Proyectos de Bachelet: 85% no sufrió reparos en el Tribunal Constitucional

Del total de proyectos impulsados por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que fueron remitidos al Tribunal Constitucional (TC) durante su administración, 44 pasaron sin reparos el control preventivo de constitucionalidad -lo que equivale a un 85%-, mientras que ocho fueron considerados -en alguna medida- inconstitucionales por ese organismo. Así lo concluyó un análisis de datos realizado por La Tercera a partir de la información disponible en la página web oficial del TC.

Considerando el periodo entre el 11 de marzo de 2014 y el 31 de enero de 2018, el Tribunal Constitucional debió pronunciarse sobre 99 proyectos de ley, en virtud del artículo 93 de la carta fundamental, el que establece que las iniciativas que contemplen normas de rango constitucional deben someterse a un control obligatorio por parte del organismo previo a su promulgación.

De ese total, 52 iniciativas corresponden a mensajes enviados al Congreso por la Mandataria: 25 a mociones parlamentarias y 21 a mensajes provenientes de la administración anterior de Sebastián Piñera. Finalmente, existe un proyecto que fue enviado por la Presidenta durante su primer gobierno y que continuó su tramitación en los años siguientes.

Según el conteo realizado por este medio, el organismo cuestionó 13 de las 99 iniciativas por no ajustarse a la Carta Fundamental, ocho de las cuales corresponden a mensajes de la Mandataria, mientras que las otras cinco se dividen en cuatro mensajes presidenciales del gobierno de Piñera y una moción parlamentaria.

Y si bien en términos numéricos esas ocho iniciativas solo equivalen al 15% de los 52 proyectos impulsados por Bachelet que pasaron por el control preventivo, la mayoría de ellos corresponde a propuestas que fueron consideradas como emblemáticas para su administración.

Una de ellas fue la reforma laboral, iniciativa que configuró una de las pugnas más complejas entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional durante el gobierno de la Mandataria.

En 2016, el organismo se pronunció sobre la iniciativa objetando la titularidad sindical y la extensión de beneficios, consideradas como parte fundamental del proyecto. La decisión significó un duro revés para el Ejecutivo, el que finalmente hizo uso de su facultad de veto. "Aspirábamos a más", dijo la Mandataria cuando promulgó la iniciativa en agosto del tercer año de su mandato.

Algo similar se dio luego de que, además de los requerimientos presentados por Chile Vamos, el TC sometiera a control preventivo el proyecto que despenalizó la interrupción del embarazo en tres causales. Así, además de declarar inconstitucional la frase que prohibía que la objeción de conciencia fuera invocada por instituciones, el TC objetó que la iniciativa no contemplara apelación a la autorización judicial sustitutiva para casos de menores de 14 años o interdictas.

El último revés que tuvo que enfrentar el Ejecutivo fue el proyecto que buscaba fortalecer las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esto, luego que el fallo del organismo declarara inconstitucional en enero pasado las nuevas facultades jurisdiccionales que contemplaba el proyecto del gobierno.

El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, aseguró en esa oportunidad que la situación en la que quedó el Sernac tras la decisión del TC resultó "incluso peor que antes". Ante el fallo adverso del organismo, de hecho, la Cámara presentó un recurso de reconsideración ante el TC, que fue declarado como "no ha lugar".

Entre las otras iniciativas impulsadas por La Moneda que fueron objetadas por el tribunal están la Ley de Fortalecimiento a la Democracia; la ley que regula entrevistas grabadas y busca resguardar a menores víctimas de delitos sexuales; la Ley de Presupuesto 2018; la ley que fija funciones y atribuciones para el presidente del Consejo Regional, y la ley que crea la Región de Ñuble.

Por todo lo anterior, el rol del Tribunal Constitucional marcó la segunda administración de Bachelet y abrió un complejo debate sobre sus atribuciones.

La idea de que el organismo ha funcionado como "una tercera Cámara", ejerciendo un rol "colegislador", al terminar modificando las iniciativas aprobadas por el Congreso, se ha instalado tanto en sectores de la Nueva Mayoría como en Chile Vamos.

De hecho, el denominado "gran acuerdo" que ya fue despachado por la sala de la Cámara a su segundo trámite en el Senado -que contempla una serie de reformas constitucionales- apunta precisamente a limitar las atribuciones del organismo presidido por Iván Aróstica.

El proyecto, que ha suscitado amplio respaldo en el Congreso, busca modificar el artículo 93 de la Carta Fundamental con el objetivo de que el TC se pronuncie sólo respecto de las disposiciones contenidas en el oficio de la cámara remisora.

En los meses venideros, de hecho, se espera que la discusión se vuelva a instalar con fuerza. El futuro presidente Piñera propuso durante la campaña una serie de modificaciones al TC, las que fueron incorporadas a su programa. Entre ellas, se encuentran reformar la composición y el sistema de nombramientos en el organismo.

Al menos tres proyectos que pasaron por control de constitucionalidad o fueron revisados por el Tribunal Constitucional luego de que se interpusieran recursos, marcaron la relación entre la segunda administración de Michelle Bachelet y el organismo.

1) Reforma Laboral: el más polémico fue la reforma laboral, en cuya revisión fueron objetados puntos claves. Sin embargo, a partir de abril 2017, el nuevo marco normativo entró en vigencia.

2) Aborto tres causales: la despenalización del aborto en tres causales fue uno de los proyectos que mayor atención pública acaparó. En este, el Tribunal declaró inconstitucional que se prohíba que instituciones invoquen la objeción de conciencia.

3) Atribuciones Sernac: El rechazo al proyecto que aspiraba a fortalecer las atribuciones de Sernac fue una de las batallas más polémicas del gobierno de la Nueva Mayoría. Además, al interior del propio tribunal hubo diferencias en relación con las potestades jurisdiccionales del organismo, medidas que para algunos convertían al Sernac en juez y parte. Sin embargo, en el voto de minoría dado a conocer en enero pasado, ministros acusaron "activismo judicial" en el fallo.