Columna de Patricio Herrera: El “ruido de sables”, 1924-2024. Centenario de una crisis y sus repercusiones

Hace justo cien años Chile enfrentaba una triple crisis. Política, donde estaba en cuestión el régimen parlamentario y su eficacia para resolver la modernización de las instituciones de la República. Junto a esto, la representación política, de ahí que el poder Ejecutivo y las bases electorales amplias fueron unas de las estrategias que acompañó al modelo electoral y al sistema de partidos hasta 1973.

La crisis social estaba dada por una moderna cuestión social, que tuvo su expresión en una lacerante miseria y pobreza, pero también por la ausencia de una legislación laboral que reconociera los derechos de importantes sectores obreros urbanos, portuarios y mineros, que se desempeñaban en oficios artesanales y técnicos que habían empujado una temprana politización popular de norte a sur, que se expresó en mutuales, mancomunales, cooperativas y partidos obreros, como el Democrático y el Obrero Socialista.

Por último, una crisis económica excesivamente atada al modelo primario exportador, con ciclos de altibajos, derivado de la dependencia del comercio exterior de materias primas mineras y agrícolas, donde el salitre alimentó esperanzas y frustraciones que la primera postguerra acrecentó con la fuerte caída en la demanda del salitre chileno en los mercados, resultado de un sustituto, el salitre sintético. Además, una hacienda pública con fuertes restricciones presupuestarias y mínima capacidad de regulación y negociación, con una ausencia de técnicos y fuertes presiones empresariales, que a su vez eran legisladores o agentes económicos que representaban los intereses del Estado y los propios.

El conocido episodio del “Ruido de sables”, acontecido entre el 3 y 11 de septiembre de 1924, tuvo consecuencias que conmocionaron al país y pusieron en lo inmediato cuestionamientos a la contingencia política, expresado en la disputa entre el Parlamento y el poder Ejecutivo, pero mucho más de fondo permitió avanzar progresivamente en los cimientos de la institucionalidad estatal y la participación de la sociedad en la política, en las que se erigió el Chile que se abría a la modernidad, entre 1925-1973. Por lo pronto, la crisis de septiembre de 1924 debilitó la ascendencia política del presidente Arturo Alessandri Palma, que durante su mandato no pudo sustraerse al bloqueo entre Parlamento y Ejecutivo. El 3 de septiembre se consumó el desplazamiento de la figura de Alessandri por la presencia activa y autónoma de la oficialidad del Ejército plantada en el Parlamento, escuchando con asombro que se votaba la “dieta parlamentaria”. Al golpe de sus conteras de sables exigirían aprobar en el acto el paquete de leyes sociales y laborales que habían otorgado el apoyo de las masas obreras y de las incipientes clases medias al León de Tarapacá, en su candidatura presidencial de 1920, y que dormían en el Parlamento. El mundo castrense también solicitaba y mejoras en su carrera militar, incluyendo remuneraciones y ascensos. Igualmente, la irrupción de los militares esa noche del 3 de septiembre abrió espacios de incertidumbre en los partidos políticos y masas obreras organizadas que habían aprobado la vía reformista de Alessandri, leyes sociales, laborales y políticas, confiados en transformar su reconocimiento social, mejorar sus condiciones de vida y ampliar la participación en el campo político y sindical.

El 5 de septiembre varios oficiales integraron un Comité Militar, presentando sus descargos al presidente Alessandri por los proyectos de ley que estaban pendientes de aprobación, ante lo cual el mandatario se comprometió a buscar una solución, pero a condición de que los militares volvieran a sus cuarteles. Esto no ocurrió y bajo presión el Congreso Nacional aprobó en las sesiones del 8 al 9 de septiembre las leyes sociales y laborales que estaban pospuestas desde 1920. Entre estas destacaban: jornada laboral de ocho horas, supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral.

