Tribunal acoge argumentos de Fiscalía y decreta prisión preventiva para los tres imputados por el triple homicidio de los carabineros en Cañete

Con la intervención del abogado querellante que representa al Ministerio del Interior, Ignacio Sapiain, este miércoles, comenzó la segunda jornada de formalización de los tres imputados por el crimen de tres carabineros en Cañete el 27 de abril. Audiencia en la que se decretó la prisión preventiva en contra de todos los presuntos autores del triple homicidio de los funcionarios de la policía uniformada.

Tal como lo hicieron ayer el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y el fiscal Carlos Bustos, de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Sapiain puso el foco en la planificación que realizaron Tomás (quien se encuentra prófugo), Felipe y Yeferson Antihuen Santi, y Nicolás Rivas Paillao para concretar el asesinato. Además, dijo que los imputados actuaron con ánimo de “humillar” a los carabineros.

“La circunstancia de arrodillarlos, tirar a uno decúbito dorsal, para luego asesinarlos a sangre fría, no solamente supone un atentado hacia la vida, sino al mismo tiempo un atentado a la integridad, porque no buscaban solo asesinarlos, sino al mismo tiempo humillarlos, demostrar su poderío para luego simplemente fusilarlos. Acto seguido, y no conforme con este desprecio hacia la vida de estas personas, hacia lo que representa la función policial”, señaló Sapiain.

“Si nos vamos dando cuenta, hay una premeditación que está ligada a una planificación, una conservación y perseverancia de un ánimo delictivo. Además, entre sujetos que efectivamente se conocen con anterioridad a la comisión del hecho. Y ese es su comportamiento, cometen delitos violentos porque efectivamente se conocen y forman parte de un grupo lo que denota un profesionalismo en su actuar”, agregó el abogado del Ministerio del Interior.

En la misma línea, el también abogado querellante Arnaldo Gutiérrez, quien representa a la familia del sargento Carlos Cisterna, apeló a la falta de humanidad de los atacantes y agregó que este tipo de crímenes “solo se había visto en otro país”.

”Demuestra el alto nivel de peligrosidad por el actor despiadado de cada uno de ellos, y la ausencia de la valoración de la vida humana y la carencia de empatía al no reconocer estos funcionarios de Carabineros de Chile que ejecutaron a sangre fría y de manera innecesaria, que eran seres humanos, padres de hijos”, sostuvo.

“Este tipo de actos excesivamente crueles, inhumanos y deleznables, solo lo habíamos visto en otros países que son controlados territorialmente por el crimen organizado”, dijo Gutiérrez.

Ambos querellantes adhirieron al Ministerio Público en la petición de la prisión preventiva para los imputados.

Más tarde fue el turno del abogado defensor público, Jaime Pacheco, quien cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía. El profesional partió su intervención citando una historia de Carlomagno para hacer referencia a “los rumores”.

“Carlomagno, cuando se aprestaba a tener una batalla con los persas, difunde el rumor de que efectuará el ataque durante la noche. Los espías persas comunican esta información a su ejército y el ejército persa permanece despierto toda esa noche. Carlos Magno ataca a primera hora del amanecer y derrota fácilmente a un ejército persa cansado y adormilado. Y digo esto, señoría, porque el rumor es una poderosa arma. El rumor se ancla en nuestra mente, no obstante que la prueba diga lo contrario o no permita corroborar. El rumor se transforma así en una idea preconcebida”, expresó.

“Dos horas y media duró más o menos la exposición de antecedentes del Ministerio Público el día de ayer. De esas dos horas y media, no más de media hora, dice en relación con los antecedentes para acreditar la participación”, espetó el defensor.

En ese sentido, cuestionó que el testigo reservado número 2, el sujeto a quien le iban a realizar el control de medida cautelar, entregó dos testimonios. Uno el 27 y el otro el 30 de abril: “Ahí nos dice lo que no nos había dicho antes el testigo reservado número dos. Que su sobrino Tomás y Felipe en el mes de febrero ya le habían insinuado que querían hacer algo a Carabineros. Más relevante aún, que cuatro semanas antes, Tomás lo invita a participar en un supuesto atentado y ante su negativa, Tomás lo habría amenazado con un arma de fuego que él identifica como una escopeta Baikal. ¿Qué es esa información, señoría? ¿Tiene corroboración?”.

“Y a partir de ahí, señoría, empiezan a surgir una serie de testigos reservados, hasta el número nueve, que lo único que tienen en común es que reciben información de personas cuyos antecedentes no se atreven a dar por temor, los que a su vez habrían escuchado de otras personas que tampoco sabemos quiénes son o no las identificamos, y que dicen, rumor, que los Antihuen algo tenían que ver. Y así fue naciendo, la idea preconcebía, de que los Antihuen algo tenían que ver”, apuntó.

Por otro lado, dijo que las armas encontradas en las cercanías de la casa de los Antihuen Santi no estaban en el domicilio de los imputados y fueron halladas tres meses después.

Tras el término de la comparecencia de la defensa, fue el turno del fiscal Felipe González para presentar la réplica del Ministerio Público. En ese sentido, el fiscal descartó rotundamente que desde el ente persecutor “nos basemos en rumores, porque si hubiese sido esa la intención, su señoría, hubiésemos pedido una orden de detención el día 30 de abril y no fue así”.

“Se hizo un trabajo pormenorizado, profundo y serio, y responsable, su señoría. Y sobre todo, como lo digo, responsable. ¿Por qué? Porque sabíamos que, por la forma en cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la muerte de los carabineros, no había prueba directa”, afirmó González.

Luego de aquello, y tras un receso, el juez Cristiano Rosenberg comenzó a dar una resolución, instancia en la que dio por acreditados los hechos, los delitos -entre otros- de homicidio de carabineros en funciones, porte de armas, y traslado de cuerpos. Además de eso, apuntó a las agravantes en este caso como el actuar sobreseguro y el de realizar la acción en un lugar despoblado y de noche.

Entre los antecedentes destacados por el magistrado fue el hecho de que todos los imputados apagaron sus teléfonos a una hora determinada, según explicó la Fiscalía, con el fin de no ser geolocalizados, algo que el juez subrayó debido a la coincidencia.

Sin embargo, el juez señaló en su resolución que hasta ahora el Ministerio Público “no nos dice cómo participa cada uno, cómo lo ejecuta”. Pese a eso, determinó que con los antecedentes que existen hasta ahora “me son suficientes para estimar “que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos y que participaron en la “acción concertada”.

El tribunal determinó que los imputados estimó la penalidad de los delitos imputados, así como también el peligro para la sociedad de estos sujetos, destacando que los funcionarios de Carabineros fueron ejecutados, despojados de sus elementos de seguridad y ya indefensos, señaló Rosenberg, “son ultimados y no solamente ultimados sino en el caso de uno incluso rematado posteriormente en el suelo. Un crimen, por cierto, extremadamente violento”.

Respecto al móvil del crimen, el juez afirmó que los imputados apuntó “al mensaje que se quería enviar, ya sea a la población o a los funcionarios del Estado”.

A raíz de aquello, el tribunal decretó la prisión preventiva de todos los imputados por los 60 días que dure la investigación. Medida cautelar que deberán cumplir -según lo solicitado por Gendarmería- en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) en la Región Metropolitana, lejos de donde habrían llevado a cabo el cruento crimen en contra de los tres carabineros de Cañete.