Crisis del sector cultural: estudio revela paralización y baja de ingresos

“Los datos demuestran que el sector cultural está fuera del radar del Estado y los beneficios del Gobierno simplemente no llegan”, asegura Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

Esta entidad autónoma dio a conocer este miércoles los primeros resultados del Monitoreo Nacional de Trabajadores de la Cultura. Es una encuesta panel que respondieron entre el 8 y el 18 de julio más de 4.000 artistas y trabajadores de todas las regiones del país y disciplinas, desde la música, el teatro, las artes visuales y el audiovisual, hasta la artesanía, el circo y la arquitectura.

A diferencia de todos los catastros previos, esta encuesta se aplica periódicamente, para ver cómo evoluciona todo. De hecho, la segunda consulta se inició el domingo.

“Ya vemos señales bastante profundas. Los resultados confirman que la situación de los artistas es grave, y que la ayuda del Gobierno no ha sido significativa para el sector”, dice Negrón.

La primera evidencia que queda en manifiesto es la paralización: el 81% muestra una disminución o el cese absoluto de su actividad cultural. Las consecuencias: el 55% obtuvo ingresos mensuales por $300 mil o menos en el último mes. “El impacto es altísimo, me ha tocado ver cifras de otros sectores y no son tan altas como éstas”, asegura la especialista.

Por ejemplo, de las personas que ganan habitualmente entre $500 mil y $650 mil mensuales, el 77% vio reducido sus ingresos. Y en algunos casos la baja fue abrupta: el 27% obtuvo menos de $100 mil y el 14%, entre $100 mil y $200 mil.

Se da, además, una paradoja: pese a la caída de ingresos, “el 50% está tratando de adaptarse a la modalidad online, y el 14% lo logró satisfactoriamente”.

Para el OPC sólo dos cifras fueron inesperadas: el 76% de los artistas no postuló a los fondos de emergencia del Ministerio de las Culturas, y el 22% sufre una enfermedad crónica.

De acuerdo con el informe del OPC, el 22% obtuvo la devolución anticipada de los impuestos.

Sin embargo, no sucedió lo mismo con las otras ayudas del Gobierno: el 54% no accedió a ningún beneficio. “Cuando se hizo la encuesta, ya estaban instalados la Ley de Protección del Empleo y el Bono Covid, pero el porcentaje que se vio beneficiado es absolutamente marginal: un 2% y un 7% respectivamente”, dice Negrón.

En tanto, la caja de alimentos llegó al 17%, y el Ingreso Familiar de Emergencia, al 8%.

“Tristemente, los resultados no nos sorprenden. Sabíamos que ya la situación del sector era muy precaria, y la pandemia desnuda esa precariedad. Es un sector informal, hay muchos ámbitos en los que no ves una boleta y donde no existe la figura clara del empleador. Estos trabajadores no están en el mundo de los dependientes, pero tampoco en el de los independientes. Están en tierra de nadie”, explica Negrón.

Sin embargo, opina, “no puede ser que los agentes culturales no sean sujeto de políticas, el Estado tiene que hacerse cargo de estos trabajadores; el Ministerio de Desarrollo Social o el del Trabajo. Falta una legislación que reconozca sus condiciones precarias pese a sus estudios, que se entienda su naturaleza, y se acoja al trabajador en esta singularidad, como cuando tú entiendes y acoges la naturaleza del trabajo de los temporeros”.

Coincide Nicolás del Valle, coordinador asociado del Programa de Cultura de la Unesco para Chile: “Lo primero que indican las cifras del monitoreo es cómo el sector de la cultura, en términos laborales, está invisibilizado en las estadísticas nacionales. De aquí se desprende que las ayudas económicas del Gobierno no están llegando al mundo de la cultura”.

“El gran problema de todo el primer paquete de medidas fue que te exigía calificación por el registro social de hogares, y esa herramienta no era efectiva, porque es un instrumento para medir pobreza extrema y no permite una clasificación expedita de la clase media, por muy precarizada que esté”, asegura Daniela Espinoza, presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual (Sinteci).

“Yo misma lo expliqué a fines de abril en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en una sesión con el subsecretario de las Culturas Juan Carlos Silva, cuando desde el Gobierno nos dijeron postulen a la ficha de protección social porque van a entrar al registro social de hogares y van a recibir los bonos. Nosotros aclaramos que es muy difícil que la ficha nos califique bien, porque tenemos características particulares que generan brechas”, agrega la dirigente.

En lo específico, tener formación técnico profesional o universitaria, tener hijos en colegios particulares o particulares subvencionados, Isapre o estar en Fonasa en los tramos C o D. Todo eso suma puntos en esta ficha, e impide ser susceptible del beneficio. “La clase media no entra. De hecho, te preguntan cómo es el techo de tu vivienda, si tiene piso de tierra, y de dónde viene la toma de agua, si está en el interior o en exterior, si hay que entrar el agua con balde”, detalla Espinoza.

Gracias a la gestión de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, cuenta, esto se rectificó con la inclusión de “una declaración jurada que primaba sobre tu calificación, donde decías ‘efectivamente estoy cesante, no tengo ingresos’, y eso permitía que recibieras el beneficio. Pero esa declaración sólo aparecía en la página cuando tú apelabas”, agrega Espinoza. Y como la sola evaluación demora un mes calendario, “recién ahora hay gente a la que le están pagando la primera o la segunda cuota”.

Otro ejemplo de inaplicabilidad se ve en el Bono Clase Media: las instituciones públicas suelen hacer una sola boleta por actuación de un elenco musical o teatral, para no tener que licitar. Y como sólo un miembro del grupo da la boleta, todos los demás no pueden demostra los ingresos que percibieron.

Para Nicolás del Valle la evaluación es clara: “El impacto de la crisis sanitaria y de la crisis económica causada por el Covid en los trabajadores de la cultura en Chile es catastrófico, estos datos lo muestran. Es claro que el desafío de atender las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores de la cultura debe ser una prioridad para los planes de recuperación, de reactivación y de fortalecimiento del sector de la cultura”.

A su juicio, ello se debe a que los artistas y trabajadores culturales “no encajan con los parámetros generales de la economía en su conjunto. Entonces el llamado es a elaborar políticas públicas que atiendan a su especificidad, pero siempre en diálogo intersectorial con Hacienda y Economía. Si hay una ayuda específica proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que en el diseño de ese instrumento participen los especialistas en cultura para relevar las características particulares del sector y que no queden fuera”.

Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de las Culturas respondieron que están trabajando en ese sentido: “Como ministerio estamos elaborando un plan de caracterización para el sector, que permitirá contar con información confiable de la situación del sector y sus distintos subsectores. El objetivo de esta estrategia es orientar la toma de decisiones, la adopción de medidas basadas en evidencia, e insertar al sector artístico y cultural en las estadísticas nacionales”.

Asimismo, entregan una cifra alentadora respecto del Ingreso Familiar de Emergencia, a diferencia de lo detectado hasta julio. “La Unidad de Intermediación Legal del Ministerio ha cruzado más de 9.000 RUT de artistas y cultores con el Ministerio de Desarrollo Social, de los cuales más de 7.000 ya tienen Registro Social de Hogares. De esta cifra, el 73% ha accedido al pago del Ingreso de Emergencia”.