Aunque se ha dicho que una de las solicitudes más recurrentes de chilenos y chilenas tiene que ver con el fin del sistema bicameral, argumentada por una mirada crítica del Congreso y su "baja eficiencia", producto de la recepción de iniciativas populares de norma por parte de la Convención se ha presenciado un aparente momento de inflexión. Quienes participaron de estas iniciativas prefirieron el sistema bicameral y transformaron a esta propuesta en una de las más votadas del proceso. De esta forma, las opiniones de la ciudadanía se van matizando y complejizando, muchas veces por influencia de un debate que es cada vez más sistémico e interconectado.

Se debe interpretar positivamente el nivel de conocimiento de los mecanismos participativos, ya que con este nivel de conocimiento se han gatillado procesos inéditos como el de la iniciativa popular de norma. Por lo pronto, ya con los números que se registran a la fecha nos encontramos con el proceso más participativo de la historia, los encuentros locales autoconvocados de Bachelet que superaron las doscientas mil personas.

De ahí que resulte evidente la lección para nuestra Convención: más que llevar las diferencias a la ciudadanía, polarizándola a través de plebiscitos, su misión es buscar amplios acuerdos al interior de los distintos sectores que la integran.

El proceso constituyente actual debe agregar todo lo que la consulta de Bachelet no tuvo. Fundamentalmente, deberá ser capaz de hacer una devolución amplia y clara de las consultas que se realicen; y poner a disposición de la ciudadanía al menos, la primera versión del borrador de nueva Constitución para que sea comentada y discutida por todos y todas, siguiendo en esto, experiencias ejemplares como la brasileña, sudafricana o islandesa, entre otras.

La discusión constituyente debe, desde ya, comenzar a proponer fórmulas para conectar a la ciudadanía con la convención. La participación complementaria de la ciudadanía en un tema central de la reforma a la constitución, dado que la incorporación de la ciudadanía a la vida política nacional ha mostrado ser el mecanismo más eficiente para encausar, canalizar e institucionalizar, el conflicto social.

En cuanto al reconocimiento constitucional, nuevamente Chile es una excepción dentro de la creciente tendencia internacional que busca proteger legalmente al mundo indígena. En estos últimos veinte años, las constituciones latinoamericanas han consagrado la multiculturalidad del Estado y han reconocido tanto la existencia de los pueblos indígenas como sus derechos colectivos.