Eximen a legisladores de responsabilidades por informes de asesores

Tras un intenso trabajo de más de dos meses, y luego de rechazar la propuesta que dejaron sus miembros anteriores, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias presidido por el exsenador Andrés Zaldívar dio a conocer ayer la nueva normativa que regula, entre otras materias, aspectos relativos al trabajo de asesores externos contratados por los legisladores.

Además de flexibilizar el espectro de labores que puede realizar un asesor contratado por el Congreso para apoyar la labor parlamentaria de cada legislador, la nueva norma exime de responsabilidades a senadores y diputados por los informes de respaldos que deben elaborar sus colaboradores.

"Tratándose de prestaciones de servicios que dan origen a un informe", dice la nueva normativa, el contenido de estos "será responsabilidad de los profesionales y/o técnicos que lo realizan, debiendo asumir también la obligación de que en ellos se mencionen todas las fuentes utilizadas", se agrega.

La precisión cobra relevancia en virtud de la causa abierta por la fiscalía luego de que se detectaran informes con textos plagiados de otros documentos disponibles gratuitamente en internet. Denominado como caso "copy paste", el Ministerio Público investiga el eventual delito de fraude al Fisco y ha solicitado -sin éxito- al Senado todos los informes de respaldo de los asesores contratados por los legisladores. La diligencia, sin embargo, no ha vuelto a ser requerida.

Entre las nuevas disposiciones del consejo también se establece un anhelo ya anunciado por el presidente del Senado, Carlos Montes: "La corporación creará en su página web un sitio en el que se registrarán los referidos informes".

La nueva normativa también autoriza la contratación de concejales o consejeros regionales como asesores, a menos de que estos se encuentren en periodos de campaña. Con todo, el Consejo Resolutivo le otorga a estas contrataciones un grado de conflicto de interés y estipula que en los registros públicos de su colaboración debe quedar manifiesta su calidad de core o concejal.

Entre las nuevas disposiciones, el reglamento explícita una definición de la función parlamentaria, para la cual el Estado dispone de asignaciones para su desarrollo. Así, además del rol legislativo de los parlamentarios y fiscalizador (en el caso de los diputados), se destaca una esfera de actividad política.

"En este concepto quedan incluidas las funciones que los parlamentarios cumplen como legisladores en la discusión y aprobación de las leyes", dice la definición de función parlamentaria, donde se enfatiza que entre sus funciones también está "la acción política que desempeñan como miembros de un partido político".

Sobre esta dimensión se explicita que "esto considera la participación en seminarios nacionales e internacionales, encuentros, consejos, reuniones, actos de campaña y proclamaciones".

Más adelante, la nueva resolución establece los alcances de la "función representativa" de un parlamentario. Esta, dice, "se trata en definitiva de fortalecer el trabajo que los parlamentarios realizan en sus distritos y circunscripciones que incluye, las actividades de carácter político".

Pese a esto, el nuevo orden prohíbe el uso de asignaciones parlamentarias en periodos electorales: "Queda prohibido que con cargo a las asignaciones parlamentarias se financien actividades electorales o de campaña". Esto, respecto de campañas propias o de un tercero. Así, las actividades políticas propias de una pre campaña -incluidas proclamaciones, encuentros partidarios o despliegues territoriales-, no estarían afectas a la prohibición.

En cada ítem de asignación, al igual que en la ley electoral, se establece que no podrán ser utilizadas las asignaciones desde el "periodo que media entre las 24 horas del nonagésimo día anterior (tres meses) a la fecha de realización de una elección popular". Y que, para el caso de primarias, la prohibición es para un periodo de seis meses antes.