Durante la tarde de este domingo, Marco Enríquez-Ominami presentó medidas provisionales ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solicitó que el pronunciamiento se realice con urgencia.

Conmemoraciones, funerales, demostraciones de poder, llegada de nuevos cargamentos de droga. Esas son algunas ocasiones en que bandas criminales utilizan pirotecnia para marcar hitos en las distintas poblaciones del país. Se trata de un fenómeno que parece burlar a las instituciones encargadas de los controles fronterizos y la seguridad, pero poco a poco aparecen luces de lo que esconde esta práctica. Uno de estos factores apunta a “El Víscera”, un artesano fabricante de pirotecnia y abastecedor de barras bravas de fútbol y traficantes de narcóticos.

De acuerdo a la presentación, el paquete-bomba enviado al despacho del abogado en Quiñenco, tenía "el único objetivo de matarme". En el documento se detalla que el artefacto estaba compuesto por 105 gramos de dinamita.

Órdenes de detención sin efecto, recursos ante la Corte de Apelaciones y jugadas de último minuto. Esta fue parte de la trastienda que posibilitó que un miembro de la Comunidad Temucuicui de Ercilla -indagado por narcotráfico e infracción a la Ley de Armas- se transformara en prófugo. Tras cinco meses y medio de rastreo por parte de la PDI, el comunero fue visto en el Hospital de Victoria, donde ingresó de urgencia por Covid-19. Y aunque la fiscalía buscó formalizarlo y pedir su prisión preventiva, tecnicismos legales lo dejaron en libertad y hoy su recaptura es una incerteza.

Luego de casi ocho meses, el Tribunal Constitucional entregó la resolución del requerimiento presentado por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, y los funcionarios de la Fiscalía Sur Patricio Rosas y Roberto Contreras, que estableció que los recurrentes no incurrieron en delitos y solo debían ser multados en sede administrativa por faltas a las normas sanitarias. Esto, luego que fueran fotografiados al interior de un restaurante cuando corría la cuarentena.

¿Qué tan ciertas son las cifras, frases y estudios que han citado los candidatos a La Moneda? En un ejercicio de verificación de datos, La Tercera realizó el chequeo de algunas de sus afirmaciones, las cuales contrastó con documentos oficiales, sus programas de gobierno y con académicos y expertos en la materia.

Ministerio Público levantará cargos a ejecutivos de agencias de viaje, quienes habrían fomentado la llegada de extranjeros bajo la fachada de turismo, cuando en realidad estos buscaban radicarse en el país.

Según explicó el abogado Sergio Contreras, quien representa al exfiscal Roberto Contreras, los resultados de las pericias “son concluyentes y permiten establecer que alguien obtuvo de manera fraudulenta o clandestina la clave de acceso personal, para posteriormente alterar, dañar y destruir los archivos donde se alojan todos sus correos electrónicos desde el año 2018 hasta la fecha de la presentación de la querella”.

El Programa Global de Contenedores de la ONU, enfocado a la creación de un sistema para alertar sobre las actividades del crimen organizado que utiliza el comercio marítimo para trasladar sus productos, tiene a 18 países latinoamericanos como miembros. Chile no está entre ellos, pues carece de un par de requisitos clave en torno a la seguridad de sus puertos. Es parte de lo que hace al país más vulnerable frente al narcotráfico internacional, lo que ha puesto a los embarques provenientes de sus terminales en la mira de las autoridades europeas. El jefe mundial y el comisionado regional de la iniciativa relatan que para avanzar en este proyecto se requiere de la iniciativa del país. "Queremos involucrar a las autoridades de Chile en el programa lo más pronto posible", dicen.

Más de 25 mil kilos de cocaína han llegado a terminales extranjeras en contenedores salidos de Chile desde 2018. Mientras el país se posiciona como punto de interés para carteles narco, en Europa fiscalizan con especial celo las embarcaciones provenientes de nuestros puertos. ¿Qué los hace tan vulnerables? Parte de la explicación está en cómo se ejecutó la privatización: el énfasis en la eficacia no es igual en la seguridad.

El conglomerado logró victorias en 11 comunas, incluyendo tres de las más pobladas del país: Maipú, Viña del Mar y Valparaíso.

Héctor Leiva lidera la unidad del Ministerio Público encargada de indagar los atentados en la Novena Región. Asegura que son muchos los factores que juegan en contra y que, tras resultados positivos, ocurre una seguidilla de nuevos ataques como respuesta.

De acuerdo a la policía civil, hay un "cierto control territorial" de grupos radicalizados que dificultan las indagatorias en la zona. Asimismo, indican que es posible que existan nuevos actores en la zona, con un comportamiento más impulsivo y que comenzaron a dirigir sus ataques hacia las personas.

Algunos la definen como “el prensado 2.0”. Su tráfico ha motivado el establecimiento de una ruta que comienza en el Valle del Cauca, en Colombia, y Santiago, donde Ecuador y Perú son pasillos. El modo de operación de los traficantes incluye sofisticados esquemas de blanqueo de dineros.