Independiente del cumplimiento sustantivo de la normativa ambiental global o local, el momento en que desde los territorios vayamos construyendo una mirada institucional hacia el futuro en un contexto de colaboración público privada, vamos a poder romper el mito de la descentralización con un verdadero legado de sustentabilidad y desarrollo que nuestras regiones merecen.

Puede simplemente definirse como fortalecer espacios de convivencia social entre las personas, que se cultiva principalmente a través de la (i) educación, (ii) legalidad y (iii) política, pero en el caso de Chile, este pilar fue perdiendo prioridad.

Al igual que la gran crisis política, económica y social que azotó al mundo en los años 30 en donde se cuestionaron modelos y se articuló un nuevo pacto social, ahora no está en juego únicamente determinadas mejoras de política pública, sino la posibilidad de dar comienzo a un largo ciclo de prosperidad.

No basta con que la alta dirección de las empresas y las autoridades de gobiernos nos entusiasmemos con el cambio climático, la transformación energética y la economía circular sin que estos desafíos sean incorporados en toda su magnitud entre trabajadores y servidores públicos.

Para que no vivamos una vida insoportable presos por las circunstancias de corto plazo, al hablar de recuperación pública y privada, requerimos mantener firme un timón para que una vez concluida la tormenta, se sostenga a través de un propósito que le de sustentabilidad y resiliencia a una propuesta en el tiempo.