Todas las instituciones están obligadas a cumplir con mínimos en materia de rendición de cuentas, integridad y principios básicos si queremos que el sistema vuelva a tener equilibrio y continúe caminando por una vereda recta.

Nunca la integridad sobra; siempre es bienvenido cualquier esfuerzo transversal en el combate al crimen organizado, la corrupción y las actividades económicas fraudulentas que ponen en riesgo la estabilidad económica y la libre competencia.

La definición más básica de la palabra conciencia señala que es aquel conocimiento o sentido moral y ético que se tiene sobre lo que constituye el bien y el mal, que nos permite tener juicios sobre la realidad, los actos de otros y, sobre todo, de nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea.

Durante décadas se venía advirtiendo a las propias AFP, a los sectores políticos y a los gobiernos de distinto signo, sobre la necesidad de introducir cambios profundos y reales al sistema, de modo de dotarlo de legitimidad social, confianza, reputación y, sobre todo, viabilidad económica y social.