Era una de las críticas más frecuentes hacia el Premio Nacional de Literatura: la representatividad del jurado. La queja se venía escuchando insistentemente hace más de una década, aun si el autor premiado reunía los méritos para obtenerlo. Así ocurrió cuando el ganador fue el poeta Armando Uribe, el año 2004. "Ninguno de los jurados representa algo en el ejercicio de las letras, ni siquiera el pobre Volodia (Teitelboim), premiado hace dos años entremedio de bostezos", decía Germán Marín.

Las protestas se multiplicaron en número y en intensidad en 2014, para la premiación de Antonio Skármeta. La obra del autor de Ardiente paciencia, ex embajador del gobierno de Ricardo Lagos, desplazó entonces -y para siempre- a la de Pedro Lemebel, favorito de críticos y escritores. Más allá de las opiniones sobre la narrativa de Skármeta, el debate apuntó severamente hacia los responsables de la entrega. "No sé por qué el rector de la Universidad de Chile sigue estando en el jurado. Lo mismo con el ministro de Educación", alegaba Rafael Gumucio.

Integrado por el ministro de Educación, el rector de la U. de Chile, un delegado del Consejo de Rectores, un representante de la Academia Chilena de la Lengua y el último premiado, el jurado que otorgaba el premio literario más importante del país ostentaba una minoría de escritores: dos contra tres funcionarios. Eventualmente estos -ministro y rectores- podían conocer la obra de los autores en discusión, pero la práctica demostraba más bien lo contrario.z

De este modo, el premio quedaba expuesto a los vaivenes de la lealtad ideológica, la conveniencia política o la atávica complicidad de "los amigos del jurado".

Precisamente, este fue uno de los puntos que se quiso corregir con la ley que creó el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio. Ella integra una modificación a la concesión de los Premios Nacionales. Primero que todo, los galardones de Literatura, Música, Artes Visuales y Artes de la Representación pasan desde Educación a Cultura. Además, se modifica la composición del jurado: se mantienen los cinco miembros originales, y se añaden dos representantes del área a premiar, en este caso literatura. De tal manera que los jurados provenientes del medio literario se convierten en mayoría: cuatro de siete.

En vigencia desde marzo, el Ministerio de las Culturas es el encargado de entregar el premio a este año. Habitualmente, los jurados se constituían a fines de junio o inicios de julio y el premio solía entregarse en agosto. Los eventuales candidatos ya se conocen: Diamela Eltit, Germán Marín, Roberto Merino, Enrique Lafourcade, acaso Hernán Rivera Letelier. Pero aún no hay jurados.

Desde el Ministerio admiten el retraso y aseguran que obedece a la instalación de sus distintas áreas. Aseguran que los cinco jurados originales estarán la próxima semana; es decir, la ministra Alejandra Pérez, el representante de los rectores, el de la Academia de la Lengua, además del rector de la U. de Chile y el último premiado, Manuel Silva Acevedo.

El problema radica en los dos nuevos integrantes. Ellos deben ser nombrados por el Consejo Nacional de Cultura, que cambia su formación. De acuerdo con la ley, estará integrado por 10 personas, entre representantes de los Ministerios de Educación, Economía y Cancillería, del mundo del arte, de las culturas tradicionales, los pueblos indígenas, inmigrantes y un Premio Nacional escogido entre sus pares.

Evidentemente, la conformación tomará tiempo.

Según dicen desde el Ministerio, la intención es fallar el galardón no más allá de octubre. De este modo, es muy probable que el Premio Nacional de Literatura sea entregado otra vez por el antiguo jurado de cinco miembros. Naturalmente, será un balde de agua fría para el medio. Más allá de quien resulte ganador en esta versión y de sus méritos, es casi seguro que volveremos a oír las viejas ráfagas de balas contra el jurado.