profesores con sus magísteres en el extranjero, como sus paupérrimos estudiantes son parte de la subyugación de la naturaleza salvaje y merecen lo peor. Esto es solo un aviso de que nos estamos acercando, afinando la puntería. De eso nos encargaremos", señala el comunicado del grupo.
Luego de identificar con nombre y grado académico a cuatro profesores y una estudiante, la agrupación escribió que "conocemos sus rutinarios pasos, sus monótonas vidas. Osen seguir avivando el progreso, aténganse a las consecuencias".
Una de las personas afectadas en esa oportunidad fue Guido Garay, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, quien hoy relató las circunstancias en que se desarrollaron las amenazas. El docente señaló que "nuestro decano informó al Ministerio del Interior y también me vinieron a ver del grupo antiterrorista de Carabineros al cerro Calán".
Consultado si la fiscalía le ha tomado su testimonio, indicó que "no me han tomado una declaración formal. Vino la gente de Carabineros y me preguntó acerca de quiénes podía yo creer que pudieran estar detrás de estas personas y yo dije que no tenía absolutamente ni idea".
Sobre un eventual ofrecimiento de protección por parte del Ministerio Público, señaló que "no he tenido requerimientos de ellos, pero siendo bien franco, yo desde un principio no he creído mucho en esto. A mí no me van a amedrentar por las amenazas de un par de insensatos y dementes".
Explicó que "en la facultad se han tomado un montón de medidas respecto de la protección de estos tipos. Además, nos comunicamos con Carabineros, porque somos vecinos de la Comisaría de Los Dominicos, y ellos se dan vueltas por aquí".
De acuerdo al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "no existen grupos terroristas con denominaciones extrañas. Los grupos que usan la violencia son terroristas y punto. Efectivamente, existe información de diversos grupos, y parte de la investigación es que debemos esperar que el propio fiscal nos indique si este grupo, efectivamente, tuvo otras actuaciones y cuál será la línea investigativa".
En tanto, el fiscal regional de la Zona Metropolitana Sur, quien lidera el caso, dijo que "estamos realizando distintas diligencias en puntos del país y las realizaremos donde sea necesario. Acá no estamos hablando de organizaciones, sino más bien de individuos o grupos que en función de ciertos móviles de carácter ideológico realizan este tipo de acciones violentas y terroristas".
Encargo se hizo el jueves
El jueves 12 de enero fue cuando un desconocido llegó hasta la sucursal San Joaquín de la empresa de encomienda Chilexpress para solicitar la orden de entrega del artefacto explosivo, simulando ser un libro. Es decir, un día antes del ataque al economista.
Así dan cuenta antecedentes del caso, donde ya se han fijado algunas diligencias claves para dar con el paradero de los responsables. Una de estas es trabajar en la recopilación de imágenes de la sucursal de San Joaquín, a través de la incautación de cámaras de vigilancia, tanto de la propia oficina como también de los locales aledaños.
Además, la fiscalía ya habría tomado contacto con los trabajadores de Chilexpress para lograr establecer quién fue el repartidor que dejó el artefacto.
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