"Es un imperativo ético que antes de plantear una hoja de ruta constitucional para satisfacer una serie de voluntades o derechos, acordemos un verdadero pacto social para lograr un acompañamiento en la calidad formativa de los niños, especialmente los más vulnerables en la etapa inicial de su formación".

En vez de concentrarnos en la solución o una llegada ideal para redactar la mejor constitución, promovamos desde nuestras realidades una colaboración que permita construir el mejor camino.

Independiente del cumplimiento sustantivo de la normativa ambiental global o local, el momento en que desde los territorios vayamos construyendo una mirada institucional hacia el futuro en un contexto de colaboración público privada, vamos a poder romper el mito de la descentralización con un verdadero legado de sustentabilidad y desarrollo que nuestras regiones merecen.

Puede simplemente definirse como fortalecer espacios de convivencia social entre las personas, que se cultiva principalmente a través de la (i) educación, (ii) legalidad y (iii) política, pero en el caso de Chile, este pilar fue perdiendo prioridad.

Al igual que la gran crisis política, económica y social que azotó al mundo en los años 30 en donde se cuestionaron modelos y se articuló un nuevo pacto social, ahora no está en juego únicamente determinadas mejoras de política pública, sino la posibilidad de dar comienzo a un largo ciclo de prosperidad.

No basta con que la alta dirección de las empresas y las autoridades de gobiernos nos entusiasmemos con el cambio climático, la transformación energética y la economía circular sin que estos desafíos sean incorporados en toda su magnitud entre trabajadores y servidores públicos.

Para que no vivamos una vida insoportable presos por las circunstancias de corto plazo, al hablar de recuperación pública y privada, requerimos mantener firme un timón para que una vez concluida la tormenta, se sostenga a través de un propósito que le de sustentabilidad y resiliencia a una propuesta en el tiempo.