Los 25 años de arte de la Comisión Antúnez

Fue en los años '60 cuando los escultores chilenos, entre ellos Federico Assler y Sergio Castillo, comenzaron a desafiar un espacio público dominado por monolitos y estatuas monocromas, con obras de gran escala. Con formas y colores irreverentes. Tuvieron que pasar tres décadas para que esa tendencia fuese tomada por las autoridades chilenas y convertida en ley. En 1994, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) creó la Comisión Nemesio Antúnez para poner en práctica la ley 17.236, que estipula que con toda infraestructura pública debe instalarse una obra de arte que la "decore". Hoy, esa obra es escogida por un jurado que entre otros integran el director nacional de Arquitectura del MOP, el director del Seremi respectivo, el director del Museo de Bellas Artes, un representante de la Asociación de Escultores y otro de la Sociedad de Bellas Artes.

Tras 25 años, la llamada Comisión Antúnez ha regalado 209 obras de arte al espacio público, con una inversión de más de $ 10 mil millones. "El MOP tiene tres objetivos estratégicos: edificación pública, patrimonio y obras de arte. Ese nivel de importancia tiene para nosotros", dice Raúl Irarrázabal, arquitecto asesor de la Dirección de Arquitectura y futuro presidente de la comisión. "Hemos ido perfeccionando esta plataforma, que es única para los artistas, y educando a las empresas para que entiendan estas obras como parte constitutiva de la infraestructura, y no como mera decoración", agrega.

Para 2019 están programados ocho concursos públicos con un presupuesto cercano a los $ 1.200 millones, asociados a autopistas, hospitales y aeropuertos. Destaca aquí la concesión de la ruta Concepción-Cabrero: se instalarán cinco obras nuevas en las comunas de Concepción, Florida, Yumbel, Yungay y Cabrero. Para realizar su proyecto, cada ganador dispondrá de unos $ 110 millones, cifra que en el medio artístico es una rareza. Algunos presupuestos se dispararon desde que, en 2009, el MOP estipuló que los concesionarios de sus proyectos de infraestructura deben aportar el 0,5% de la inversión total (hasta 20 mil UF) para instalar obras de arte. Sin embargo, los proyectos no concesionados siguen dependiendo de la voluntad de la empresa a cargo.

La artista Norma Ramírez, quien ya ha ganado cuatro concursos de la comisión, sabe bien qué significa la diferencia de montos: "Una de mis obras costó $17 millones y otra, cerca de $ 200 millones. Entonces, las exigencias cambian. Con los años, las bases se han ido puliendo y la comisión es más exhaustiva. Nos exigen estudios de suelo y un ingeniero calculista que te asesore; eso es bueno, por la calidad de lo que se entrega, pero, por otro lado, las bases nos siguen tratando como si fuéramos empresarios y no artistas. En ese sentido, falta flexibilidad". Ramírez acaba de entregar, junto a Francisco Brzovic, la obra Alicanto en el tramo La Serena-Vallenar de la Ruta 5: una estructura de 12 metros de alto y 40 metros de largo, inspirada en el mito del ave Alicanto, que guía a los pirquineros de la zona en busca de metales preciosos.

"También hace falta conservar mejor las obras, pues muchas veces nadie se hace cargo de ellas", agrega Ramírez. Ella misma tuvo una mala experiencia con una obra instalada en el Liceo Politécnico El Olivar de Vallenar, en 2005, que tras la decisión de uno de sus directores, fue desmantelada. Hasta hoy, no sabe qué ocurrió con su escultura.

Otro que ha sufrido decisiones arbitrarias es el escultor José Vicente Gajardo, a quien le pintaron de verde su obra del Parque Ecuador de Concepción, en 2015, sin consultarle. "Recién dos años después, me pidieron un presupuesto para limpiar la escultura. Debería existir una ley que vele por estos casos", dice Gajardo, haciéndose eco del debate que el año pasado levantó el vandalismo contra la obra de Rebeca Matte en el frontis del Museo de Bellas Artes, y que develó la desprotección en que se encuentran las obras de arte público.

En la comisión también son conscientes de esta falencia: "La mantención de las obras es nuestro mayor problema. Nuestro marco legal es bastante rígido, pero ahora que dependemos del Ministerio de las Culturas, esperamos encontrar una vía de financiamiento alternativo que asegure la mantención", dice Alicia Alarcón, su secretaria ejecutiva.

"También queremos reforzar el trabajo con la comunidad que recibe estas obras para que el mismo público las entienda, las haga suyas y ayude a cuidarlas", agrega Alarcón. Ya a fines de 2018, por ejemplo, Norma Ramírez presentó Añañucas, en el acceso Antofagasta- Sierra Gorda, a estudiantes de distintos liceos de la región.

Para el artista Pablo Rivera, quien ha sido ganador y jurado del concurso, la comisión tiene varios desafíos. "El más importante es defender las obras una vez instaladas. Muchas han sido censuradas o vandalizadas, y la comisión no ha podido levantar la voz. También falta lograr que las bases se flexibilicen y permitan proyectos con una mirada más contemporánea", dice Rivera, quien reconoce que se va por buen camino. Un ejemplo es Copy-Paste (foto superior) de la escultora Marcela Correa, entregada a fines de 2018 en el tramo La Serena-Vallenar de la ruta 5: se trata de una roca hecha en bronce, copia exacta de otra cercana, que casi logra mimetizarse con el paisaje. "Es una obra poética y concreta, muy aterrizada en su relación con el paisaje y el clima que la acoge. Incluso parece que hubiese estado siempre ahí. El concurso debe seguir abriéndose a otras miradas, a entender las obras de otras maneras", resume Rivera.