A fines de diciembre del año pasado y a poco días de haber cumplido 90 años, Miguel Lawner Steiman se enfrascaba en una lucha contra de los llamados guetos verticales en Estación Central, afirmando que su construcción estaba fuera del marco jurídico, al levantar edificios de hasta 38 pisos que pasan por encima del plan regulador. En esa oportunidad, envió una carta a El Mercurio donde emplazaba al Colegio de Arquitectos, acusándolos de alinearse con las inmobiliarias. El presidente del gremio, Humberto Eliash, respondió que estaban conscientes del problema: "Redoblaremos nuestros esfuerzos para resolverlo", dijo. Finalmente la Contraloría estableció el pago de indemnizaciones y la paralización de obras.

A cuatro meses del conflicto, éste parece haberse superado. El viernes pasado, el Colegio de Arquitectos anunció que el Premio Nacional de Arquitectura 2019 era adjudicado a Miguel Lawner, arquitecto emblema de la Unidad Popular al mando por ejemplo de la construcción del edificio de la UNCTAD III, hoy GAM. "Creo que colegio erró en esa ocasión, pero ahora tienen las cosas más claras, sino nunca me hubiesen dado esta distinción. Me siento honrado", dice respecto del galardón que también recibieron Fernando Castillo Velasco, Borja Huidobro y Enrique Browne, entre otros.

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Construcción del edifico de la Unctad III, inaugurado en 1972.[/caption]

Lawner habla sentado en el escritorio de su departamento en Providencia, donde vive desde el año 1992, en el piso 11 de uno de los edificios parte de un condominio construido por la oficina Moller y Pérez Cotapos, la misma que construyera la Villa San Luis en Las Condes, una de las obras más emblemáticas del arquitecto y por la que ha dado una larga batalla.

"Seguimos defendiendo lo que queda, que ya es solo un edificio y medio, estamos esperando lo que dice el Ministerio de la Cultura. Nosotros queremos recuperar el bloque y transformarlo en una especie de museo o memorial que ayude a promover la integración social urbana", explica.

En 1970, el gobierno de Salvador Allende decidió construir viviendas sociales en un extenso terreno fiscal en Presidente Riesco, entre Alonso de Córdova y Manquehue, entregándoselas a más de mil familias, muchas de ellas que vivían de forma ilegal en la ribera del río Mapocho. El proyecto fue realizado por la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), dirigido por Miguel Lawner. Tras el golpe de Estado de 1973, las familias comenzaron a ser desalojadas por los militares, sobreviviendo sólo 110 de ellas. En 2015 se fue la última habitante. "Esa fue una de las obras más icónicas de nuestro gobierno porque se demostró que se podía luchar contra la segregación social urbana de verdad. La mayoría de las personas que recibieron viviendas eran empleadas, jardineros, gente que trabajaba en Las Condes, ¿por qué íbamos a mandarlos a vivir a la periferia? No tenía sentido", afirma.

-Usted fue el arquitecto ícono de la UP, ¿cómo cambió la arquitectura tras el golpe de Estado?

-El tema de fondo es que el Estado abdicó de todas sus atribuciones y ahora es la empresa privada la que compra los terrenos y decide dónde se construye y con algunos criterios muy generales sobre la calidad de la construcción. Después del terremoto del año 39 hasta antes del golpe de Estado la política pública de viviendas sociales tenía una línea clara, donde el Estado era quien conducía. Hoy es el mercado y las inmobiliarias las que deciden y eso hace que todo esté bajo un criterio mercantil y no de bien común. Así es como desde 1984 hasta el 2000 quedan unas 300 mil unidades habitacionales que son materia desechable por su mala calidad. Nunca en Chile antes de la dictadura hubo que destruir un centímetro cuadrado de vivienda realizada por el Estado. Podías discutir que eran pequeñas o insuficientes, pero no de mala calidad. Eso es una vergüenza y por desgracia se mantiene hasta el día de hoy.

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Lawner promovió la construcción de la Villa San Luis (Las Condes).[/caption]

-¿Qué opina del proyecto de viviendas sociales impulsada por la oficina Elemental de Alejandro Aravena?

-Me parece una buena solución, pero que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse con una política de largo alcance. El modelo se hizo en Iquique y luego en Constitución tras el terremoto, por iniciativa de la empresa de Angelini que es dueña del 40% de la oficina Elemental. Ojalá que eso se pudiera extender a una política pública, pero sin la intervención del Estado eso no puede cambiar.

-¿Cuál cree que es el rol de los arquitectos en el panorama actual?

-Es que eso también cambió trascendentalmente. Antes de la dictadura los arquitectos éramos independientes, hoy somos subordinados de las empresas constructoras salvo casos muy excepcionales. Entonces hoy carecemos de independencia para ejercer nuestro oficio con la excelencia que se merece y es la propia empresa constructora la que resuelve cuando hay problemas y lo hace bajo términos meramente lucrativos. Como la salud y la educación, la vivienda debe ser un bien común.

-¿Qué le parece entonces la llamada generación dorada de arquitectos chilenos, con Aravena, Smiljan Radic, Mathias Klotz, Cecilia Puga, entre ellos?

-No cabe duda que son arquitectos muy calificados, pero una obra que no está inserta en un desarrollo armónico de la ciudad es imposible que luzca. Tú puedes tener un edificio allá o acá, que son importantes sin duda, pero la tendencia general del desarrollo urbano conspira contra que tú puedas disfrutar de esas obras. Son entonces anecdóticas, dentro de una fórmula general que es antagónica a la excelencia de la arquitectura. Si existieran en otro sistema habrían brillado más.

Tras el golpe de Estado de 1973, Lawner fue detenido en la Escuela Militar y durante casi dos años peregrinó por diferentes campos de concentración incluido Ritoque, Tres Álamos e Isla Dawson, está última fue retratada en la película Dawson Isla 10, de Miguel Littin, donde Lawner fue interpretado por el actor Benjamín Vicuña. Allí, Lawner fue obligado junto a otros a hacer trabajos forzados a temperaturas bajo cero, pero tras un tiempo el arquitecto convenció a los militares a que lo dejaran hacerse cargo de la reconstrucción de la Iglesia de Puerto Harris, que fue declarada Monumento Nacional en 2003.

En 1975, Lawner fue enviado al exilio junto a su esposa, la también arquitecta Ana María Barrenechea con quien se radicó en Dinamarca durante 9 años. Allí hizo clases en la Academia de Bellas Artes y también fue profesor invitado en la Universidad Goethe en la República Federal Alemana, donde le ofrecieron ser profesor titular, permanente. El rechazó la oferta. "No me arrepiento, la patria tira y debíamos volver. La verdad es que con Anita -su esposa, quien falleció hace dos años- nunca nos faltó el trabajo, a los días ya estábamos iniciando nuevos proyectos", dice.

En 2005 se hizo cargo de la remodelación de la casona ubicada en la Av. República 475, ex centro de detención de la CNI y que hoy alberga al Museo de la Solidaridad y en 2017 presentó un proyecto para un Museo de la Memoria y Derechos Humanos en Punta Arenas.

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Proyecto Museo de la Memoria y los DD.HH. en Punta Arenas.[/caption]