En septiembre pasado, el exadministrador municipal de Chillán, formalizado por la fiscalía por presunto cohecho en el caso en que se investiga una serie de coimas de la empresa Itelecom a diversos municipios, presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. En el texto, objetó el secreto de la investigación a la que estuvo sujeto y dice que es inconstitucional que se aplique esa reserva, ya que no pudo conocer los antecedentes que se le imputan. El tribunal rechazó su requerimiento, pero con ciertos alcances para la persecución fiscal.