Bancada DC impulsa requerimiento al TC para impugnar decreto de migración

Días atrás, el representante del Servicio Jesuita Migrante, Pablo Valenzuela, se reunió con el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Matías Walker, para entregarle un informe en el que se cuestionaba la constitucionalidad del decreto presidencial que presentó en abril pasado el Presidente Sebastián Piñera, en el marco del proceso migratorio.

Tras el encuentro, el parlamentario puso a la organización en contacto con los asesores jurídicos de la bancada DC, quienes coincidieron en la posible "inconstitucionalidad" de la iniciativa del Ejecutivo.

Por este motivo, Walker junto a los diputados DC Joanna Pérez, miembro de la Comisión de Gobierno Interior, y Raúl Soto, miembro de la Comisión de Trabajo, resolvieron impulsar un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el anuncio que hizo el Jefe de Estado hace algunas semanas.

En esa oportunidad, Piñera anunció la exigencia de una visa consular de turismo simple en el caso de los ciudadanos haitianos, con derecho a ingreso y permanencia en Chile por un período máximo de 30 días, y una visa de responsabilidad democrática para quienes emigren desde Venezuela, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas y otorgará un permiso de residencia temporal por un año.

La Tercera tuvo acceso a la minuta que desde hoy se comenzará a repartir entre los diputados de oposición, ya que se requiere de 39 firmas para la presentación del requerimiento al TC. En el texto, se indica que "el decreto no supera el test de constitucionalidad, contraviniendo el artículo 5° (la soberanía reconoce su límite en los derechos humanos reconocidos en Constitución y tratados internacionales); el artículo 7° (sobre el actuar de los órganos del Estado conforme a facultades conferidas), y el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley)".

En ese sentido, se indica entre las conclusiones que el decreto "vulnera las normas constitucionales y legales establecidas conforme a ella, al no fundamentarse las razones por las cuales se ha establecido la excepción legal", y se agrega que "no basta invocar razones de interés nacional, ya que los agentes de los poderes públicos del Estado deben justificar racionalmente sus actuaciones (actuación motivada por hechos sustanciales), debiendo el TC resolverlo".

"Discriminación arbitraria"

Durante el almuerzo de bancada de este martes, el jefe de bancada Matías Walker expuso entre sus pares los pasos para la impugnación del decreto del Ejecutivo ante el TC. Quienes participaron de la cita explican que los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag e Iván Flores, entre otros, se mostraron proclives a la ofensiva. "Existen cuestionamientos jurídicos de fondo al decreto de regularización migratoria dictado por el gobierno, toda vez que importa una discriminación hacia los migrantes de origen haitiano y venezolanos. Nos interesa saber si el TC considera esta discriminación de carácter 'arbitraria'", dijo Walker.

Joanna Pérez (DC), por su parte, criticó también el mecanismo en el que el Ejecutivo realizó estos cambios en materia de migración. "Ellos tratan vía administrativa situaciones que deben ser de carácter legislativo y que se abordan en el Congreso", explicó. Según la parlamentaria, además del decreto impulsado por el gobierno, también existen una serie de incongruencias en el proyecto de migración que hoy se discute en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y de la cual forma parte.

En tanto, el diputado Raúl Soto aseguró que "la política migratoria de gobierno adolece de algunos vicios, por lo que nuestra preocupación central tiene que ver con los inmigrantes, a quienes se les ha discriminado de forma arbitraria. Y en ese sentido hay un principio fundamental de nuestra Constitución que se está vulnerando".

Con todo, en la DC explicaron que con esta ofensiva se busca seguir ejerciendo un rol de "oposición constructiva" y que, de hecho, por este motivo, resolvieron como bancada no participar de la presentación de una eventual acusación constitucional al ministro de Salud, Emilio Santelices.