A pesar de ser la noche inaugural y de contar con el director italiano Nanni Moretti como invitado especial, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) –uno de los más grandes eventos cinéfilos de Latinoamérica– inició el miércoles pasado con una modesta sala a la mitad de su capacidad. Esto, porque frente a las puertas del Cine Gaumont, donde se estrenan las películas nacionales, la comunidad audiovisual decidió acompañar el festival, pero desde afuera, en una inédita y multitudinaria manifestación. Hace algunas semanas, un despliegue del mundo del cine se posiciona en la agenda mediática argentina y se moviliza en espacios públicos. La situación tiene varias aristas y la información ha llegado a Chile de a poco. Quizás la más popular haya sido la intervención de Viggo Mortensen, actor crecido en Argentina que con su perfecto español interpela duramente al presidente Maurcio Macri y su ministro de Cultura: "Fanfarrones neoliberales, déjense de joder", desafía en un viralizado video casero. Pero también, con las declaraciones de apoyo que otras personalidades como Dolores Fonzi, Lucrecia Martel o Natalia Oreiro han difundido cuadrándose en defensa del cine nacional. Apenas algunas caras visibles de un despliegue que tiene a gran parte de la comunidad audiovisual argentina en estado de alerta. Porque a causa de algunas medidas tomadas durante los últimos días por la gestión de Mauricio Macri, temen un eventual cambio en la forma de financiamiento de su cine: principalmente, sustentado mediante los impuestos que los conglomerados de medios que usan el espacio radioeléctrico del país están obligados a pagar.

El conflicto estalló de forma definitiva hace pocos días en un programa de televisión. Ya hace un par de meses, se había esbozado cuando una consultora contratada por el ministerio de Economía, sugirió bajar el impuesto del 10% a la entrada de cine: otra de las formas principales en que se constituye el Fondo de Fomento Cinematográfico. En ese momento, el ministro de Cultura Pablo Avelluto, tuvo que salir a calmar las aguas desmintiendo esta posible modificación. Pero la semana pasada, la desvinculación forzada de las cabezas de los organismos públicos, Alejandro Cacetta y Pablo Rovito -Director del Instituto Nacional de Cine (INCAA) y Rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), respectivamente- terminó de encender las alarmas en la comunidad. El programa Animales Sueltos a cargo de los periodistas Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino, presentó un informe que denunciaba corrupción en el INCAA, pero que confundía hechos, nombres y fotos personales de varios de sus funcionarios de una manera torpe. A pesar de que los periodistas pidieron algunas parcas disculpas a través de redes sociales, el ministro de Cultura fue firme al pedir la renuncia de estos funcionarios, además de aclarar que el ex director Alejandro Cacetta no volverá a estar relacionado al INCAA, sin importar el resultado que arroje la investigación que llevará adelante la Oficina Anticorrupción.

El informe periodístico falaz y la irregularidad con la que se desvinculó funcionarios y designó a otros pasando a llevar la ley (que establece que la decisión debe ser aprobada por una Asamblea Federal y un Consejo Asesor, por lo tanto, algunos hablan de una intervención), por un lado ha empañado lo que podría ser un legítimo pedido de transparencia en las instituciones públicas. Y por otro, ha puesto de manifiesto varias cuestiones que se comentan intensamente por estos días. Por supuesto, el detalle de cómo se financia el cine nacional. La inminente nueva ley de medios y la repercusión de las nuevas tecnologías en el consumo audiovisual que -según cómo se legisle- podría cambiar el juego en cuanto al financiamiento del cine y otras producciones culturales. Además de un inédito consenso en la comunidad audiovisual, en la que algunos de los mismos simpatizantes de Macri han manifestado públicamente desacuerdo con sus decisiones. Un ejemplo popular: Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos y ganador del Oscar, que se ha cuadrado en apoyo al gobierno, esta vez calificó el informe y los despidos como una "horrible y torpe opereta".

El cine argentino, además de su calidad y la magnitud de su producción –alrededor de 200 películas al año a través del fondo del fomento- también se ha hecho famoso en el mundo por su peculiaridad en cuanto a las cuestiones administrativas. Una ley nacional regula su producción y distribución, estableciendo al INCAA como una entidad autárquica y fijando su forma de financiamiento. Una de las ideas que se repite por estos días es que el cine argentino se "autofinancia". Para entenderlo mejor: sí, se financia con impuestos. No, no son "nuestros impuestos". Sino que provienen de la misma industria. Un impuesto del 10% al precio de la entrada cortada de películas extranjeras o nacionales. Y en una mayor medida -que es de lo que se habla hoy- de gravámenes que la televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por usar las señales del país. Con este fondo, además de las películas y gastos del INCAA, se financia la escuela de cine pública ENERC y los festivales de cine. ¿Por qué está la comunidad movilizada de una forma multitudinaria y cuasi unánime? Porque temen que estas medidas sean el puntapié para intervenir la autarquía del INCAA, que ha hecho posible el cine argentino hasta el momento. Que estas intervenciones tengan que ver con la voluntad de recortar impuestos a las grandes empresas que ha sugerido el gobierno, aun no está claro. Al menos, no oficialmente. A pesar de las movilizaciones y las acaloradas discusiones mediáticas, tampoco se confirma que efectivamente el gobierno vaya a modificar esta la ley. El asunto, dicen los cineastas, es que: podría no necesitarlo. Una de las claves pareciera ser la "convergencia", popularísima palabra por estos días. Las nuevas tecnologías ponen en juego tanto las nuevas formas de consumo y comercialización como los nombres de los servicios y las plataformas. Es decir, que mientras no se aclare del todo y se actualice la ley –en la que por ejemplo, el streaming no tiene correspondencia con la radioteledifusión– una empresa podría cambiar el nombre de su rubro, continuar ejecutándolo y eximirse de pagar el impuesto establecido.

A pesar de las particularidades de Argentina, este último asunto interpela también a nuestro país y, en general, a cómo las nuevas tecnologías irán reactualizando el juego en las industrias culturales del mundo (hablando de las tecnologías no como dispositivos, por supuesto, sino sobre su explotación comercial por las grandes empresas) y la forma que los Estados elijan para regularlas (o no). Una discusión a lo menos iniciática, parte de una de las tantas batallas en defensa de la producción cultural que tiene en su tradición el país vecino.

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