La revisión del Decreto N° 13 busca aumentar los límites máximos en material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, entre otros, generados por termoeléctricas, lo que demandaría millonarias inversiones a tres empresas: Colbún, AES Andes y Guacolda. Dado el compromiso de estas, de dejar de operar a carbón a más tardar en 2040, el acotado tiempo no permitiría amortizar ese gasto. Desde el sector advierten que esto sería un “cierre por secretaría” de las unidades más contaminantes, y que supone también un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico, con además otro efecto indeseado: más uso de centrales a diésel y alza en tarifas.