Aprobada la legislación, el Comité Militar prefirió seguir funcionando, conminando a Alessandri para que disolviera el Congreso. Tras este hecho, Alessandri, disminuido en su autoridad como mandatario, presentó su renuncia el 9 de septiembre, a lo que el Comité se negó, pero le otorgó una licencia por seis meses que pasaría en Europa. Primero se refugió en la Embajada de Estados Unidos, para partir el 10 de septiembre a Buenos Aires y a finales de ese mes recaló en Italia.

Mientras tanto el General Luis Altamirano Talavera, como vicepresidente de la nación, disolvió el Congreso Nacional, tras 93 años de funcionamiento ininterrumpido, y el 11 de septiembre una junta de gobierno liderada por Altamirano, el Vicealmirante Francisco Nef Jara y el General Juan Pablo Bennett Argandoña se hicieron cargo de las tareas de gobierno.

Observado de cerca, el “ruido de sables” parece ser un hito que sentó las nuevas bases políticas y sociales de Chile. La irrupción de los militares parece tener una connotación esencialista, fuente de la matriz que ha definido el ideario político castrense que para unos se apegó a la tradición constitucionalista, mientras que para otros ahí se encuentra su marcada identidad golpista.

Con una perspectiva de larga duración, lo que ocurrido en septiembre de 1924 se explica por procesos históricos de mayor alcance y profundidad. La “cuestión social” en Chile, que se extendió entre 1884-1920, promovió un pensamiento social, tanto en sus vertientes cristianas, normativas y socialistas, tal como subraya el historiador Juan Carlos Yáñez en su libro Estado, consenso y crisis social (2003). En la medida que un campo social se autonomiza de lo político y económico, esto produjo originales maneras de pensar y planificar transformaciones para el país desde esos tres ámbitos.

Las primigenias movilizaciones y huelgas de los obreros se expresaron en sus luchas por la reducción de la jornada laboral y el descanso dominical, las bolsas de trabajo para sobrellevar las recurrentes crisis económicas, implementar políticas de alimentación popular, el contrato de trabajo y el pago de salario en metálico, todas cuestiones que fueron en parte la fuente explicativa de los ajustes en el discurso y la acción de la clase política, de ahí que diputados de distintos signo político hayan presentado proyectos de legislación laboral. Malaquías Concha por el Partido Democrático en 1901, Juan Enrique Concha por el Partido Conservador en 1919 y Luis Emilio Recabarren como diputado y representando al proyecto de la Federación Obrera de Chile (FOCH) de 1921. En este sentido, queremos subrayar que sólo como resultado de estos y otros procesos se puede comprender a cabalidad las reformas sociales y laborales impulsadas entre los años 1906-1931 y el papel del Estado en su ascendente intervención en la política social.

Durante la década de 1920 se logró en Chile una institucionalización de lo social, confluyendo las vertientes intelectuales, políticas, administrativas y obreras, manifestadas entre 1884 y 1920. Como resultado de una trayectoria histórica, y no de respuestas mecánicas, al desafío planteado por la estructura industrial moderna los distintos sectores consensuaron e integraron a visiones comunes la tarea de los órganos del Estado hacia el cumplimiento de las leyes laborales y la creación de un sistema de seguridad social. No es casual que la primigenia Oficina del Trabajo, creada en1907, se haya transformado en la Dirección General del Trabajo en 1924. Ambos organismos de intervención político-social fueron fundamentales para la creación definitiva del Ministerio del Trabajo en 1931, donde el “ruido de sables” es parte del proceso, pero no su disparador.

Cien años después, 2024, Chile presenta una crisis multisistémica. En lo político hay un evidente desprestigio de todas las instituciones de los distintos poderes del Estado. En lo social, una ausencia de comunidad y anomia que hacen difícil vertebrar un proyecto colectivo como nación, solo se escucha a su propio sector y no se empatiza con el otro. No hay consenso solo cancelación. En lo económico, un modelo de comercio abierto al mundo que no ha sido acompañado de nuevas fronteras de innovación y transferencia de conocimiento, lo que se refleja en una educación de baja calidad y alta frustración por el freno en la movilidad social.

Dicen que la historia no se repite, pero a veces rima.