Este nuevo bochorno, lejos de ser algo meramente anecdótico, está dejando a la vista problemas muy profundos cuando un país no está en condiciones de poder llevar a cabo con normalidad determinados espectáculos deportivos producto de la inseguridad.
Editorial La Tercera
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La Ley CATI, “Chao Cables” o la “Ley Uber” siguen sin poder entrar en vigencia, producto de la incapacidad de la autoridad para dictar sus reglamentos, a pesar de que algunas de dichas leyes fueron aprobadas hace ya varios años.
Cabe esperar total celeridad para despejar los casos que afectan a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por sus vínculos con Luis Hermosilla. Por la gravedad de los hechos, incluso cabe preguntarse si sería pertinente una auditoría a las causas en que Hermosilla tenía interés, examinando por ejemplo si pudo haber intervenido mediante el nombramiento de jueces.
Si bien la Fiscalía asegura que detrás de este crimen está el gobierno venezolano, lo prudente es esperar a conocer las pruebas que exhiba el Ministerio público, sin perjuicio que desde ya cabría comenzar a preguntarse qué cursos de acción tomaría Chile de comprobarse efectiva esta tesis.
Es valorable que en el Senado se esté calibrando la importancia de actuar con responsabilidad en este ámbito, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.
Los problemas que el organismo detectó respecto del manejo que tuvo Conaf en el megaincendio de febrero del año pasado, llevan a preguntarse si las fallas de diversos organismos fueron subsanadas y cómo se asumen las responsabilidades.
Las negociaciones que han permitido un alto al fuego entre Israel y Hamas ayudan a descomprimir la tensión en el Medio Oriente, pero la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo descansa aún sobre bases muy frágiles.
El estudio de opinión de Descifra ha identificado con claridad que la falta de acuerdos políticos y la permisología son aspectos que afectan nuestra capacidad de crecimiento, algo que debería llevar a revisar las prioridades de la clase política.
Ciertamente una de las grandes interrogantes es hasta dónde Trump podrá llevar a cabo algunas de sus políticas más disruptivas -como la aplicación de aranceles a las importaciones-, y que han ocasionado inquietud a nivel global.
El Congreso y el gobierno deben asegurar ante todo que esta reforma -de enorme envergadura- sea técnicamente sólida, porque de lo contrario se deslegitimará. La celeridad para su aprobación debe armonizarse con la necesidad de despejar bien las dudas que han surgido.
Resulta peligroso que en el afán de salir a blindar a la senadora Allende y la ministra Fernández se estén utilizando argumentos que debilitan la Constitución y que además implican medir con varas muy distintas la infracción manifiesta de las normas.
El informe de la Contraloría sobre este plan -que entre otros hallazgos reveló que los recursos efectivamente gastados fueron 91% más bajos de lo comprometido- pone de relieve que los esfuerzos no estuvieron acorde a las urgencias educativas.
Es importante que el TC haya fijado la importancia de ajustarse a las ideas matrices de un proyecto de ley -fundamental para evitar que la Ley de Presupuestos sea convertida en un misceláneo- y reivindicar la iniciativa exclusiva presidencial.
El episodio permite relevar los costos que tiene para el país la estrechez fiscal, la elaboración de presupuestos sobre bases sobreestimadas y la escasa responsabilidad de los parlamentarios al aprobar normas sin calibrar bien sus efectos.
El documento “Hagámonos cargo” ofrece importantes diagnósticos y propuestas para algunos de los principales problemas del país, entre ellos la necesidad de avanzar en cambios al sistema político.
