La Cancillería deberá desplegar una hábil y presta negociación, que sin renunciar a la defensa de los principios que animan nuestra política exterior, a la vez permita recuperar contactos diplomáticos básicos, para así no afectar los intereses de Chile.

El mayor plazo que se ha dado para que esta comisión evacúe su informe es pertinente, considerando la importancia que tiene para el país que se alcance una propuesta de consenso que permita resolver el conflicto en torno a las tierras indígenas.

Para el país es una buena noticia que la actividad haya experimentado un incremento importante, pero se debe ser consciente de los problemas que se avizoran para sostener el crecimiento.

No es una buena señal para los mercados que el país acumule dos años consecutivos sin cumplir las metas autoimpuestas por el Ejecutivo. Los resultados hacen evidente la necesidad de una revisión más profunda y con sentido de urgencia de las estimaciones de ingresos, como también hacer los eventuales ajustes de gasto oportunamente.

Luego del hito de haber alcanzado un acuerdo previsional, el gobierno y los partidos deben avanzar en una urgente reforma que repare el sistema político. Los tiempos para hacerlo son muy estrechos, y de no concretarla ahora habrá que esperar un período adicional. El Presidente Boric ha quedado en un buen pie para liderarla.

La lentitud en el avance de esta tarea, reconocida por la propia Moneda, vuelve a poner de relieve los problemas de gestión del gobierno y la ausencia de responsabilidades políticas.

Más allá de los objetivos loables que se persiguen, esta obligatoriedad, además de las dificultades prácticas para su implementación, no se condice con las prioridades que hoy demanda la educación chilena.

Pretender un debate tan acelerado de esta iniciativa, cuando aún no se cuenta con la debida perspectiva histórica de su legado, no ha sido una buena forma de honrar la figura del exmandatario.

Los diagnósticos que se han recogido en la mesa técnica constituyen un buen punto de partida para introducir mejoras. Abrirse al mérito, o tener mecanismos que acerquen a las familias con los proyectos educativos, serían pasos importantes.

Este nuevo bochorno, lejos de ser algo meramente anecdótico, está dejando a la vista problemas muy profundos cuando un país no está en condiciones de poder llevar a cabo con normalidad determinados espectáculos deportivos producto de la inseguridad.

La Ley CATI, “Chao Cables” o la “Ley Uber” siguen sin poder entrar en vigencia, producto de la incapacidad de la autoridad para dictar sus reglamentos, a pesar de que algunas de dichas leyes fueron aprobadas hace ya varios años.

Cabe esperar total celeridad para despejar los casos que afectan a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por sus vínculos con Luis Hermosilla. Por la gravedad de los hechos, incluso cabe preguntarse si sería pertinente una auditoría a las causas en que Hermosilla tenía interés, examinando por ejemplo si pudo haber intervenido mediante el nombramiento de jueces.

Si bien la Fiscalía asegura que detrás de este crimen está el gobierno venezolano, lo prudente es esperar a conocer las pruebas que exhiba el Ministerio público, sin perjuicio que desde ya cabría comenzar a preguntarse qué cursos de acción tomaría Chile de comprobarse efectiva esta tesis.

Es valorable que en el Senado se esté calibrando la importancia de actuar con responsabilidad en este ámbito, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.

Los problemas que el organismo detectó respecto del manejo que tuvo Conaf en el megaincendio de febrero del año pasado, llevan a preguntarse si las fallas de diversos organismos fueron subsanadas y cómo se asumen las responsabilidades.